Feministas manifiestan que iniciativa promovida desde el Congreso Nacional invisibilizaría la diversidad de creencias y convicciones filosóficas.
Exigen a la ASJ y al CNA pronunciarse ante las pretensiones inconstitucionales de derogar los artículos pétreos 77 y 151 de la Constitución de la República.
La laicidad del Estado hondureño se ha garantizado en la constitución desde 1880, afirmó el constitucionalista, Joaquín Mejía.
Tegucigalpa, Honduras. A cinco días que el Congreso Nacional aprobara una moción para crear una comisión encargada de dialogar con las iglesias y la Secretaría de Educación, para impulsar el proyecto de ley que propone la lectura obligatoria de la Biblia en los centros educativos, organizaciones de mujeres y feministas se pronunciaron en contra de la decisión, al considerar que pone en riesgo la laicidad del Estado y representa un retroceso en materia de derechos humanos.
Según el pronunciamiento de más de 60 organizaciones, la pretensión del Partido Nacional constituye una grave amenaza a la pluralidad de creencias y, advirtieron, podría marcar el inicio de un proceso de adoctrinamiento religioso que pondría en riesgo la libertad de pensamiento de las futuras generaciones.
Asimismo, exigieron a las autoridades hondureñas, principalmente a los legisladores, que se garantice el carácter laico del Estado a través de la protección de los artículos 77 y 151, que cesen los intentos de introducir iniciativas regresivas en materia de derechos humanos y la socialización de iniciativas con las organizaciones de mujeres, derechos humanos y sociedad civil.
Organizaciones exigen al Poder Legislativo garantizar procesos de diálogo y socialización antes de aprobar iniciativas que afecten los derechos humanos.
Lea también: Congreso carece de facultades para reformar la Constitución e imponer la lectura de la Biblia
ELIMINACIÓN DEL ESTADO LAICO REPRESENTA UN MOVIMIENTO INCONSTITUCIONAL
Durante la conferencia de prensa se registró la participación del abogado constitucionalista y Doctor en Derechos Humanos, Joaquín Mejía, quien explicó que la laicidad del Estado busca que las personas que conforman una sociedad puedan convivir y desarrollarse de manera plena sin la imposición de religiones.
El jurista señaló que el Estado no puede favorecer directa ni indirectamente a ninguna iglesia, ni convertir sus símbolos o postulados en obligatorios dentro de la institucionalidad pública, y advirtió que imponer la lectura de la Biblia constituye una forma de discriminación hacia quienes profesan creencias distintas.
Desde el análisis jurídico, Mejía detalló que los artículos 77 y 151 entran dentro de la categoría de cláusulas pétreas, las cuales no pueden ser modificadas bajo ningún tipo de procedimiento por parte del Congreso Nacional, ya que poseen una salvaguarda en el artículo 64 que prohíbe los retrocesos en materia de derechos humanos.
Lea: ¿Es Honduras realmente un Estado laico?
POSICIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES
La coordinadora nacional de la Asociación Ecuménicas por el Derecho a Decir, Ana Ruth García, calificó la intención del Congreso Nacional como un adoctrinamiento con el que se pretende violentar la dignidad y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero que sobre todo representa un golpe a la Constitución de la República que ha sido violada por el mismo sector político en diversas ocasiones.
La teóloga señaló que, desde las organizaciones feministas, impulsarán una lucha para evitar la imposición de doctrinas, con el objetivo de defender la dignidad de la niñez y proteger el bienestar supremo de cada persona.
García afirmó que la libertad religiosa es un derecho válido del ser humano, no obstante, apuntó a que esta debe ejercerse desde los espacios privados de cada uno de los ciudadanos, pues si se promueve desde lo público, como pretende el gobierno, se convierte en una herramienta de colonización y opresión contra la niñez.
La coordinadora de la Vía Campesina, Wendy Cruz, aseguró que las organizaciones de mujeres y de derechos humanos no permitirán que desde el Congreso Nacional se imponga una religión, ya que esto sería permitir una violación a la Constitución de la República.
Cruz defendió el derecho de cada persona a elegir libremente su afiliación religiosa y señaló que no se debe permitir que los políticos tomen decisiones que vulneren la autonomía ni los derechos humanos de los ciudadanos.
De interés: Del púlpito al poder: la influencia de las iglesias en la política hondureña
ANUNCIAN LA CONTINUACIÓN DE ACCIONES
Jinna Rosales, directora ejecutiva de Acción Joven, expresó a Criterio.hn que, como mujeres organizadas, mantendrán su rechazo a la iniciativa del presidente del Congreso Nacional, respaldándolo con conferencias de prensa y jornadas de formación que serán desarrolladas paulatinamente.
Rosales señaló la importancia de dar a conocer a la ciudadanía que los congresistas no poseen la potestad para reformar los artículos que garantizan el Estado laico y que cualquier intento por materializarlo es un claro atentado a las libertades religiosas de cada persona.
La defensora anunció que harán un monitoreo de los diálogos sostenidos por la comisión del Congreso Nacional y que buscarán alianzas con otros sectores para fortalecer la oposición a la iniciativa de Zambrano.
