Tegucigalpa, Honduras.- Para que la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), tenga facultades para señalar actos de corrupción, en su posible llegada al país, se debe derogar, entre otros decretos, el 117-2019, que da protección e inmunidad a los diputados, sugieren analistas consultados por Criterio.hn.
“Para que la misión anticorrupción, en su llegada al país, tenga resultados efectivos, requiere la derogación de ese decreto porque, mientras no se derogue, no se le va a deducir responsabilidad a ningún diputado”, valoró el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos.
Con la aprobación del decreto 117-2019 se hizo una reforma al artículo 10-A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, estableciendo de forma literal que los diputados no pueden ser responsabilizados civil, penal o administrativamente por acciones y conductas derivadas de sus funciones como legisladores.
Además, ese decreto establece que el Congreso es el único órgano competente que debe valorar cada caso en concreto, y las consecuencias de la infracción, dejando de lado las investigaciones que pueda elaborar el Ministerio Pública (MP) y la misión anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Y aquí es donde está la trampa, ¿por qué los mismos diputados van a decidir sobre las infracciones de otros diputados?, ¿cómo van a interpretar ellos si una conducta está al margen de la legalidad derivada de las funciones del cargo? Eso quita los poderes de investigación a los órganos competentes”, cuestionó Santos.
Este no es el único decreto legislativo que blinda a los diputados, también está el 116-2019, que impide al Ministerio Público investigar penalmente a diputados, funcionarios públicos y personas particulares que ejecuten fondos públicos en aplicación de la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de cuentas de Fondos Públicos para Proyectos Sociales, Comunitarios y de Infraestructura.
Precisamente, el memorándum de entendimiento, firmado el 15 de diciembre de 2022, entre el gobierno y la ONU establece literalmente que, para la llegada de la misión anticorrupción al país, se debe derogar el decreto 116-2019 y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz, cuyos dictámenes permanecen archivados en el Congreso.
Desde organizaciones de sociedad civil piden que también se deroguen los decretos 57-2020, 93-2021 y 04-2022, que impiden investigaciones, protegen a exfuncionarios y actuales diputados que se dedicaron a blanquear dinero proveniente del narcotráfico y crimen organizado.
Para Santos, es evidente que desde el Congreso Nacional hay falta de voluntad política para derogar estos decretos, pues directamente beneficia a los diputados que en el ejercicio de sus funciones han tenido actos reñidos con la ley. Pero una alternativa planteada sería que la sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los declare inconstitucionales.
“La llegada de una comisión anticorrupción pasaría una vez se declare inconstitucional este y otros decretos, o se deroguen desde el Congreso Nacional. El éxito que tenga y las facultades que tenga la comisión anticorrupción en Honduras pasaría por cumplir con lo establecido”, reiteró el fiscal de la Uferco.
El analista Raúl Pineda Alvarado, en tanto, planteó que, declarando inconstitucional estos decretos de corrupción, las personas que fueron señaladas y hoy están en libertad, pueden volver a ser juzgadas por la comisión de los delitos que protegen estas normativas, evidenciando que el proceso, por el cual fueron absueltos, fue ilegal.
“Con la derogación queda en impunidad porque los pícaros que salieron (de la cárcel) fueron beneficiados con esos decretos y no pueden volver a ser juzgado por el mismo delito, pero al ser declarados inconstitucionales el proceso que se llevó a cabo para dejarlos en libertad queda al margen de la legalidad”, sugirió.
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VOLUNTAD EN EL CONGRESO
El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, aseguró que su bancada tiene listos los 50 votos para derogar estos decretos de corrupción y que sólo falta llegar a consensos para lograrlos, pese a que las demás fuerzas no han logrado un consenso.
“Tenemos la obligación de entender que más allá de nuestras diferencias políticas. Estos decretos están faltando por consensos que son de obligatoria necesidad para que la misión se instale en el país”, dijo.
“Si seguimos sin llegar a acuerdos, continuaremos promoviendo la incapacidad de los diputados del Congreso. Pero tenemos que exponer quiénes son los diputados que se oponen a estas derogaciones y revelar el por qué, porque podrían estar obedeciendo a intereses políticos”, añadió.
Desde el pasado 1 de junio, los diputados del Congreso Nacional se fueron por un mes a su receso establecido en la Ley Orgánica de ese poder del Estado, dejando de lado la socialización de la derogación de los decretos de corrupción, lo que podría demostrar temor y falta de interés para que la misión se instale en el país, dicen analistas.
PROCESO DE LA CICIH
El memorándum de entendimiento firmado entre Honduras y la ONU, el 15 de diciembre de 2022, vence este 15 de junio, sin todavía apreciar algún tipo de avance en lo acordado. Alice Shackelford, quien representa esa identidad en el país, aseguró que lo extenderían, sin especificar hasta cuándo.
El único avance, hasta el momento, es que, en junio de este año, la ONU enviará una misión de expertos que contará con la facultad de proponer nuevas leyes y derogar normativos, con el objetivo de investigar si los poderes del Estado están avanzando en la lucha contra la corrupción, que garantizaría un trabajo independiente de la CICIH en el país.
Ese escenario todavía forma parte de la primera fase que no se ha completado, pues se requiere la derogación y aprobación de una ley, pero sí se logra, el gobierno y la ONU elaborarán conjuntamente un borrador del convenio de la CICIH, para que, posteriormente, el Poder Ejecutivo lo envíe al Congreso, que tendrá que aprobarlo.
Aunque las autoridades de gobierno prometen la instalación de la CICIH antes que acabe este gobierno, en enero de 2026, varios expertos, al contrario, aseguran que la posible llegada todavía está empantanada, porque la clase política lo único que ha hecho es demostrar que carecen de voluntad para cumplir con lo establecido en el memorándum de entendimiento.
