Por: Redación CRITERIO
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“No hay que confundir el tema de seguridad nacional con el tema de derecho de acceso a la información pública, los fondos de la Tasa de Seguridad son del pueblo por lo tanto el pueblo tiene derecho a saber en qué se gastan esos fondos”, Doris Imelda Madrid.
La nueva Ley de Secretividad emitida por el presidente Juan Hernández cuando era titular del Congreso Nacional, ha comenzado a dar sus frutos en beneficio de la corrupción y la impunidad.
El Tribunal Superior de Cuentas quiso investigar el “Patrullazo” y al pretenderlo, fue informado que esos documentos fueron declarados en secretividad por 15 años por el Consejo de Defensa.
La presidenta del TSC, Daysi de Anchecta, informo que, el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad negó entregarle al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) los documentos sobre el proceso de contratación del alquiler de 250 patrullas que hizo la Secretaría de Seguridad.
La presidenta del ente contralor, detalló que los funcionarios de la Tasa de Seguridad no le suministraron la información requerida debido a que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad declaró en secretividad todas las resoluciones de esa entidad durante 15 años.
Anchecta señaló que, la reserva se decretó en aplicación de la Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información y dijo que no se sienten atados por esta situación, pero reconoció que les limita la información, pero que buscarán los mecanismos para el acceso a esa información.
El TSC no ha podido conocer qué proceso de contratación se llevó a cabo para el arrendamiento de las unidades, porque el consejo de seguridad lo ha declarado en secretividad aduciendo que es un tema de seguridad nacional, cuando es un tema de seguridad ciudadana.
Ha sido un escándalo desde que se dio a conocer que a Secretaría de Seguridad alquiló a un costo de 140 millones de lempiras anuales erogados por la tasa de seguridad las 250 patrullas a razón de 40 o 50 dólares cada una, aunque otras fuentes aseguran que son 75 dólares diarios.
Doris Imelda Madrid, titular del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), dijo que ellos no tienen ningún conocimiento de cómo se dio esta negociación, conocen del caso por lo que se ha ventilado en los medios y “allí es donde está el problema”, apuntó.
Los recursos que se manejan en la Tasa de Seguridad son del pueblo por lo tanto el pueblo debería conocer en que se gastan o invierten esos dineros que el pueblo aporta mediante sus impuestos.
Como IAIP no tienen acceso a la información y tampoco existen detalles en los portales, por lo tanto hay una violación a la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recalcó Madrid.
Las patrullas ya se encuentran distribuidas a nivel nacional y la empresa propietaria se responsabiliza por su mantenimiento
