Por: Redacción CRITERIO
El periodista Dagoberto Rodríguez es el virtual nuevo presidente del CPH, nominado por el Movimiento Álvaro Contreras, el único que ha gobernado dicho colegio profesional desde su creación.
Tegucigalpa.-El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) realizará el sábado una asamblea para elegir su nueva Junta Directiva, en medio de revelaciones sobre irregularidades y un manto de opacidad en la administración del Instituto de Previsión Social del Periodista (IPP), principal activo del gremio.
El IPP, que desde su creación en 1987 ha operado más de 300 millones de lempiras, es dirigido por el presidente y otros miembros directivos del CPH, casi en secreto y sistemática negación de información sobre sus finanzas, al grado de haber sido objeto de una sanción por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La dirigencia del IPP llegó al extremo de desistir de cobrar transferencias estatales que suman en los últimos tres años casi tres millones de lempiras, establecidas en la ley de creación del ente, tratando de evadir la auditoría de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El periodista Dagoberto Rodríguez es el virtual nuevo presidente del CPH, nominado por el Movimiento Álvaro Contreras, el único que ha gobernado dicho colegio profesional desde su creación, hace 38 años, y que es controlado por un grupo de comunicadores de la vieja guardia, aliados con periodistas de nuevas generaciones que les son afines.
No habrá un relevo de Junta Directiva porque cuatro de los ocho miembros pasarán a ocupar otras posiciones, como ha sido la práctica tradicional en esta agrupación gremial.
Es así que Rodríguez —jefe de la corresponsalía del diario La Prensa en Tegucigalpa y hasta ahora secretario de la agrupación gremial— pasará a la presidencia. Su principal desafío será transparentar las operaciones financieras y administrativas del IPP y del CPH, como se impone en una cultura de rendición de cuentas.
Rodríguez no ha manifestado su oposición a la opacidad que ha caracterizado a la directiva saliente del Colegio de Periodistas, encabezada por Eduin Natividad Romero. Como tampoco lo han hecho el actual fiscal, Juan Carlos Sierra, quien también es miembro de la directiva del IPP, y que acompañará en la fórmula a Rodríguez, nominándose ahora como secretario.
También es candidato al cargo de fiscal, el periodista Osman Reyes, actualmente tesorero del CPH, quien será relevado en esta posición por Massiel Vallejo, vocal en la directiva saliente.
Osman Reyes, como fiscal del CPH, ocupará también un puesto en la directiva del instituto de previsión social. Las caras nuevas en la directiva del CPH son Lilian Caballero, nominada a la vicepresidencia; Ninfa Arias, como vocal l; Mario Cerna, vocal ll; y Lesman Morazán, vocal lll.
¿RESPONDERÁ AL INTERÉS GREMIAL?
«Si Dagoberto Rodríguez responde al interés de los periodistas debe proceder en su calidad también de presidente del IPP a impulsar una solicitud ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para que se auditen las operaciones del ente», dijo el periodista Gustavo Palencia, al que el IPP le ha negado información relevante sobre las operaciones financieras y administrativas.
También debe proceder a reanudar las gestiones del IPP para acceder a transferencias estatales consignadas en la ley del ente, que no fueron requeridas desde 2014 por Juan Ramón Mairena y Eduin Natividad Romero en su condición de presidentes, para evitar las auditorías.
Las elecciones del CPH, que se celebrarán en la sede del IPP en Tegucigalpa, son marcadas además por el desprestigio que enfrentan los periodistas, cuando la cúpula de su organización fue sancionada por violentar y desacatar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El IAIP impuso una sanción de 8.000 lempiras al presidente actual del CPH y el IPP, Eduin Natividad Romero, debido a la negativa de la directiva del ente de previsión a entregar los dos últimos estados actuariales y las dos últimas auditorías practicadas en el sistema, entre otros documentos esenciales para conocer su viabilidad al tener una membresía de apenas 153 afiliados.
Los dirigentes del Colegio de Periodistas de Honduras, casi seguramente son los primeros de un gremio de prensa en el mundo, que son sancionados por violar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
«Es penoso que una organización de periodistas sea sancionada por negarse a dar información, cuando la esencia de la profesión es el manejo de la información», dijo Palencia.
«Nosotros como periodistas estamos obligados a investigar los ilícitos públicos y privados para el bienestar ciudadano y, por tanto, nuestra organización no debe ocultar las operaciones administrativas de nuestro ente de previsión», agregó.
La información solicitada por Palencia no fue entregada pese a la sanción pecuniaria y que el IAIP ordenó su entrega, lo que sitúa a la dirigencia del IPP en desacato.
La elección de los directivos del CPH para el período 2017-2019 suspende temporalmente el esquema reeleccionista de los presidentes del gremio de los periodistas, que se impuso entre los años 2002 y 2014.
La reelección presidencial es una constante desde el período en que se designó por dos mandatos bianuales a Juan Ramón Mairena, entre el año 2002 y 2006, seguido por José Elán Reyes Pineda, entre 2006 y 2010, y nuevamente Mairena, entre el 2010 y 2014. Con Romero hay un paréntesis estratégico en esta práctica de continuismo de más de 14 años.
PERIODISTAS CONTRA LA TRANSPARENCIA
El IPP tratando de evitar ser declarado sujeto de la Ley de Acceso a la Información Pública, en una audiencia en el IAIP, presentó como uno de sus principales argumentos para evitar entregar información, una opinión del abogado Edmundo Orellana.
Ante los Comisionados del IAIP, en una audiencia pública, Romero leyó un documento en el que consta la opinión legal del abogado Orellana, asegurando que el IPP no recibe fondos públicos, no obstante que el Estado ha transferido al instituto de previsión, entre 1987 y 2013, la cantidad de 53.2 millones de lempiras.
“En el régimen jurídico, administrativo o financiero de esta entidad — el IPP — no participa el Estado ni recibe fondos de éste», dijo Romero leyendo el documento de Orellana Mercado.
Sin embargo, el IPP fue declarado por el IAIP sujeto de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al comprobarse que legalmente el ente capta fondos estatales.
El Congreso Nacional aprobó en el 2015 la Ley de Protección Social que establece que los institutos de Previsión que reciben directa o indirectamente fondos del Estado se deben registrar en la CNBS para poder incorporar nuevos afiliados y los que están incorporados pueden migrar a otro sistema, si los beneficios son mayores.
Los directivos del IPP al desistir de requerir los fondos estatales han incurrido en el delito de incumplimiento de deberes, dicen abogados expertos en derecho administrativo.
