Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.- El Partido Libertad y Refundación (Libre) de Honduras, expresó este jueves su condena enérgica por la aprobación del inicio del juicio político hecha por el Senado brasileño contra la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acción que fue catalogada como un golpe de Estado.
A través de un comunicado, firmado por su coordinador general, Manuel Zelaya, la tolda izquierdista expresó su «apoyo de forma solidaria y militante al pueblo brasileño y a su legítima presidenta en estos aciagos momentos».
«Las fuerzas en defensa de la democracia en nuestro continente debemos alertar a la comunidad internacional, y a nuestros pueblos, sobre la ofensiva conservadora en América Latina, que pretende restaurar el modelo de despojo y saqueo con que han reprimido y empobrecido por décadas a nuestras naciones», señala el comunicado.
El movimiento político hondureño manifiesta además que «el pueblo brasileño debe defender sus conquistas socialistas y democráticas, que han impreso al Estado, los presientes Lula Da Silva y Dilma Rousseff y derrotar contundentemente este artero golpe hasta las últimas consecuencias, y hacer uso de su legítimo derecho a la defensa por medio de la protesta pública, hasta vencer la temporal fascita-neoliberal en Brasil».
Exigen también el cese inmediato de «toda la monstruosa conspiración de la derecha internacional, financiada y dirigida por los Halcones de Washington contra democracias socialistas en América Latina, para instalar regímenes serviles a sus intereses.
El golpe de Estado que acaba de realizar el Senado brasileño es comparado con los golpes realizados en países como Honduras contra el presidente Manuel Zelaya, del partido Libertad y Refundación y contra el mandatario paraguayo, Fernando Lugo.
En el caso de Brasil, el Senado aprobó el proceso de impeachment en la madrugada de este jueves con 55 votos a favor, 22 en contra y 1 abstención (de 78 de los 81 miembros del cuerpo colegiado). Lo que aparta a la dignataria brasileña de la Presidencia por 180 días.
En este período las autoridades brasileñas se encargarán de encontrar las pruebas que no fueron presentadas ni en la Cámara baja, ni en el Senado y que pese a ello fue aprobado el juicio político, un hecho que es considerado por analistas como un golpe de Estado.
La acusación contra Rousseff es la supuesta violación de normas fiscales al presuntamente incurrir en maniobras contables «ilegales» para «maquillar» los resultados del gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.
Líderes de toda Latinoamérica han expresado su rechazo al golpe de Estado parlamentario en Brasil y han reiterado que Rousseff sigue siendo la presidenta constitucional.
