Otra prueba del desprecio del régimen hacia las víctimas

 Por: Joaquín Mejía Rivera
La advertencia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras es contundente en relación con la grave situación que atraviesa el país: “Probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos”. 
El informe del Alto Comisionado y la declaración de fin de misión del Relator Especial de Naciones Unidas sobre personas defensoras de derechos humanos, Michael Forst, deberían ser suficientes para que se adopten medidas políticas, administrativas y penales en contra de los responsables de la violencia extrema debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Militar, el ejército y la Policía Nacional. 
Tales acciones policiales y militares provocaron la muerte de manifestantes y transeúntes, así como detenciones y encarcelamientos masivos. Con excepción del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, desde el Estado de Honduras no ha habido condenas públicas contundentes ni compromisos para investigar y sancionar a los responsables. 
En vez de perseguir a los jefes militares, civiles y policiales responsables de los crímenes cometidos por sus subordinados, quienes denunciamos estas graves violaciones enfrentamos, como lo señala el Relator Forst, situaciones de peligro, ataques, amenazas, criminalización y falta de acceso a la justicia, al igual que las víctimas directas. 
La falta de investigación y sanción efectiva de quienes son responsables de los crímenes es una bofetada a las víctimas, pero este régimen además muestra su profundo desprecio hacia ellas cuando premia a los militares victimarios otorgándoles ascensos por sus servicios prestados a favor de mantener al dictador en el poder. 
Es el caso de René Orlando Ponce Fonseca, jefe del Estado Mayor Conjunto, y de Raynel Enrique Fúnes Ponce, Comandante de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), cuyos ascensos al grado de general de división fueron aprobados por el Congreso Nacional y publicados en el Diario Oficial La Gaceta en marzo de este año. 
Estos ascensos son una prueba clara de que el régimen no tiene voluntad política para castigar a los criminales y reparar a las víctimas. Pero también es un aviso para quienes, desde adentro o desde afuera, creen que pueden cambiar la naturaleza criminal de un régimen que solamente puede sobrevivir en la ilegalidad.

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