Con la aprobación del acuerdo núm. 001-2018, se declaró la reserva de información sobre los aportantes privados a campañas de partido políticos.
La solicitud de retirar esta reserva fue presentada en mayo de 2021 por diversas organizaciones de sociedad civil, pero hasta ahora no se ha dado una respuesta por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Tegucigalpa, Honduras. -Hasta el 2028 será posible conocer los nombres de las personas y empresas que financian las campañas políticas en el país, debido a una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que decretó una reserva de diez años sobre esta información, limitando el acceso a los detalles de las contribuciones privadas.
Según explicó Ivonne Ardón, comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), la única instancia que podría revertir esta reserva es la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Ardón, quien fungió como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, recordó que existe un recurso de amparo contra esa resolución del IAIP.
“Es importante hacer mención que cuando se presentó esta petición ante el IAIP, para que se echara atrás esa reserva, ya habían vencido los plazos. La vía legal ahora es la presentación de un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ”, explicó.
La comisionada también resaltó la gravedad de mantener en secreto quiénes financian a los partidos políticos. Esto, aseguró, no solo atenta contra la transparencia, sino que también limita el derecho de la ciudadanía a evaluar los intereses que podrían estar detrás de las decisiones políticas.
“Esperamos que la máxima autoridad eche atrás esa resolución, o de lo contrario, habrá que esperar hasta 2028, que es cuando se vence la reserva otorgada por el IAIP”, señaló la comisionada durante su intervención en un foro televisivo.
La reserva de información sobre los aportantes privados a campañas políticas fue aprobada en 2018 mediante el acuerdo 001-2023, respondió a una solicitud del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Con dicha medida, se considera como información reservada los datos personales de toda persona natural o jurídica que realice aportes privados a campañas de cualquier nivel electivo, así como las bases de datos de la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos (UFTF) relacionadas a las contribuciones financieras.
La comisionada de la UFTF, Ivonne Ardón, indicó que como única para que se conozcan quienes aportan a las campañas electorales es un fallo ante a favor del recurso de amparo, una medida que, de ser desestimada, prolongará el silencio hasta que la reserva expire en 2028.
UNA BATALLA LEGAL SIN RESULTADOS
El recurso de amparo, al que hace mención la comisionada Ivonne Ardón, fue presentado en mayo de 2021 por las organizaciones de sociedad civil, la Coalición Anti-corrupción (CAC), el Bufete Jurídico de los Pueblos (BJP) y la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), con el acompañamiento de la organización internacional Abogados sin Frontera-Canadá.
En dicho recurso las organizaciones exponen que dicha resolución vulnera el derecho de acceso a la información pública e impide el control social de la ciudadanía y la prensa. No obstante, ni la anterior Corte Suprema de Justicia –que fue presidida por Rolando Argueta— o el actual pleno, presidido por Rebeca Ráquel Obando, han emitido un fallo ante este recurso.
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INFORMACIÓN SOBRE APORTACIONES DEBE SER PÚBLICA
A juicio del extitular de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC), Edmundo Orellana, la información de quienes aportan dinero a las campañas políticas debe ser de conocimiento público.
Orellana, exfiscal general, dijo a Criterio.hn que el financiamiento de las campañas electorales es un tema sumamente complejo, porque en varios casos las aportaciones que provienen desde la economía del crimen “no le importa las prohibiciones y controles que pongan”.
“Por supuesto que es necesario de la población en general pueda tener acceso a esa información, pero el haber colocado esa disposición, solo revela que los políticos, pretenden mantener en secretos sus financiamientos”, enfatizó.
El secretismo en el financiamiento político genera preocupación en diversos sectores, especialmente en un contexto donde los aportes privados suelen influir significativamente en las campañas. La falta de transparencia puede abrir las puertas a la entrada de dinero ilícito o al control de intereses particulares sobre la agenda pública.
Por otro lado, la falta de transparencia en el financiamiento político es un desafío que pone a prueba la credibilidad de las instituciones y la calidad del sistema democrático. Si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no interviene, la ciudadanía tendrá que esperar hasta 2028 para acceder a información que, en un sistema democrático saludable, debería ser pública y accesible.
En conclusión, el caso subraya la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no solo como principios éticos, sino como herramientas indispensables para garantizar que las decisiones políticas respondan al interés colectivo y no a agendas particulares. Con la mirada puesta en el 2028, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué costo tendrá para la democracia este largo periodo de oscuridad en el financiamiento electoral?
