Organizaciones hondureñas y regionales que conforman la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte IDH (Mesa de Seguimiento) llaman a responder un alto a la violencia con apego estricto a los estándares internacionales de los derechos humanos
Tegucigalpa.- Ante el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en El Salvador, las organizaciones que integran la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias y Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado hondureño (Mesa de Seguimiento) manifestaron su preocupación por el debilitamiento democrático severo y la crisis política y social que atraviesa El Salvador.
A la vez se solidarizan con las víctimas, familiares y personas defensoras de derechos humanos.
La escalada del autoritarismo en el país centroamericano es innegable. Entre sus manifestaciones más recientes se encuentra el régimen de excepción decretado para todo el territorio nacional el pasado domingo 27 de marzo por parte de la Asamblea Legislativa, a solicitud del presidente Nayib Bukele, como respuesta a la jornada más violenta vivida en los últimos años en el país centroamericano, que dejó 72 homicidios en 12 de los 14 departamentos del país en un periodo de dos días.
El gobierno salvadoreño, en un contexto de declarada guerra contra las pandillas y con pocos contrapesos de los otros poderes del Estado, adoptó diversas medidas en el marco del estado de excepción que han llamado la atención de la comunidad internacional y los movimientos sociales por ser contrarias a los derechos humanos y a la estabilidad democrática.
De esta manera, se suspendieron por 30 días derechos constitucionales como la libertad de asociación, el derecho de defensa o la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones. Además, el plazo de detención administrativa se amplió de 72 horas a 15 días, sin que medie control jurisdiccional alguno, perjudicando gravemente a las personas detenidas y sus familiares por dificultades en el acceso a la información.
Durante los primeros 30 días de vigencia del estado de excepción, el gobierno salvadoreño señaló haber detenido a más de 18.000 personas supuestamente vinculadas a las pandillas. A pesar de las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos, el 26 de abril del 2022 se decretó una prórroga de 30 días más para este régimen.
Al 5 de mayo del presente año, se han registrado 25 mil detenciones, que ponen alerta sobre la situación penitenciaria en el país, la capacidad de la fiscalía y del sistema de justicia para garantizar el debido proceso a las personas detenidas arbitrariamente.
Sumado a esto, el gobierno salvadoreño ha sostenido un posicionamiento claro en contra de las personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, el periodismo independiente y contra cualquier actor político crítico de estas actuaciones gubernamentales.
Lo anterior ha agravado el contexto hostil en el que la defensa de derechos humanos y el periodismo se desarrollan en El Salvador. Las alertas han sido claras, y los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos han posicionado la urgente necesidad para que El Salvador atienda esta alza de violencia desde una política de seguridad pública ciudadana, con apego estricto a los estándares internacionales de los derechos humanos y el debido proceso.
Desde la Mesa de Seguimiento, rechazan los insistentes señalamientos del gobierno del presidente Nayib Bukele contra el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos (SIDH) que buscan deslegitimar su necesaria labor de promoción y protección de los derechos fundamentales en la región. El histórico trabajo de acompañamiento del SIDH a las víctimas y familiares ha sido fundamental para avanzar en procesos de justicia y garantías de derechos en América Latina y el Caribe.
Por último, hicieron un llamado a la solidaridad internacional de acompañar la adversa situación en la que las personas defensoras y periodistas ejercen su labor en El Salvador.
La concentración del poder y la adopción de medidas autoritarias que ponen en riesgo a la ciudadanía no son estrategias legítimas para combatir la violencia. Instamos a que la apertura y el diálogo imperen en la construcción de alternativas dentro de un marco de derechos humanos y fortalecimiento democrático.
Un comentario
Que ignorancia si el Salvador tiene mejores estructuras que Honduras que no sabemos si tenemos gobierno o no en nuestro país ni sabemos que autoridades nos representan