El Subcomité de Prevención contra la Tortura (SPT) visitará Honduras del 14 al 20 de abril para inspeccionar centros penitenciarios y reunirse con organizaciones civiles e instituciones gubernamentales
El propósito es evaluar las condiciones de detención y recopilar datos sobre el sistema penitenciario. Al finalizar, se presentará un informe con hallazgos y recomendaciones para prevenir la tortura en los centros penitenciarios de Honduras
Tegucigalpa, Honduras. – La Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans solicitó al gobierno de Honduras la aplicación de una serie de medidas para proteger los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Mediante un comunicado, la organización expresó que, durante la visita del subcomité de prevención contra la tortura (SPT) programada del 14 al 20 de abril, es crucial implementar acciones para evitar actos de tortura en las cárceles hondureñas.
Entre estas medidas, se destacan la creación de una mesa multisectorial que incluyera a entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la prevención de la tortura y el trato inhumano, cruel y degradante.
Además, se instó a los diputados del Congreso Nacional a revisar y discutir dos anteproyectos enviados por el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV) en 2022: la Ley de Redención de Pena de Reclusión y la Ley de Gracias Constitucionales.
Asimismo, se solicitó la derogación del decreto que permite el Estado de Excepción en Honduras, ya que se consideraba que perturbaba la tranquilidad de la población, al tiempo que se hizo un llamado a desarrollar estrategias innovadoras e integrales para abordar la violencia en el país.
Finalmente, se exigió el nombramiento y la juramentación de la comisionada electa Mildred Meléndez en el cargo de MNP-CONAPREV, asegurando la independencia y autonomía de esta institución de acuerdo con lo establecido en la ley.
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VISITA PARA MONITOREAR SITUACIÓN DE SISTEMA PENITENCIARIO EN HONDURAS
En relación al tema, la presidenta de la organización Cozumel Trans, Rihanna Ferrerra, expresó que el Subcomité Contra la Tortura (SPT) está llevando a cabo una visita en Honduras con el propósito de inspeccionar el sistema carcelario y sostener encuentros con organizaciones dedicadas a esta temática, así como con instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Ferrera subrayó que esta visita es crucial para el Estado de Honduras, ya que se espera una respuesta ante un sistema penitenciario militarizado que ha priorizado la seguridad sobre la reinserción y los derechos humanos.
Además, destacó que, según la información que ha conocido, los sistemas penitenciarios en Honduras han intentado presentar una imagen positiva de sus actividades, promoviendo acciones de reinserción, aunque la realidad sea diferente.
En cuanto a las dos leyes que está solicitando la Asociación Cozumel Trans su aprobación en el Congreso Nacional, se centran en la reducción de la pena por día trabajado y en la implementación de medidas específicas para personas privadas de libertad con discapacidades físicas.
Otro aspecto relevante es la petición de derogación del decreto que establece el Estado de Excepción, en vigor en Honduras desde diciembre de 2022. En su opinión, este decreto no ha generado resultados positivos y además vulnera garantías constitucionales, lo que podría resultar en detenciones arbitrarias.
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RECOMENDACIONES DE ORGANIZACIONES DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS
En noviembre de 2023, se produjeron dos informes importantes sobre el sistema penitenciario de Honduras. Por un lado, el gobierno presentó su propio análisis, mientras que, de forma paralela, las organizaciones de la sociedad civil elaboraron otro texto. Ambos documentos se fundamentan en distintas fuentes y perspectivas, proporcionando una visión comprensiva de la situación carcelaria en el país
Entre lo expresado por el informe de las organizaciones de la sociedad civil destaca la necesidad de la protección de los derechos humanos, por ello se proponen una serie de reformas legislativas y prácticas que buscan garantizar un trato justo y humano dentro del sistema penitenciario y de seguridad.
Las recomendaciones incluyen ajustes en la legislación penal para que actos de tortura, amenazas y omisiones sean sancionados con penas que reflejen su gravedad. Además, se busca proteger a grupos vulnerables, como la comunidad LGBTIQ+, pueblos indígenas y personas en situación de movilidad, ampliando las circunstancias agravantes.
Para combatir las detenciones arbitrarias, las organizaciones, recomiendan adoptar medidas preventivas y garantizar que los detenidos sean informados de las razones de su detención y tengan acceso inmediato a un abogado. Se busca acelerar la resolución del recurso de habeas corpus y asegurar asistencia legal desde el inicio de la detención.
La vigilancia en postas policiales es otra medida clave, con la instalación de cámaras de vigilancia, especialmente en lugares con antecedentes de muertes de ciudadanos. Se exige, además, la realización de exámenes médicos independientes conforme al Protocolo de Estambul y que la ausencia de evidencia física no sea interpretada automáticamente como inexistencia de torturas.
En cuanto al sistema penitenciario, se recomienda su traslado al control civil y la implementación de políticas públicas que prioricen la rehabilitación y reinserción social de los reclusos.
