Por: Giorgio Trucchi
El recorte del 50 por ciento del personal del Instituto Nacional Agrario (INA) y el cierre de una oficina regional y 18 sectoriales ponen una lápida al proceso de reforma agraria en Honduras. Mientras tanto, el Bajo Aguán sufre una nueva escalada de violencia contra el movimiento campesino.
Este 3 de noviembre, las seccionales del Aguán y Atlántida del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (Sitraina) y la Plataforma Agraria del Aguán se movilizaron hacia las instalaciones del INA en Tegucigalpa, para denunciar la falta de políticas agrarias que beneficien a las familias campesinas.
En un pronunciamiento público, las organizaciones rechazaron el recorte del 50 por ciento del personal del INA, el cierre de casi 20 oficinas a nivel nacional y la drástica reducción presupuestaria.
Asimismo, denunciaron la falta de beligerancia en la búsqueda de una solución de los conflictos agrarios en las regiones de Atlántida y del Aguán, así como la falta de disponibilidad a iniciar un proceso de readecuación de la deuda agraria de las empresas campesinas.
También exigieron el fin de la criminalización de la protesta y la judicialización del movimiento campesino, al tiempo que denunciaron una nueva escalada de violencia en el Bajo Aguán.
Sobre esta situación, La Rel conversó con Yoni Rivas, vocero de Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán.
-¿Qué está pasando en el Bajo Aguán?
-Lamentablemente el 18 de octubre asesinaron al presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) José Ángel Flores y al directivo Silmer Dionisio George. Estamos muy preocupados.
Llevamos dos años denunciando la infiltración de grupos militares en las organizaciones campesinas y la necesidad de una readecuación de la deuda, que prácticamente nos fue impuesta en 2012 por el gobierno. Nadie nos ha escuchado.
El objetivo es claro: romper el tejido social organizativo a lo interno del sector campesino, asfixiarnos económicamente, dividir y desestabilizar al movimiento y descabezarnos asesinando a dirigentes. Los grupos paramilitares infiltrados, los escuadrones de la muerte han vuelto a sacar sus uñas y nos asesinan.
-¿De dónde viene esta estrategia?
-No cabe duda que es una estrategia montada desde el gobierno, los terratenientes y el lado oscuro de las Fuerzas Armadas, que tiene como objetivo final el despojo de la tierra y el fracaso de la propuesta de una reforma agraria integral.
Acordémonos de las palabras pronunciadas por el extinto empresario palmero Miguel Facussé en 2014, cuando dijo que a más tardar en dos años todas las tierras que había vendido al MUCA iban a regresar a Corporación Dinant.
-¿Qué capacidad tiene el movimiento campesino del Aguán de contrarrestar esta estrategia de infiltración, destrucción y muerte?
-Estamos trabajando en eso y lo hemos denunciado nacional e internacionalmente. También estamos a punto de presentar una propuesta de restructuración de la deuda que nos permitirá fortalecer a las empresas campesinas y unir al movimiento.
-¿Qué impacto tendría un eventual rechazo del gobierno a la propuesta?
-El impacto tendría una recaída terrible sobre más de 2500 familias campesinas. Sin embargo no vamos a dar un paso atrás y estamos dispuestos a defender las tierras que hemos recuperado. Nos mantenemos firmes, vamos a elaborar propuestas y vamos a denunciar todas las infiltraciones y agresiones.
Pedimos a todas las organizaciones que nos han acompañado en estos años estar alerta, a estar pendientes de lo que pueda pasar en los próximos meses.
-Un conflicto agrario que parece no tener fin…
-La estructura paramilitar montada después del golpe de Estado ha venido cambiando y afinando su estrategia, en medio de una creciente militarización del territorio y una acelerada infiltración del movimiento campesino.
Ya estamos tomando medidas e investigando este aparato paralelo que persigue el despojo de las tierras.
