Tegucigalpa.- Cuestionado por ser una normativa que benefició a exfuncionarios del periodo 2006 a 2009 sindicados en casos de corrupción, la reforma a la amnistía política que aprobó el Congreso Nacional mantiene enfrascada la alianza que llevó al poder al Partido Salvador de Honduras (PSH) y el Partido Libertad y Refundación (Libre).
El jefe de bancada del PSH, el congresista Tomás Ramírez, mantiene la postura que se debe de reformar el decreto de amnistía política denominado Ley de Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y Presos de Conciencia, por lo que aseguró se someterá a discusión el proyecto de ley que se presentó a finales de mayo.
“No estamos en contra de la amnistía, pero si hay algunos aspectos que se deben considerar. Hay factores que no están dentro de los esquemas establecidos y que tienen que ser regulados”, sostuvo.
Ramírez aclaró que la reforma a la amnistía política “no quiere decir que se quiere desbaratar el proyecto de la presidenta Xiomara Castro”, no obstante, reiteró que existen irregulares que se deben corregir debido que se están beneficiando políticos sindicados en corrupción y no necesariamente en delitos políticos.
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Misma valoración tiene la diputada del PSH, Ligia Ramos, quien va más allá y señala que la reforma que plantean nos es “una confrontación” aunque deja a entrever que la alianza se encuentra enfrascada.
“El decreto se tiene que reformar precisamente para la reconciliación de todo el país. El decreto fue mal planteado, la reforma es más incluyente. Esta reforma no es una confrontación, sino que es mejorarla”, dijo.
Además, precisó que el PSH ha cumplido con los acuerdos pactados con el Partido Libre, sin embargo, indica que para mantener la alianza política esta debe ser bajo consenso y respeto.
“El PSH y su bancada en el Congreso le ha cumplido a cabalidad a la presidenta Xiomara Castro, luchamos por la alianza y por darle la gobernabilidad y acompañar sus políticas de Estado. La alianza se construye y se mantiene mediante el respeto y consenso, cuando hay comunicación y respeto se superan las diferencias”, añadió.
LIBRE, NO APOYA REFORMA
El vicepresidente del Congreso Nacional y diputado del Partido Libre, Rasel Tomé, contraria aprobar una reforma ya que considera la normativa se creó para las víctimas del golpe de Estado de junio de 2009 contra el exmandatario Manuel Zelaya Rosales, coordinador de los rojinegros, asesor y esposo de la presidenta Castro.
Tomé aseveró que la amnistía política es “preciso, oportuno y adecuado porque significa garantizarle a esas víctimas del golpe de Estado de poder resarcir sus daños, a la vez que señaló el PSH no tiene los votos requeridos para la reforma.
“La bancada de Libre es la que propuso y fue respaldada para la aprobación y esos votos están a favor de ese decreto, entonces de dónde va a obtener los votos para reformar el decreto”, expresó.
Por su parte, el congresista rojinegro, Marco Eliud Girón, quien figuró como uno de los diputados disidentes de Libre, es del criterio que no se puede reformar y no apoyarán una reforma a un decreto que “beneficia a corruptos”.
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Según Girón, la normativa se aprobó sin el respaldo de los diputados y en medio de una crisis legislativa que culminó con acuerdos firmados con Zelaya Rosales que hasta el momento se desconocen.
Jari Dixon Herrera, también diputado de Libre, manifiesta que grupos de poder pretenden extinguir la alianza entre PSH y Libre a través de la división por lo que instó recordar los motivos que los conllevó a forjar la unidad.
“Los grupos de poder nos quieren ver divididos, allá aquel o aquella que caiga en esa trampa, antes de intentarlo siquiera, recuerden todo lo que hemos pasado, el sufrimiento de nuestra gente, su esperanza para un mejor país y su deseo de no volver a una narcodictadura”, solicitó.
SALA PENAL PRESENTA RECURSO ANTE SALA CONSTITUCIONAL
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional que busca declarar inconstitucional la amnistía política por vulnerar la normativa constitucional y por “promover la impunidad”.
Los magistrados José Olivio Rodríguez, Alma Consuelo Guzmán, y Rafael Bustillo presentaron el recurso por considerar que la amnistía es arbitraria desde su aprobación y su contenido, además señalan que fue presentada por Tomé quien tenía una sentencia judicial firme en su contra por el delito de abuso de autoridad.
“Por eso es que el pueblo dice que no tenemos justicia, no tenemos una Corte. Entendemos la dinámica de algunos que se reúsan a entender que la historia sigue avanzando. Los que dieron el golpe de Estado van para fuera, son un último reducto”, cuestionó Tomé.
Cabe indicar que se han presentado ya 8 recursos de inconstitucionalidad contra el decreto de amnistía sin que hasta la fecha la Sala Constitucional emita un fallo.
LOS CUESTIONAMIENTOS A LA LEY
La Ley de Amnistía, otorga absolución de acciones penales contra presos y perseguidos políticos y contra quienes se opusieron al régimen de facto que se instauró tras el golpe de Estado contra Zelaya, además contra los civiles que, en el marco de la defensa de la Constitución, el medio ambiente y la democracia, fueron criminalizados durante los tres gobiernos nacionalistas por doce años consecutivos (2010 al 2022).
En el capítulo II, artículo 4, inciso A, del Decreto Legislativo 4-2022 los exfuncionarios, empleados, directores y autoridades que hayan fungido en los cargos entre el 27 de enero de 2009, día en que asumió el poder la administración Zelaya, hasta el 28 de junio de 2009, día que se perpetró el golpe de Estado, pueden invocar la amnistía de manera directa ante un juez a favor de delitos que, quizás, no tienen relación con acciones políticas sino con actos de corrupción.
Entre tanto para beneficiar a los ambientalistas, defensores de derechos humanos, estudiantes universitarios, campesinos, maestros, entre otros, que fueron criminalizados y judicializados durante el golpe de Estado y la dictadura del Partido Nacional deben ser certificados como víctimas de persecución política por parte del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y validados por la Secretaría de Derechos Humanos.
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Para el caso, fue favorecido Enrique Flores Lanza, exministro de la Presidencia, quien tenía orden de captura por extraer alrededor de 40 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) para llevar a cabo el proyecto “Cuarta Urna” siendo acusado por delitos de malversación de caudales, fraude y abuso de autoridad.
Flores Lanza recibió carta de libertad definitiva acusado de 11 delitos de malversación de caudales públicos, figurando como uno de los exfuncionarios más perseguidos de la administración de Zelaya Rosales. Asimismo, fue beneficiado al extinguirse la acusación de falsificación de documentos públicos, tres delitos de abuso de autoridad y fraude.
De igual forma, Marcelo Chimirri, primo de la presidenta Castro, se benefició con la normativa. Había sido condenado a ocho años de prisión por el delito de abuso de autoridad y fraude más nueve años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito.
Chimirri fungió como gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), durante el gobierno de Zelaya, fue condenado al no poder justificar más de 16 millones de lempiras que supuestamente recibió por parte de la empresa estadounidense Latin Node, quienes se declararon culpables de haber sobornado a altos funcionarios a cambio de recibir contratos con el Estado.
Otro exfuncionario que invocó el beneficio fue el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien se encuentra prófugo desde el 2017. Sunseri ha presentado ocho solicitudes de amnistía por ocho acusaciones en su contra.
Contrario a los antes referidos, el diputado Edgardo Casaña no corrió con la misma suerte, por el contrario, deberá esperar que la Sala de lo Constitucional se pronuncie si la normativa es aplicable o no, debido que el juez no quiso aplicar la amnistía declarado sentenciado por abuso de autoridad cuando fungió como directivo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) al aprobar, en 2010, un aumento de 300 lempiras para docentes jubilados.
En 2018, el Tribunal de Sentencia lo absolvió del cargo que le imputaba al no poderse demostrar con pruebas suficientes su culpabilidad, además el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) presentó un informe que concluía que no había responsabilidad penal.
Sin embargo, en diciembre de 2021, la Sala de lo Penal condenó a los imputados imponiendo una pena de inhabilitación especial por un periodo de seis años debido que el delito que el delito de abuso de autoridad no contempla prisión según el Código Penal vigente.
