Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-Por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, privación injusta de libertad y detención ilegal, fueron denunciados este jueves ante el Ministerio Público (MP), el ministro de Seguridad, Julián Pacheco y la firma ecuatoriana, Concesionaria Vial S.A. de C.V. (COVI).
La denuncia fue interpuesta por el director de Radio Progreso, el sacerdote Israel Moreno, más conocido como el padre Melo, luego de la retención ilegal el pasado sábado de las periodistas de ese medio de comunicación, Sandra Maribel Sánchez e Eleana Borjas y de los defensores de los derechos humanos, Karla Lara y Pedro Landa.
La denuncia se interpuso además contra el policía Marlon Enrique Lagos, quien coordinó la detención ilegal de la periodista Sandra Maribel Sánchez y la defensora de los Derechos Humanos, Karla Lara, la tarde del sábado anterior por negarse a pagar el peaje en la caseta de Zambrano Francisco Morazán.
Sanchéz y Lara fueron arrastradas hacia la patrulla y también golpeadas por los policías y luego trasladadas sin argumento legal alguno, a Tegucigalpa a la posta policial Metropolitana, conocida como Core Siete.
Las periodistas y defensores de derechos humanos venían de la ciudad de Siguatepeque donde ese mismo día habían participado en una protesta en contra del cobro del peaje y por la violación al derecho a la libre locomoción.
El padre Melo dijo que interpuso la denuncia contra el ministro de Seguridad, ya que por su jerarquía es el responsable del operativo mediante el cual se cometieron los abusos.
El religioso y también director del Equipo de Reflexión y Comunicación (Eric) denunció además a la empresa ecuatoriana COVI, por impedir la libre locomoción de los ciudadanos.
Moreno manifestó que lastimosamente la institucionalidad en Honduras no funciona porque está politizada y atrapada en una enorme debilidad, pero que ha interpuesto la denuncia porque tiene la esperanza que las instituciones de Honduras funcionen de acuerdo al Estado de Derecho y porque tiene el derecho a exigir justicia ante las instituciones correspondientes.
La denuncia fue interpuesta ante la Fiscal Especial de Derechos Humanos, Soraya Morales.
Sin invertir ni un tan solo centavo, la concesionaria COVI comenzó a cobrar peaje desde el año pasado sobre la Carretera CA-5, ya que esta obra fue construida con fondos de la Cuenta del Milenio.
