El gobierno de Xiomara Castro ha mantenido la práctica de la opacidad mediante el uso de ciertos artículos de la Ley del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que permiten la confidencialidad, de manera similar a lo que se llevó a cabo durante la administración de Juan Orlando Hernández, utilizando la derogada Ley de Secretos
Tegucigalpa, Honduras. – La felicitación de la presidenta Xiomara Castro por el Día del Periodista, conmemorado cada 25 de mayo, provocó que los comunicadores y demás organizaciones de la sociedad civil pidieran que se les permita desarrollar el libre ejercicio de la prensa, debido a que este derecho ha sido y sigue siendo vulnerado con la opacidad que persiste en el país.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, la presidenta Castro destacó la importancia de reflexionar sobre el papel invaluable del periodista considerándolos guardianes de la libertad de expresión y pilares fundamentales de la democracia.
No obstante, el ejercicio del periodismo en Honduras sigue siendo vulnerado por las prácticas de opacidad del gobierno, especialmente en proyectos de gran envergadura, amparados en la reserva permitida por la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada en 2006.
Entre los proyectos, cuya información ha sido clasificada como reservada, se encuentran la compra de Black Mamba, la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne y el tren interoceánico, contratos petroleros en la Moskitia, compras en Casa Presidencial, entre otros.
Esta clasificación se sustenta en los artículos 17 y 18 de la ley de acceso a la Información Pública, que permiten declarar la información como reservada cuando el posible daño causado por su divulgación es mayor que el interés público. Estos artículos mencionan temas de seguridad, finanzas, algunos casos jurídicos y la estabilidad financiera del Estado.
La duración de la reserva se mantendrá mientras subsista la causa que originó la clasificación. Fuera de estas circunstancias, la reserva tendrá una duración máxima de 10 años, manda la normativa.
De su interés: Honduras conmemora libertad de prensa con más de 100 ataques a periodistas
PERSISTE OPACIDAD Y FALTA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Tras la llegada de un nuevo gobierno en enero de 2022, se albergaban esperanzas de que las prácticas de opacidad y secretismo del gobierno anterior, encabezado por Juan Orlando Hernández (2014-2022), quedarán en el pasado. Sin embargo, esta expectativa no se ha cumplido.
Se creía que la opacidad llegaría a su fin con la derogación de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos el primero de marzo de 2022, la cual había sido utilizada para ocultar información.
A pesar de ello, a dos años y medio del gobierno de Castro, han surgido numerosas denuncias, quejas y reclamos públicos por parte de periodistas, ciudadanos e integrantes de organizaciones de la sociedad civil respecto a la falta de transparencia en la información gubernamental.
Algunas denuncias indican que, al solicitar información, se recibe la respuesta de que ésta ha sido declarada como reservada. En otros casos, la información se proporciona de forma parcial e incompleta, o se otorga una prórroga que luego no se cumple
Otra falencia común es la entrega de información no desglosada. Según ha constatado este medio digital, en la evaluación de los ministros solo se muestran rangos, y en las subvenciones entregadas a diputados del Congreso Nacional, solo se presenta una suma total sin ofrecer detalles específicos.
Estos problemas se ven agravados por las deficiencias del Portal de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública, que estuvo inactivo durante dos meses, desde el 19 de diciembre de 2023 hasta el 28 de febrero de 2024, según se justificó se debió al traslado de las instalaciones del IAIP.
Además: Congreso Nacional sigue entregando subvenciones a diputados bajo opacidad
En relación con este tema, Juan Carlos Aguilar, director de Justicia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), enfatizó que la opacidad tiene un impacto indirecto en el derecho a la libertad de prensa al dificultar el acceso a la información.
Aguilar también resaltó que, en muchos casos, la información solicitada para reserva no cumple con el requisito de amenazar la seguridad nacional. Criticó la persistencia de prácticas opacas a pesar de la derogación de la Ley de Secretos, utilizando otros métodos para mantener la falta de transparencia,
Aguilar señaló que el gobierno sigue utilizando prácticas similares a las de la clase política tradicional, lo que no contribuye al fortalecimiento de la democracia y no genera beneficios para la sociedad.
En cuanto al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Aguilar mencionó la existencia de solicitudes de información pendientes, lo que plantea dudas sobre el verdadero acceso a la información. Por lo tanto, enfatizó la necesidad de imponer sanciones por el incumplimiento en la entrega de información.
Para abordar estos problemas, propuso fortalecer la voluntad política, mejorar los aspectos técnicos, asignar recursos adecuados y realizar reformas legales a la Ley de Acceso a la Información Pública que establezcan castigos y multas a las instituciones que no cumplen con la entrega de información.
