Paraíso del Crimen protege a Bográn y al resto de corruptos 

Por: Redacción CRITERIO.HN   

Tegucigalpa.- Para el empresario, Adolfo Facussé, si Marco Bogràn, ex director de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) fuera acusado en algún momento, no tendría nada porque preocuparse, porque el Nuevo Código Penal, que es el «Paraíso del Crimen», lo favorece.

El empresario dijo lo anterior, a una cadena radial de Tegucigalpa, en el momento en que se menciona una investigación por parte del Ministerio Público para deducirle responsabilidades al ex Director de INVEST-H por la supuesta compra con precios alterados de diversos materiales y equipos para el combate del Covid 19. 

“El nuevo Código es el paraíso  del crimen”, sostuvo Facussè,  agregando que todos los funcionarios que han hecho algo contra el país y contra las finanzas del Estado,  no tienen nada de qué preocuparse porque ya el Congreso Nacional dispuso que es el Tribunal Superior de Cuentas es el que determina si existen o no responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Y en tal sentido, el empresario  asegura que Marco Bográn, solo irá de vacaciones a los tribunales de justicia.

Este jueves 2 de julio, el Ministerio Público (MP) inició acciones para investigar delitos de abuso de autoridad,  fraude  y malversación de caudales públicos, que el Director de INVEST-H habría cometido al realizar compras de materiales, equipos médicos y otros productos, para la contención del Covid 19.

Por tal razón  la Fiscalía Especial para la Transparencia  y Combate de la Corrupción (FETCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) allanaron la casa de Marco Bográn,  situada  en la residencial Villas del Molino de Tegucigalpa, para recuperar indicios de crímenes. Y de igual manera, las autoridades también  decomisaron  documentos en  la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), INVEST-H y la Secretaría de Salud.

Sin embargo, el MP no tiene facultades para interponer ningún requerimiento fiscal contra el o los imputados que resulten de la investigación, mientras no reciba el informe de la auditoría que antes debe realizar el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

En noviembre del 2018, con la oposición de las bancadas de Libertad y Refundación (LIBRE) y del PINU, el Congreso Nacional limitó las atribuciones que tenía el Ministerio Público para la investigación penal de los casos de corrupción y estableció que antes de la presentación de un requerimiento fiscal el TSC debe emitir un informe.

“No se ha recibido nada, ningún informe” dijo el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, refiriéndose a las compras realizadas por INVEST-H en el marco de la pandemia. Aunó,  que la Fiscalía, se mantiene a la espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la modificación aprobada en el Congreso Nacional dándole al TSC más facultades que las contenidas en la Ley. 

Cuando ese decreto fue aprobado en el Congreso Nacional, la población lo rechazó, y el ex vocero de la extinta Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, lo calificó, como, un Pacto de Impunidad entre el crimen organizado y los diputados que estaban siendo acusados de malversar fondos públicos.

Para librarse de esas acusaciones, los diputados nacionalistas se aliaron  con los del Partido Liberal, la DC y la UD  y aprobaron esa reforma que limita al MP en las investigaciones de los casos por corrupción. Y hoy, con el nuevo Código Penal, están felices porque aparte de reducir las penas también desaparecieron figuras delictivas, como la malversación de caudales públicos, que si estaba tipeado en el Código anterior.    

Días antes, Jiménez Mayor dijo que 140 legisladores, incluido el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, estaban siendo investigados por malversar a través de ONGs el dinero que sacan de las arcas del Estado a través de subsidios.