Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su preocupación ante el proceso prolongado de la militarización del sistema penitenciario hondureño, instando al Estado de Honduras presentar un informe sobre los avances de la Junta Interventora responsable del control de los centros penales.
La OACNUDH y la CIDH, expresaron su preocupación ante “el proceso de militarización del sistema penitenciario en Honduras, especialmente por la declaratoria de emergencia e intervención de dicho sistema por parte de la FUSINA, emitida en el decreto PCM-068-2019 de diciembre de 2019”.
Y es que, aunque el decretó que establecía inicialmente una duración de seis meses, su vigencia fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del 2020, “el Estado no ha informado públicamente sobre el estatus de cumplimiento de su misión, principales resultados de su misión, principales resultados y plan de traspaso del sistema a las autoridades civiles”, señalaron los organismos internacionales.
Por lo que instaron al Estado de Honduras “a que se presente un informe público sobre el estado de cumplimiento de la misión y las obligaciones de la Comisión Interventora en el decreto de su creación, indicando los resultados de las acciones desempeñadas por la misma u la estrategia desvinculación de las fuerzas de seguridad de carácter militar de la gestión del sistema penitenciario y de la custodia de los centros penitenciarios”.
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La OACNUDH y la CIDH, apuntaron que “al menos ocho incidentes en centros penitenciarios han resultado en que al menos 54 personas privadas de libertad perdieran su vida, y múltiples resultaran heridas”. Asimismo, “en el marco de estos hechos, se presentarían alegaciones de tortura y malos tratos por parte de fuerza de seguridad, al menos 14 de ellas –incluyendo siete mujeres-, habrían perdido la vida en el contexto de la pandemia”.
Los organismos de la ONU también contextualizaron su petición señalando las condiciones sanitarias al interior del sistema penitenciario. Y es que además “el tema de salud en los centros penitenciarios constituye uno de los temas de mayor preocupación; debido a que, conforme a lo reportado por el Estado, al 31 de agosto de 2020, se cuenta con 1,695 casos positivos de Covid-19, en 25 cárceles del país”.
La asesora del Centro de Prevención y Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de
la Tortura (CPTRT), Melisa Escoto, explicó a Criterio.hn que “en relación a la intervención militar, no hemos visto un avance a los derechos en relación al cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad”.
Las autoridades no han presentado ningún informe pese a que durante la intervención al sistema penitenciario “alrededor de 44 personas han perdido la vida al interior de los centros penitenciarios, y en muchas de esas se usaron armas de grueso calibre”, detalló.
La asesora legal del Centro de Prevención y Tratamiento y Rehabilitación de las víctimas de la Tortura señaló que la condición de vulnerabilidad de los privados de libertad radica en la corrupción que hay al interior de los centros penales.
Porque “siempre nos preguntamos ¿cómo es que ingresan esas armas cuando es un artefacto que están totalmente prohibidas?”. Y es que “el ingreso de estas armas se debe e la corrupción que hay en el manejo de los centros penitenciarios”, aseveró.
