Distintos sectores de sociedad civil instan al Gobierno a hacer más públicos los avances de las negociaciones con las Naciones Unidas, con relación a la instalación de la CICI en Honduras
Tegucigalpa, Honduras.- El 25 de octubre de 2022, el canciller de la República, Enrique Reina, aseguró que el Gobierno ya había recibido la respuesta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la contrapropuesta que le habían efectuado meses atrás, con relación al borrador del memorando de entendimiento que daría vida a una eventual Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICI). Sin embargo, a dos semanas de aquello, dicha información no se ha hecho pública por parte de las autoridades.
El Gobierno, a través de Cancillería, publicó el 23 de agosto de 2022 la actualización al borrador del memorando de entendimiento, mediante el cual emitían una contrapropuesta a la propuesta original que efectuó el organismo internacional. Posteriormente, el 21 de septiembre de 2023, la presidenta Xiomara Castro y el secretario general de la ONU, António Guterres, se reunieron en Nueva York y acordaron agilizar el proceso de instalación de la CICI.
De hecho, en una entrevista concedida a Criterio.hn el 12 de octubre de 2022, la coordinadora residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, manifestó su esperanza en que la última respuesta de las Naciones Unidas al Gobierno diera paso a la firma del convenio entre ambas partes. Aun así, aunque la Administración Xiomara Castro ya tiene esa respuesta en sus manos, todavía no hay indicios de que el memorando se firme.
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Lo único que se ha informado, oficialmente, es el viaje de una delegación integrada por altos funcionarios del Estado viajará a Nueva York y se sentará con representantes de la ONU. No obstante, todavía no se ha anunciado la fecha, ni quienes integrarán esa comitiva.
PREOCUPA POCA INFORMACIÓN
Uno de los elementos que más preocupación genera, sobre todo desde los organismos de sociedad civil, es la poca publicidad de información que ha existido con relación a las negociaciones que se están generando entre el Gobierno y las Naciones Unidas.
“Nos preocupa la opacidad que ha habido en este proceso. La ciudadanía en general y las organizaciones de sociedad civil carecemos de información de este intercambio, así como del proceso de consensos y disensos en las negociaciones”, dijo a Criterio.hn el director del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías.
El 1 de noviembre de 2022, la diputada de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Zelaya, presentó un proyecto de decreto encaminado a reformar el artículo 232 de la Constitución de la República y, de esa forma, retirarle la exclusividad de ejercer la acción penal que posee actualmente el Ministerio Público.
Sin embargo, subrayó el director del Cespad, existen otras alternativas. “Ya se ha planteado que el camino es la reforma al Código Procesal Penal, que pueda habilitar o ajustar la figura de acusador privado a una de querellante adhesivo, lo cual permitirá permita que la CICI pueda tener esa opción de ser acusador en conjunto con la Fiscalía, sin que ello implique un atropello al monopolio de la acción penal”.
A pesar de lo anterior, mediante Twitter, el canciller Enrique Reina recalcó que la iniciativa presentada por la diputada oficialista ante la Cámara es parte de la agenda del Ejecutivo.
“El proceso de CICI ha ido avanzando progresivamente, después de reunión de la presidenta Xiomara Castro con el secretario general de la ONU, António Guterres en Nueva York, en septiembre. Propuesta de diputada Xiomara Zelaya es un paso decidido en ese avance”, tuiteó Reina el 10 de noviembre de 2022.
A criterio del investigador del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, los letargos por parte del Gobierno, con relación a la firma del memorando de entendimiento, se están volviendo innecesarios.
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“El convenio que daría a vida a la CICI es un convenio internacional, por lo que no vemos necesarios que se haga una reforma constitucional previo a la firma del mismo. Si, por el contrario, después de la firma se quieren hacer estas reformas, en ese momento sí será atinado. Creo que no debería haber condicionantes previos a la suscripción del convenio, porque representan la colocación de pasos que no competen a esta etapa de la negociación”, explicó a Criterio.hn.
PROCESO
Semanas después de su investidura presidencial, el 14 de febrero de 2022, Xiomara Castro envió a la ONU la solicitud formal que dio paso a las negociaciones para instalar una CICI en Honduras. Un mes más tarde, el secretario general de la ONU, António Guterres le respondió satisfactoriamente a Castro, informando que el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas conformaría una comisión técnica, misma que visitó el país entre el 8 y el 14 mayo.
A partir de ese momento, Naciones Unidas y Gobierno han trabajado en la elaboración de un borrador del memorando de entendimiento entre ambas partes, que consta de dos fases previas.
La primera consiste en una etapa en que el Gobierno se comprometa a establecer los cimientos que permitirían al ente anticorrupción actuar con independencia. Allí, se contemplaría la creación de nuevas leyes, entre ellas la Ley de Colaboración Eficaz, así como la derogación de otras como el decreto 116-2019, el 57-2020 y el 93-2021, y las nuevas reformas al Código Penal. La segunda fase, en tanto, sería la suscripción del convenio.
Al cierre de esta nota el expresidente, Manuel Zelaya Rosales, manifestó que la otra semana sale una misión del gobierno de Honduras hacia Estados Unidos para las negociaciones para la venida de la CICIH.
