Tegucigalpa. Un juez de ejecución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decretó extinguir la condena por actos de corrupción contra Marcelo Chimirri, exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) durante el gobierno del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
Invocando el pacto de impunidad disfrazado como amnistía política, el exfuncionario logró quedar en libertad tras siete años de prisión condenado, en 2018, por tres delitos de corrupción cuando fungió como titular de Hondutel.
El Congreso Nacional aprobó, mediante Decreto Legislativo 4-2022, la Ley de Reconstrucción del Estado Constitucional y para que los hechos del golpe de Estado de 2009 contra Zelaya Rosales no se repitan.
La normativa contempla la Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y de Conciencia con la finalidad de favorecer a personas contra quienes se ejecutó acción penal siendo acusados o condenados por haber sido funcionarios, empleados o autoridades del periodo del 27 de enero de 2006 hasta el 28 de junio de 2009.
También, contempla a personas que hayan realizado protestas sociales condenando el crimen perpetrado por militares y quienes han fungido como defensores del ambiente, la tierra, los derechos humanos criminalizados durante los doce años de gobierno del conservador Partido Nacional.
El primerio en invocar los beneficios de la amnistía fue el exsecretario de la presidencia, Enrique Flores Lanza, acusado de delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por extraer de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH) alrededor de 40 millones de lempiras para llevar a cabo la instalación de una consulta popular conocida como la Cuarta Urna.
El proyecto impulsado por Zelaya Rosales, en junio de 2009 tenía como finalidad consultarle a la ciudadanía si estaba de acuerdo o no en instalar una cuarta urna en las elecciones generales de 2009 para la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, no obstante, fue defenestrado acusándolo de querer perpetuarse en el poder.
Luego de pasar más de doce años en el exilio, Flores lanza fue absuelto de cualquier responsabilidad penal al otorgarse carta de sobreseimiento definitivo en el caso de corrupción denominado “Carretillazo”.
Ahora, Chimirri se convirtió en el segundo exfuncionario en salir beneficiado con la amnistía luego que el juez de ejecución declarara extinta toda acción penal en su contra pese a haber sido condenado a ocho años de prisión por delitos de enriquecimiento ilícito, y ocho años por abuso de autoridad y fraude.
Al exfuncionario se le condenó al no poder justificar más de 16 millones de lempiras que supuestamente recibió durante fungió como director de Hondutel por parte de la empresa estadounidense Latin Node quienes se declararon culpables de haber sobornado a varios altos funcionarios en Honduras a cambio de recibir contratos con el Estado.
Dentro de la ley de amnistía se otorgó la facultad a la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH) para extender constancias a las personas que sí fueron víctimas de persecución política, sin embargo, en el caso de exfuncionarios, empleados, exdirectores, autoridades electas, durante el 2006 a 2009, no necesitan de esta, basta con la solicitud de un abogado ante la CSJ.
UN PACTO DE IMPUNIDAD DISFRAZADO COMO AMNISTÍA
Las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) califican la Ley de Amnistía como un nuevo pacto de impunidad que beneficia a exfuncionarios corruptos de la administración pública.
“Con el decreto de amnistía e impunidad aprobado por el Congreso, los que menos se han beneficiado son los verdaderos presos políticos que aún enfrentan procesos penales, pero si ya se declaró la extinción de responsabilidad penal para varios que sí cometieron actos de corrupción”, reprochó el jefe de investigaciones del ente de sociedad civil, Odir Fernández.
A criterio de Fernández, el nuevo gobierno que dirige el Partido Libertad y Refundación (Libre) instrumentalizó las luchas de los defensores sociales para conseguir justificar la aprobación de un decreto que beneficia a corruptos ya denunciados y, en algunos casos, condenados.
Para el dirigente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Moisés Ulloa, que corruptos salgan en libertad “es una bofetada de burla al pueblo”, señalando el acto como impunidad.
En tanto, la congresista Ligia Ramos recientemente declaró estar de acuerdo con la ley de amnistía para presos políticos, sin embargo, refleja con suma preocupación que se esté amparando a personas condenadas por corrupción.
“Cuando un gobierno condena con una mano a la corrupción y con la otra firma cartas de libertad, ese gobierno está condenado al fracaso moral y administrativo”, expresó Gabriela Castellanos titular del CNA.
Cabe señalar que la normativa aprobada por los congresistas enumera un rosario de delitos para otorgar la amnistía como: abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos, malversación de caudales, fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos, uso de armas prohibidas, tráfico ilegal de armas, tráfico ilegal de productos, robo, daño, incendio, privación injusta de la libertad, almacenamientos de munición de uso comercial, entre otros.
Un comentario
En un país como el nuestro de debilidad institucional, un demonio se convierte en santo en un cambio de gobierno,la ley debe aplicarse con mismo rasero, ya les veo debilidad.