Omar Rivera fue funcionario en el gobierno de Manuel Zelaya, pero después se volvió una persona servil a Juan Orlando Hernández
Tegucigalpa.- Hay quienes aseguran que no existe moral dentro de la política, que el camaleonismo puede servir como una estrategia de supervivencia, y que la moral más bien puede mutar y adaptarse a los entornos.
Así podría ser calificado el perfil del controvertido dirigente de sociedad civil, Omar Rivera, quien asegura no seguir líneas partidarias o plegarse al poder de turno, pero cuya biografía demuestra todo lo contrario.
El actual secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), una organización civil que podría desaparecer en los próximos meses, se ha caracterizado por ser un multifacético líder de opinión pública: político, funcionario público, experto en seguridad pública, columnista, dirigente social y opinólogo.
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El 26 de diciembre de 2019, el gobierno de Juan Orlando Hernández (2014-2022) relanzó el Fonac, que originalmente había sido creado el 26 de diciembre de 1994, bajo decreto legislativo 155-1994, pero que se había mantenido en suspenso en los años previos.
Un més después, el 27 de enero de 2020, a proposición de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) y con voto unánime de las 22 organizaciones que integran la asamblea general del Fonac, se nombró a Omar Rivera como secretario ejecutivo de dicha organización.
A partir de ese momento, según diversos sectores, el Fonac se convirtió en una trinchera que asolapó y legitimó actos corruptos de la más reciente administración, sobre todo durante la emergencia derivada de la pandemia del covid-19.
Un Omar Rivera obediente…
Al momento en que el obediente Omar Rivera recibía órdenes destinadas a defender la adquisición de siete hospitales móviles por parte de la recién liquidada Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), él aseguraba que eran de «alta tecnología», aun cuando verdaderos expertos en salud e ingeniería biomédica advertían todo lo contrario.
Al final se evidenció que Omar Rivera, una especie de todólogo, no había acertado. El Ministerio Público comprobó que las unidades modulares no cumplían con los requisitos mínimos para atender a pacientes de coronavirus, y consiguió detención judicial contra el exdirector de Invest-H, Marco Bográn, y el exadministrador de esa institución, Alex Moraes, ambos acusados por delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios. Los dos fueron vencidos en juicio y hallados culpables por un fraude que le costó al Estado hondureño US$ 47 millones.
El 21 de septiembre de 2022, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional el anteproyecto de la Ley de la Mesa Nacional de Participación Ciudadana, que de ser aprobado por las diputadas y los diputados daría paso a la eliminación del Fonac, que sería sustituido por la Mesa de Participación Ciudadana. Omar Rivera asegura que no es necesario liquidar el Fonac.
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«Si el problema es que yo tenga que hacerme a un lado (del Fonac), yo me hago a un lado, yo no tengo problemas con ello. Si esa va a ser la mística ahora, que cada quien que les estorbe van a tener que amenazarle hasta que se vaya, si quieren imponer ese estilo, no hay ningún tipo de problema», dijo en tono manipulador Rivera, quien además asegura que su vida corre peligro y que, si aparece asesinado, la responsabilidad será del Estado hondureño.
Acostumbrado -durante la doble administración de Juan Orlando Hernández- a transportarse en camionetas de lujo y con escoltas, Omar Rivera aseguró a medios locales que desde que Xiomara Castro ingresó al poder, el 27 de enero de 2022, se le ha retirado ese beneficio.
COMISIÓN DEPURADORA DE LA POLICÍA
Entre 2016 y 2019, Rivera integró la Comisión Especial de Depuración Policial, que, según datos recogidos por el Wilson Center, separó de la institución a 4,627 elementos y remitió más de 2,000 expedientes al Ministerio Público. También, desde ese espacio, colaboró en la redacción y revisión de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y de la Ley de la Carrera Policial.
A pesar de ello, la mayoría de esos casos no fueron judicializados y los policías únicamente fueron retirados de la institución sin haberles realizado audiencias de descargo a muchos de ellos, a pesar de que el artículo quinto del decreto 21-2016 lo ordenaba.
En una entrevista concedida a Criterio.hn el 27 de agosto de 2022, Rivera manifestó: «Yo estoy consciente de que todo se hizo en el marco de la legalidad. Las acciones que efectuamos estuvieron limitadas a realizar las recomendaciones en el marco de las facultades que el Congreso nos otorgó».
¿QUIÉN ES OMAR RIVERA?
Omar Edgardo Rivera Pacheco, nació el 25 de julio de 1971 en San Pedro Sula, Cortés, pero vivió sus primeros años en El Progreso, Yoro. Estudió ingeniería industrial en el Centro Universitario Regional del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (CURN-UNAH), donde egresó en 1995 y donde además presidió la Asociación de Estudiantes Universitarios de El Progreso, entre 1991 y 1992.
Con solo 23 años, durante las elecciones generales del 28 de noviembre de 1993, se convirtió en regidor municipal de El Progreso para el período 1994-1998. También fue vicepresidente de la Juventud Liberal, adscrita al Partido Liberal, con el cual simpatizó hasta 2009, año del golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-2009).
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A pesar de haberse supuestamente desmarcado de cualquier línea política-partidaria, en algún momento, sobre todo en la etapa en que fue director ejecutivo del Grupo de Sociedad Civil (GSC), se mostró afín a Libertad y Refundación (Libre), pero en medio de su paso por la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), su subconsciente le ordenó que debía estar del lado de las mieles del poder ejercido por el nacionalista Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022, y actualmente procesado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Aunque desde el GSC criticaba algunas acciones del primer gobierno juanorlandista, con su traslado a la ASJ, donde se desempeñó como director de Incidencia entre 2014 y 2019, el discurso de Omar Rivera fue ablandándose progresivamente, hasta que el 12 de abril de 2016 Juan Orlando Hernández lo juramentó, junto a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Cecilia Morales, y al pastor evangélico, Alberto Solórzano, como comisionado de la Comisión Especial de Depuración Policial.
Años más tarde, cuando las funciones de Omar Rivera habían cesado dentro de la junta depuradora, a su patrón Juan Orlando Hernández se le ocurrió reactivar el Fonac. Desde el 27 de enero de 2020 es su secretario ejecutivo, devengando, según el portal de transparencia, un salario mensual de L 90,000.
DE APOYAR LA CUARTA URNA A SERVIRLE A JOH
La trayectoria de Omar Rivera trasciende mucho más allá a los tiempos de Juan Orlando Hernández. A lo largo de sus 51 años, este autodenominado dirigente de sociedad civil ha sabido moverse con astucia durante distintos gobiernos, ello con el propósito de garantizarse cargos dentro de la administración pública.
A finales de 2005, cerca del ocaso del gobierno nacionalista de Ricardo Maduro (2002-2006) y comienzos del gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), se desempeñó como miembro del Consejo de Directores del Foro Hondureño de Inversión Social (FHIS), ocupando esa función hasta febrero de 2007.
A pesar de su salida del FHIS, ese año se le nombró asesor técnico del Gabinete Social del Gobierno de la República, rectorado por Rodolfo Pastor Fasquelle, en un cargo que ostentó hasta el 28 de junio de 2009, día en que el expresidente Zelaya Rosales fue derrocado por un golpe de Estado.
A Rivera también habrá que recordarlo ese día con un traje negro y una camisa blanca, apostillado frente a militares en Casa Presidencial, leyendo la Constitución con un discurso antigolpista. ¿Qué lo convirtió en un servil de ellos años después?
En los meses previos, como muestra de su lealtad pro tempore a Zelaya Rosales, Omar Rivera se convirtió ante los medios de comunicación en un férreo defensor de la Cuarta Urna, el malogrado proyecto político que encabezó el expresidente y sus más cercanos colaboradores, y que le costó el cargo de presidente.
Con la Cuarta Urna se pretendía que el 29 de noviembre de 2009, durante las elecciones generales de ese año, a la ciudadanía se le consultara -además de las tres urnas tradicionales: presidente, diputados y corporación municipal- lo siguiente: «¿Está usted de acuerdo con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente?»
Sin embargo, la intención de Zelaya Rosales fracasó y, en medio de esa coyuntura, Omar Rivera se integró al Grupo de Sociedad Civil (GSC), una emergente organización social de izquierda que, apenas en febrero de 2008, había obtenido su personería jurídica, desempeñándose allí como director ejecutivo hasta agosto de 2014.
Después pasó a la derechista ASJ y, con la unción de su padrino Juan Orlando Hernández, se desempeñó como depurador policial entre 2016 y 2018. Años más tarde, al «leal» Omar Rivera se le permitió preservar su máscara de «líder de sociedad civil», que, aparentemente, el Gobierno pretende arrebatarle. ¿De qué lado estará en el futuro?
