Desviaron 282 millones de lempiras para financiar campañas políticas, afectando a más de 4500 familias campesinas. La justicia hondureña sigue sin reconocerlas como víctimas
Tegucigalpa, Honduras. – Evaluz Palma es una mujer campesina originaria de Sulaco, Yoro, una de las comunidades que debieron ser beneficiadas con proyectos para el fortalecimiento de políticas agroalimetarias, cuyos fondos fueron desviados en 2013 a campañas políticas.
Palma, integrante de la Empresa Campesina Asociativa Fernández Figueroa, contó que a lo largo de los últimos 19 años han sobrevivido –junto a sus hijos– al hambre, inundaciones y persecución militar. Para ella es inexcusable que fondos provenientes de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, fueran redirigidos al financiamiento de campañas políticas mientras ellas y ellos apenas sobrevivían en medio de carencias.
“Yo exijo justicia, como mujer campesina, como mujer afiliada a la CNTC [Central Nacional de Trabajadores del Campo], exijo justicia para esa gente que nos robaron nuestros derechos”, dijo a Criterio.hn durante la conferencia de prensa en demanda de una resolución por parte de la Sala de lo Constitucional para que sean reconocidas como víctimas del caso.
El caso Pandora fue presentado el 13 de junio de 2018 por las desaparecidas Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) y la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad (UFECIC) e involucró a 38 imputados, entre diputados, funcionarios públicos y personas particulares por el desvío de 282 millones de lempiras para el financiamiento de los partidos Nacional, Liberal y Frente Amplio de cara a las elecciones de 2013.
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SALA DE LO CONSTITUCIONAL SIGUE SILENCIADA
Desde el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) se urgió un pronunciamiento por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al recurso de amparo para el reconocimiento de las y los campesinos como víctimas del caso Pandora, interpuesto en 2020.
La Vía Campesina, la CNTC, el Consejo para el Desarrollo Integral de la Mujer Campesina (Codimca) y Cespad, a través de un pronunciamiento, advirtieron que la ausencia de una resolución obstaculiza el acceso a la justicia de las comunidades campesinas, lo que sienta un precedente que profundiza la corrupción e impunidad para otras víctimas.
Agregaron que la ausencia de una resolución al recurso de amparo para el reconocimiento de las y los campesinos como víctimas del caso Pandora evidencia la ausencia de compromiso, por parte de las y los magistrados de la Sala de lo Constitucional, en la lucha contra la corrupción, el respeto de los derechos humanos y el acceso a la justicia en Honduras.
“Este letargo es una muestra más de la incapacidad del Estado de Honduras para resolver problemáticas de las familias campesinas y desentrañar las redes de macrocorrupción que imperan en el país, al blindar con impunidad a las y los imputados en el caso Pandora”, lee el comunicado.
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EXIGEN JUSTICIA Y RESARCIMIENTO A VÍCTIMAS DE CORRUPCIÓN EN CASO PANDORA
Wendy Cruz, integrante de La Vía Campesina, señaló que el Estado de Honduras tiene una deuda histórica con la ciudadanía hondureña, especialmente las familias campesinas e indígenas en cuyo nombre se gestionan recursos que van a parar a otras manos.
“En el caso Pandora, ya miramos cómo se limpiaron sus expedientes, pero no resarsen los daños. Yo creo que es tiempo que como hondureños, como hondureñas, como población del área rural, levantemos nuestra voz”, afirmó a Criterio.hn.
Cruz recalcó la importancia de exijir a la Sala de lo Constitucional que de una resolución del recurso de amparo interpuesto en 2020, para resarcir los daños y asegurar la no repetición de estos actos de corrupción.
Recordó que las consecuencias de la corrupción tiene rostro, y estos son los rostros de campesinos, campesinas, niñas y niños, jóvenes, quienes son obligados a salir de Honduras al no tener oportunidades para mejorar sus condiciones productivas y sociales.
