Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala sufren un deterioro institucional que tiene como consecuencia la corrupción, impunidad e ingobernabilidad y que se manifiesta en acciones represivas, persecución política, amenazas, criminalización, judicialización y asesinatos en contra de la ciudadanía.
Lo anterior fue destacado este lunes en Tegucigalpa, capital hondureña, durante la presentación del “Informe sobre Derechos Humanos y Conflictividad en Centroamérica 2017-2018”, por parte del Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamericana.
El Informe aborda la crisis socio política haciendo referencia a las violaciones de derechos humanos en la región; las constantes reformas al marco jurídico, acciones arbitrarias y punitivas por parte de los gobiernos que no garantizan el disfrute y ejercicio de los derechos fundamentales para la mayoría de personas.
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Se destaca que los Estados de Derecho sufren un deterioro institucional que tiene como consecuencia la corrupción, impunidad e ingobernabilidad en la región, como ejemplo de ello, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala enfrentan mayores niveles de violencia que se manifiestan en acciones represivas, persecución política, amenazas, criminalización, judicialización y asesinatos en contra de la ciudadanía.
Las políticas de seguridad no han sido integrales ni eficaces para contrarrestar el crimen organizado, el tráfico de drogas, extorsiones, trata de personas y desplazamientos forzados producto de la violencia, debido a que estos problemas van en aumento. Por el contrario, las políticas están siendo utilizadas por los gobiernos para las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en contra de grupos históricamente colocados en condición de vulnerabilidad como mujeres, comunidad LGTBI, afrodescendientes, personas campesinas e indígenas, juventudes, periodistas, migrantes, entre otros. Hasta el extremo de criminalizar la protesta social, ejecutando acciones de detenciones arbitrarias e ilegales, persecución ilegal, tratos crueles inhumanos e incluso la privación de la vida, incluyendo a las personas defensoras de derechos humanos.
El promedio de homicidios en la región durante el 2017 fue de 31,4 por cada 100 mil habitantes. Ello ubica a Guatemala en el centro. Por su parte, Honduras y El Salvador por encima del mismo y a Costa Rica, Panamá y Nicaragua por debajo del promedio regional.
A pesar que los países en la región han ratificado diferentes instrumentos internacionales para disminuir la violencia por condición de géneros y han creado normativa interna sobre la materia; en una primera instancia, se constata el incumplimiento de los Estados al observar los altos índices de feminicidios y la impunidad de estos casos, ya que existe falta de voluntad política e institucional de la administración de justicia.
Sumado a lo anterior, en Centroamérica existen dos realidades jurídicas entorno a la interrupción del embarazo: tres países que penalizan y tres que lo condicionan por razones terapéuticas, lo cual mantiene la violencia estructural contra las mujeres. La discriminación hacia las personas con una orientación sexual, identidad de género o expresión de género no hétero normativa; se ven expuestas a diversos tipos de violencia que ocasionan exclusión social y económica, falta de atención estatal, provocando desplazamientos forzados, asesinatos y crímenes de odio.
En el caso de los pueblos indígenas, afrodescendientes y personas campesinas el informe señala que los megaproyectos y monocultivos continúan afectando sus territorios, generando conflictos, desplazamientos forzados; así también, se promueve la sustitución de las economías locales (de productores a asalariados), trastocando sus culturas, identidad, cosmovisión y visión de desarrollo sin considerar su autodeterminación. Se constata la violencia hacia las personas que defienden el territorio, medio ambiente y otros bienes comunes. Esto es una clara violación al Convenio 169 de la OIT y el marco internacional de derechos humanos.
Referente a la crisis humanitaria detonada en la región centroamericana por la evidente desatención y garantía de los derechos sociales y económicos de las poblaciones: los gobiernos han provocado los desplazamientos forzados masivos de la población, quienes escapan de la violencia, la miseria y el conflicto. De acuerdo a la información recabada se ha identificado que la mayoría de la población centroamericana continúa eligiendo a Estados Unidos como país de destino. Sin embargo, Panamá es un país receptor o de tránsito mayormente de personas de origen venezolano: por su parte Costa Rica es un país receptor de personas provenientes de Honduras y Nicaragua.
El Equipo Regional concluye que los gobiernos han hecho caso omiso a las recomendaciones planteadas por organismos nacionales e internacionales para asumir sus responsabilidades y prevenir los niveles de conflictividad que ha llevado a la región a la crisis socio política actual.
El informe ha sido elaborado y publicado por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, en el marco del proyecto -Informe Centroamericano sobre Derechos Humanos y Conflictividad social 2018, el cual es auspiciado por la Federación Luterana Mundial: y ejecutado por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica.
Un comentario
Países como Honduras donde la iglesia está confabulada con le élite politica corrupta al grado que pastores y cardenal ya serán aspirantes a la presidencial.