Por: Rodolfo Pastor Fasquelle
El asunto tiene antecedente.[1] Con la publicación en La Gaceta, ha trascendido que hace dos meses el gris Consejo de Ministros acompañó al jefe del Ejecutivo en la firma del decreto PCM-138-2020[2] que amplifica al fideicomiso de Banco Atlántida con CoAlianza y ENEE para construir catorce represas que, en teoría, deben controlar las inundaciones y generar energía. Tal cual ese instrumento es ilegal. Un decreto del Presidente en Consejo de Ministros imparte instrucciones a sus colaboradores, para cumplir con un plan emanado de ley.[3] Este legisla un procedimiento no contemplado, que contradice lo estipulado en ley. No me imposto de experto en materia legal o de energía, acudo a quien lo es.
El ampliamente respetado, Ing. Luis Cosenza Jiménez, exministro en la Administración de Ricardo Maduro, explica que, este PCM viola la norma superior que es la Ley General de la Industria Eléctrica,[4] la cual manda que sea el ente oficial responsable, la ENEE, quien prepare el plan (pues en teoría sabe qué necesita y le conviene al país) y quien contrate los proyectos en pública licitación internacional, para obtener el producto al mejor precio para el publico. Mientras que aquí, el fideicomiso en Banco Atlántida decide o no construir los proyectos, y la ENEE resta obligada a comprarle al precio que resulte, aunque sea incobrable. Cosenza juzga que eso vendría a destruir la institucionalidad, y sería el tiro de gracia que quebraría al sector eléctrico. Ojo, a todo el sector.
Se trata de otra jugada del capitalismo de cuates, que nos tiene arruinados. Procede luego Cosenza a demostrar, que las justificaciones argüidas para justificar al proyecto son antojadizas. Que la generación hidroeléctrica no es ya la que puede modificar la matriz a favor de la generación con recursos renovables, como reza el proyecto. Y que el procedimiento, en vez de aliviar, vendrá necesariamente a empeorar la crisis financiera del sector.
Y finalmente Cosenza desnuda el falso móvil de la invocada urgencia nacional, de controlar las inundaciones del Valle de Sula, cuando muestra que la mayoría de los catorce proyectos comprendidos en el PCM, no tienen influencia en el sistema hidrográfico del Valle. Responden más bien al interés privado de los proyectistas, cuyos gastos -útiles o no- tendrán que ser reembolsados al fiduciario, que es Banco Atlántida, por los contratistas o por Estado. O sea que, perder pueden todos, la ENEE, los proyectistas, los constructores, el Estado y la nación, menos el Banco. ¿Es un plan o una estratagema?
Lo que esta claro es que el PCM aludido no es solución a la “emergencia”, si no una intentona más para aprovechar el problema y lucrarse de la desgracia en que han quedado decenas de miles de familias, destruidas o totalmente vulnerables sus heredades, después de las catástrofes causadas por los meteoros, y por el desgobierno del 2020. En parte -no olvidar- porque se autorizó a los desarrolladores urbanizar, certificando de no inundables, terrenos que resultaron serlo.
Cuesta trabajo entender que sean tan insaciables, que jamás se colme su codicia. Pero en cambio, no es difícil comprender las consecuencias del procedimiento. Cosenza también observa que el Artículo 4, autoriza la contratación de deuda pública para atraer capital extranjero, con que desarrollar proyectos. Y se pregunta ¿Realmente queremos poner en manos de un Fideicomiso privado, la contratación de deuda pública? ¿Qué papel jugará el Congreso en esa contratación de deuda pública? Que según un estimado está llegando a 77% del PIB. De paso recuerda los conflictos sociales que han surgido de esa clase de proyecto y especialmente el asesinato de Berta Cáceres, y luego deriva ese autor autorizado hacia su preocupación con el sombrío prospecto del sector eléctrico y augura que el capital internacional, no caerá en la trampa de venir a jugar. No especula, por rigor, que quizás quebrar a la ENEE es justo la intención, ya que han confesado querer quedarse con ella, quienes se erigen en sus fideicomisarios.
Pero al mismo tiempo que se publica el PCM, ha trascendido el escándalo de las extorsiones de una mafia de banqueros y prepotentes funcionarios públicos (contratantes con el estado), en pugna contra otros empresarios –justo, inversionistas extranjeros- en la Empresa Energía Honduras. Pugna que ha concluido en la catástrofe -en vez de crisis- de EEH. Y salen aquí otra vez a relucir los mismos, varios de los hombres más ricos y poderosos, pero que aquí lucen como pillos despreciables, fraguando la corrupción, procurando legalizarla. ¿Les van a quitar las visas a estos incircuncisos? ¿Nadie les va a reclamar nada?
Recordaba ayer el Maestro Argueta, que no se puede hablar de corrupción sin evidenciar la impunidad. Para exponerse tanto y tan atrevidamente quienes aquí delinquen se tienen que sentir inmunes. El PCM-138-2020 es un contrato ilegal y evidencia de una violación de la ley, y de una traición al interés general, en beneficio de particulares. Lo único que se puede hacer para detener a estos forajidos es procesarlos, investigar y tipificar esos delitos, a lo cual tendría de proceder de inmediato la Fiscalía. Pero es difícil aquí apostarle a eso. Aunque no es ya inconcebible, ahora que el nuevo gobierno de Estados Unidos está llamando a los fiscales (que dice que están solos, aunque aquí parece muy asociado) a cooperar de forma decidida contra la corrupción.
En caso contrario, el Fiscal será cómplice, consentidor, encubridor de estos delitos y deberá ser castigado con los socios, cuando llegue –muy pronto- ese día del llanto y rechinar de dientes. Eso debemos prometernos, los hondureños, a nosotros mismos. Castigarlos. Se lo habrán ganado a pulso. No será venganza, será prevención.
A mí, por circunstancias, me preocupa más la réplica viral de la corrupción en todo el sistema, y el fracaso previsible para evitar la continuada destrucción del Valle, el cual, según FOSDEH, genera más del 60% del PIB Nacional. La ruina en el Valle no se puede reconstruir mientras no se prevenga una nueva tragedia, porque las obras de mitigación no alcanzan ya. La crisis del sistema hidrográfico del Valle de Sula es una gran oportunidad, para que la Nación se constituya frente al reto, se articule a través de un estado responsable acompañado por todos. Por supuesto que en la emergencia no te sometes a las convenciones que estorban tu salvación, pero la emergencia no es eléctrica, sino hidrográfica.
El capital hondureño, tan perezoso y timorato, el pobre[5], merece una ocasión para demostrar que puede ponerse al servicio del interés general, en que está incluido el suyo propio. Puede ser invitado a la captación de recursos que se precisa, para un auténtico macroproyecto urgente. Podría cumplir un papel crucial, como acompañante, a un lado de las autoridades locales y los organismos de sociedad civil, en la administración y supervisión de una Comisión del Valle de Sula,[6] que emprendiera la construcción de un sistema hidráulico (primero, una represa del Chamelecón y otra en el Ulúa), con múltiples fines. En sí, primordialmente remediales y preventivos, cuya edificación pudiera generar una parte del empleo perdido. Pero que serviría además para 1. Controlar, ante fenómenos extraordinarios, las inundaciones que rebasan los canales y los bordos o diques. 2. Almacenar agua de la temporada para riego de tierras mejoradas en épocas secas. 3. Constituir una reserva de agua para la población urbana que corresponda, en el Valle. 4. Ayudar con sus embalses a regenerar en las cuencas el medio ambiente, dañado por deforestación y erosión y 5. Solo como un subproducto de utilidad marginal subsidiada por los usos principales -análoga a la que pudiera derivarse de la pesca y la recreación en las presas- generar con el fluido sobrante, electricidad para la venta. Pero eso iría a contracorriente del voraz dogma privatizador, que inspira al PCM-138-2020. La ganancia extraordinaria sería para todos, que nadie entiende que sea suya donde se mezclan la ambición y la cobardía. O si no tiene miedo, ¿cómo, siendo tan perversa su intención, se han llamado a silencio los grandes empresarios, incluidos los que al final van a quebrar, con la maniobra?
El Carmen 6 de febrero de 2021.
[1] No está claro que esa sea la función de un banco. Pero CoAlianza firmó con la ENEE, desde 2014, un fideicomiso con Banco Atlántida para autorizarlo a construir, operar, mantener y traspasar generación eléctrica, eso sí, la más favorable para el Estado y a solicitud del operador como rezaba la ley.
[2] Fraguado desde el año anterior, puesto que lleva su número de año, se publica ahora.
[3] Así lo califica en Criterios, con el titulo de PCM, Luis Cosenza Jiménez el 2 de febrero 2021. Por ejemplo, el PCM que instruía hacer la Consulta de la Cuarta Urna, se fundamentaba en el derecho de la población a ser consultada sobre un tema, como estaba contemplado en la Ley de Participación Ciudadana, promulgado en la inauguración del gobierno de Manuel Zelaya en enero 2006.
[4] LGIE, Decreto Legislativo 404-2013, publicado en La Gaceta el 20 de mayo de 2014.
[5]Se justifica una aclaración en un documento personal. No tengo nada personal ni ideológico contra la organización corporativa del capital. Mi abuelo fundó una de las primeras sociedades anónimas (empresas) criollas de San Pedro Sula en 1938. He servido un turno en su directiva. Otros parientes han fundado empresas de las que he sido socio como soy –minoritario- de varias empresas públicas industriales y financieras y he fundado una propia empresa familiar. Me gusta que aprovechen y prosperen esas empresas, sufro cuando no, y la plata me parece útil y buena. (No se alegraría si no, tanto, mi obrero cuando le pago.) Empero, quizá es paseé, me enseñaron que nadie puede disfrutar a costa del sufrimiento de otro, ni del deterioro del patrimonio o la seguridad colectiva, un claro sinsentido, en que aquí se ahoga la corrupción.
[6] Propuse esa idea que no es invento, en la tercera parte de un ensayo sobre la Historia del Paisaje del Valle de Sula que se proyecta publicar, divulgado en la red como texto escrito, a raíz de las tormentas del año pasado, y presentado al público como Conferencia del Museo de San Pedro Sula.
