Tegucigalpa. – Pese a contar con tres fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en favor de sus comunidades, el pueblo Garífuna y la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) continúan bajo asedio por la defensa de su territorio.
Así lo dejó plasmado la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras al evidenciar que nuevamente, en 2023, Ofraneh es la organización que reporta más agresiones, seguida por Radio Progreso y Ecuménicas por el Derecho a Decidir.
Los datos se desprenden del documento “Rebeldes y Persistentes, informe realidad de las defensoras en Honduras 2023” que reveló un incremento del 125% en las agresiones contra mujeres defensoras, demostrando que la inseguridad persiste, pese a la implementación del cuestionado estado de excepción en 226 municipios del país.
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Los ataques contra Ofraneh estarían vinculados “a la sistemática violencia contra el pueblo Garífuna, su cultura, su comunidad y bienes naturales” apuntó la Red Nacional de Defensoras en un comunicado de prensa.
DESPLAZAMIENTO FORZADO Y MIGRACIÓN, RESULTADO DE LA VIOLENCIA
La integrante de la Ofraneh, Jessy Castro, planteó que las mujeres Garífunas encaran peligros y violencias que han ocasionado el vaciamiento de su territorio, impactando en la vida comunitaria y la educación de la niñez Garífuna.
Es la mujer Garífuna la que está salvaguardando los bienes de la familia en las comunidades, detalló. Agregando que enfrentan una serie de problemáticas, entre las que destacó el despojo de sus tierras ancestrales a causa del narcotráfico, haciéndoles vulnerables al desplazamiento forzado y la migración hacia Estados Unidos.
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“Las mujeres Garífunas en las recuperaciones [de tierra] sufren de amenazas, persecuciones y problemas internos, por ejemplo, el machismo”, apuntó. A la vez que destacó el papel de la mujer Garífuna en la transmisión de conocimientos y el idioma a las nuevas generaciones.
“Antes, en nuestras comunidades, podíamos dormir con las ventanas abiertas, porque nuestros antepasados así nos inculcaron a nosotros. Hoy en día, ya no podemos hacer eso”, indicó Castro en relación a la inseguridad que viven en sus comunidades.
En el informe, también se destacó la situación de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, regional de El Progreso, Yoro. Dicha organización es conducida mayoritariamente por mujeres y si bien “no ha tenido agresión determinada como institucional, es una de las que más ha sido impactada por las políticas de desalojo y problemática agraria”.
