Por: Redacción CRITERIO
Acusan a JOH de estar fomentando el populismo punitivo para hacer creer a la población que aumentando penas y estableciendo nuevos delitos, se va a resolver el problema de la inseguridad
Tegucigalpa.-La Articulación 611, integrada por más de 40 organizaciones de sociedad civil advierte que con la propuesta de las reformas penales remitida al Congreso Nacional por el presidente, Juan Hernández, el Poder Ejecutivo está haciendo uso del “populismo punitivo”.
Mediante un comunicado, las organizaciones en articulación con el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), explican que el “populismo punitivo” es la emisión de promesas y toma de decisiones que hacen percibir entre la población que aumentando penas y estableciendo nuevos delitos se va a resolver el problema de la inseguridad, y eso es lo que precisamente la administración Hernández está implementando en su discurso.
Asimismo sostienen que muchas de las reformas harán más difícil el acceso a la justicia y violentará derechos humanos de la sociedad, como el derecho a la manifestación pública, el que vinculan con la reforma que sufrirá el delito de terrorismo, pues conlleva tipificaciones que no respetan los elementos que lo constituyen como tal: la motivación o finalidad de carácter político, la determinación de querer subvertir el orden constitucional, o de debilitar las instituciones públicas.
En su lugar, la reforma aplicará penas a quienes infundan miedo, y tomando en cuenta que se estigmatiza a las manifestaciones de los movimientos sociales como alteradores de la paz pública, que infunden miedo y limitan derechos fundamentales, ese delito debe ser objeto de discusión y de una conceptualización clara y puntual, al igual que otros que podrían interpretarse a antojo de quienes quieran ensañarse contra las protestas sociales, señala el texto.
Ante las polémicas reformas el Cespad y la Articulación 611, demandan lo siguiente:
Que al momento de discutir la reforma penal en el Congreso Nacional, se abra un espacio para el debate con las organizaciones de derechos humanos y con todos los espacios de sociedad civil, académicos y analistas interesados en el tema.
Que la reforma penal respete y se circunscriba a los elementos típicos indispensables tanto para el delito de extorsión como para el de terrorismo, cuidando que no se legislen figuras penales ambiguas o abiertas.
Que se descarten de este decreto aquellas reformas que produzcan un retroceso para el carácter garantista del proceso penal, y que finalmente lo aprobado no vaya a limitar derechos y libertades de las personas.
Despojar a esta reforma del carácter de populismo punitivo que pretende el actual régimen.
El 4 de enero pasado el presidente Hernández remitió al Parlamento un paquete de reformas relacionadas con el Código Penal, El Código Procesal Penal, la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, la Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios, Granjas Penales y la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, entre otras leyes.
ALGUNAS CONSIDERACIONES DE LA ARTICULACIÓN 611 SOBRE LAS REFORMAS:
– Contienen elementos de carácter conceptual que ameritan su revisión, pues define delitos que podrían restringir derechos y libertades de la población, como el derecho a la protesta social.
– Contienen reformas que fortalecen las potestades de la institución policial y del Ministerio Público, y disminuyen las facultades o atribuciones de jueces y magistrados.
– Llevan como trasfondo la politización electoral del tema de seguridad y del delito como bandera del actual gobierno de Juan Hernández, para hacer campaña y ganar las reelecciones.
