La ONU insta al Estado de Honduras a investigar los hechos y tomar acciones contundentes para asegurar que incidentes como estos no vuelvan a suceder.
Tegucigalpa, Honduras. – La ciudadanía hondureña se encuentra conmocionada, enardecida y sorprendida por la muerte violenta de decenas de mujeres –unas calcinadas y otra acribilladas— al interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), hecho que de acuerdo con las organizaciones de mujeres remarcan la violencia de genero y la vulneración de los derechos humanos dentro de los centros penales.
Inicialmente, a eso de la 1:00 de la tarde del martes 20 de junio el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó a Criterio.hn que se trataba de al menos 41 mujeres una cifra preliminar, lo que dejo a la expectativa que se pudiera tratar de más mujeres asesinadas de manera dantesca.
Para la defensora de derechos humanos de las mujeres, Cristina Alvarado, del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, estos hechos «Están evidenciando los niveles de incapacidad y negligencia en el resguardo de centros penitenciarios, es responsabilidad del Estado de Honduras, son seres humanos qué están bajo su resguardo”. Lo sucedido en PNFAS, para Alvarado “es responsabilidad del estado de Honduras, son seres humanos qué están bajo su resguardo”.
Ana Ruth García, coordinadora de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, también se refirió al hecho luego de darse la primera cifra preliminar. «Es una situación completamente grave que preocupa a las organizaciones de mujeres y feministas porque ya teníamos 170 femicidios hasta el 19 de junio, más las 25 calcinadas y las 16 acribilladas, dentro del centro penal de mujeres, estamos hablando de más de 214 mujeres asesinadas”.
De acuerdo con Izza Alvarado, portavoz del departamento de Medicina Forense, en esta dependencia del Ministerio Público, se contabilizan 46 mujeres víctimas de la reyerta al interior de la PNFAS.
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LLAMADO A LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO
La ola de violencia que ataca a las mujeres, aun en medio de un estado de excepción que a criterio de analistas es fallido, llego al interior del centro penal de mujeres, es decir estas 46 mujeres fueron asesinadas bajo la protección del Estado, esta situación devela que aun el control del sistema carcelario está en manos de la criminalidad y no de las autoridades estatales, quienes desarrollan una intervención al sistema carcelario de Honduras, ordenada por la presidenta Xiomara Castro, luego de cuatro amotinamientos consecutivos en cuatro cárceles del país.
Para la defensora de derechos humanos y feminista, Jessica Sánchez, coordinadora del Grupo Sociedad Civil (GSC), este es un claro mensaje a la presidenta Castro. «Se requiere una investigación seria y profunda y también un mensaje de la presidenta” expresó a Criterio.hn.
En este mismo orden de ideas la Organizacional de las Naciones Unidas (ONU), instó al Estado de Honduras a investigar los hechos y tomar acciones contundentes para asegurar que incidentes como estos no vuelvan a suceder.
A través de comunicado, la ONU lamentó y condenó la violencia contra las mujeres, la violencia en los centros penales y la violencia en todas sus formas.
Además, señaló “todas las personas privadas de libertad tienen el derecho a ser tratadas humanamente y a que se respete y garantice su dignidad, su vida y su integridad física, psicológica y moral.
De acuerdo con Ana Ruth García con la muerte violenta de mujeres en lo que va del año y la masacre al interior de la PNFAS “El Estado al ser garante de la vida de las mujeres que, aunque estén privadas de libertad, están en custodia del Estado, es grave, y Honduras profundiza y se visibiliza a nivel nacional e internacional como un Estado feminicida a nivel de Latinoamérica”.
En ese sentido, la feminista Jessica Sánchez enfatizo que, ante la ausencia de acción por parte del Estado, la muerte violenta de las 46 mujeres no debe ser catalogado como femicidio simple, sino como feminicidio.
Por su parte, Ana Lucia Pérez Armijo, feminista y defensora de derechos humanos, consideró que las autoridades deben investigar cómo y por qué sucedió la masacre, además de investigar a las autoridades penitenciarias de cómo ingresaron las armas.
Otra de las organizaciones internacionales que solicito una investigación exhaustiva fue Human Rights Watch, además enfatizó “Las autoridades tienen la obligación de proteger a las personas bajo su custodia”.
RECHAZO A LA VIOLENCIA
Luego de darse a conocer la tragedia a través de los medios de comunicación y redes sociales, pues las autoridades mantenían en completo hermetismo lo sucedido, organizaciones defensoras de derechos de la mujer y organismos internacionales expresaron su férreo rechazo a la violencia, especialmente contra la mujer privada de libertad en medio de una intervención penitenciaria, que de acuerdo con analistas y una parte de la sociedad es un proceso mediático.
Alice Shackelford a través de su cuenta de Twitter manifestó su solidar9idad y recordó haber estado con las privadas de libertad el 8 de marzo –día internacional de la mujer—.
Por su parte, Jessica Sánchez, consideró que la violencia desmedida en contra de las mujeres hondureñas es un mensaje –en el sentido simbólico y semántico—, el ataque hacia las mujeres, que Honduras sea país número uno en femicidios y la masacre en PNFAS “es un fuerte llamado sobre las acciones de la presidenta, es una campaña silenciosa para acabar con los liderazgos, para demostrar cómo podemos acabar si nos enfrenamos”.
En ese sentido, de acuerdo con Sánchez el discurso y las acciones de la presidenta “deben cambiar y responderles a las mujeres, que fueron en su gran mayoría, junto con los jóvenes quienes la llevaron al poder”.
TRAGEDIAS EN CENTROS PENALES DE HONDURAS
Estas muertes violentas de mujeres traen a la memoria de la ciudadanía hondureña, la muerte violenta de privados de libertad en el gobierno de Ricardo Maduro, el 5 de abril de 2003 en un enfrentamiento armado protagonizados por miembros de maras y pandillas y policías dejó 66 muertos en la cárcel de El porvenir Atlántida.
En mayo de 2004 en el centro penal de San Pedro Sula, un incendio acabó con la vida de 107 privados de libertad y unos 25 lesionados.
En enero de 2006 en la Penitenciaria de Tamara, 13 hombres privados de libertad murieron en un amotinamiento. En este mismo centro penal, en 2008 se registró una reyerta que dejó como resultado 18 asesinados.
En 2011, el 14 de octubre en la Cárcel de San Pedro Sula, 9 hombres perdieron la vida. Cinco meses después, en marzo de 2012, los medios de comunicación informaron un amotinamiento y un incendio que dejo 13 privados de libertad.
El 14 de febrero de 2012, la conmoción se volvió a apoderar de la ciudadanía, 360 privados de libertad fueron victimas de incendio en la cárcel de Comayagua.
Las masacres al interior de los centros penales continuaron, el 20 de diciembre de 2019, en el centro penal de Tela se registró una reyerta que dejó 20 privados de libertad asesinados. Tres días después en el centro penal de El porvenir –catalogado como una de las cárceles de máxima seguridad— 19 privados de libertad murieron en un enfrentamiento entre la mara MS y la pandilla 18.
Históricamente, el sistema penitenciario ha estado bajo el control del crimen organizado, control que queda evidenciado con las muertes violentas al interior de los centros penales.
Ante este historial, el defensor y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía instó a implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, el Subcomité contra la Tortura y las sentencias de la Corte IDH que han surgido luego de demandas internacionales por muertes violentas al interior de centros penales.
