“Mientras algunas personas se centran en hablar de esa reforma constitucional, nosotros tenemos un listado de 13 o más normativas que deben ser derogadas, reformadas o aprobadas que están en standby en el Congreso Nacional”: Jimena García, fundadora de Honduras Resurge.
Tegucigalpa. –La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) y proyectista de la reforma al artículo 232 de la Constitución de la República, Xiomara Hortensia Zelaya ha reiterado su postura en favor de esta modificación al texto constitucional para que el mecanismo anticorrupción llegue al país con verdaderas herramientas que combatan lo delitos y no como un “adhesivo” del Ministerio Público.
Durante una declaración a medios de comunicación, la congresista expuso que la reforma constitucional es una necesidad para que a la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) no le suceda lo mismo que a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), que no tuvo autonomía para actuar con independencia en la persecución penal.
“La CICIH es una alternativa para poder ir construyendo esas reformas y esos cambios necesarios para que exista un verdadero combate a la corrupción”, puntualizó la legisladora.
Sumado a ello, cree que la CICIH debe venir a Honduras con todas las garantías para sostenerse y además para investigar plenamente los casos de corrupción.
Asimismo, señala que todo el sistema de justicia debe reformarse, ya que permitió una reelección ilegal, cubrir actos de corrupción y no actuar frente a las denuncias.
Zelaya hizo referencia a la aprobación de decretos como el 116-2019 que ha blindado a diputados y exdiputados investigados por malversación de fondos públicos.
El 1 de noviembre de 2022, la diputada Zelaya Castro, hija de la presidenta Xiomara Castro presentó ante el seno del Congreso Nacional un proyecto de decreto encaminado a reformar el artículo 232 de la Constitución de la República y, de esa forma, retirarle al Ministerio Público la exclusividad de ejercer la acción penal.
Con esta reforma, Zelaya Castro, insiste que una eventual misión anticorrupción auspiciada por la ONU podrá procesar penalmente los casos sin necesidad de recurrir al Ministerio Público y será sostenible en el tiempo.
La modificación del texto constitucional, planteada por la congresista, requiere la aprobación por mayoría calificada, es decir 86 votos, también va a necesitar una ratificación en la legislatura que iniciará el 25 de enero de 2024.
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REFORMA CONSTITUCIONAL NO ES NECESARIA
A consideración de la representante de la Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), Gabriela Blen, una reforma constitucional solamente sería necesaria en el caso en el que se le quiera brindar la facultad de quererte adhesivo a la CICIH, pero ese no es el caso de la propuesta presentada por la diputada, Hortensia Zelaya Castro.
Blen explicó que, si no se le van a brindar capacidades de investigación ni de independencia a la CICIH, una reforma constitucional no es necesaria y es algo que ya se ha mencionado ampliamente, porque el Código Procesal Penal contempla la figura del acusador privado, el que puede acompañar todo el proceso penal y el proceso judicial del mecanismo anticorrupción.
En una entrevista con Criterio.hn señaló que si se quiere hacer una reforma constitucional o es para darle la figura de querellante adhesivo a la CICIH o es para que esta sea de carácter permanente en el país, “lo cual en ningún momento se ha mencionado en la propuesta de la diputada Zelaya”.
La representante de sociedad civil analiza que la propuesta de la reforma constitucional podría ser para negociar y dilatar el proceso porque una reforma de esa índole requiere mayoría calificada en el Congreso Nacional y debe ratificarse en una siguiente legislatura. Además, esta modificación al artículo 232 necesita el apoyo de diputados que han sido investigados por la MACCIH por actos de corrupción y “ellos no van a votar por fortalecer un mecanismo que después los va a llevar a la cárcel”.
Blen es de la opinión que al esperar la ratificación en la siguiente legislatura es una perdida de tiempo y es algo que Honduras no tiene, porque la corrupción se asemeja al cáncer y este ya está en etapa terminal.
En esa misma línea de pensamiento está la fundadora de Honduras Resurge, Jimena García Merino, quien dijo a este medio digital que no se requiere una reforma constitucional para darle las competencias que se le quieran dar a la CICIH que es por tiempo limitado.
En ese sentido, expresó que tampoco tiene que estar en la Constitución de la República y que, si se quiere darle la figura de querellante adhesivo, lo que se tiene que modificar es el Código Procesal Penal.
“Mientras algunas personas se centran en hablar de esa reforma constitucional, nosotros tenemos un listado de 13 o más normativas que deben de ser derogadas, reformadas o aprobadas que están en stand by en el Congreso Nacional”, acotó.
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GRUPOS CONSPIRAN PARA QUE NO LLEGUE LA CICIH
La representante de sociedad civil Gabriela Blen afirma que hay personas presionando para que la CICIH no llegue al país y espera que la presidenta, Xiomara Castro no ceda.
El Gobierno de Honduras ha manifestado abiertamente su voluntad de instalar la CICIH y de no cumplir con esta promesa de compaña estarían “cometiendo un suicidio político al no instalar el mecanismo anticorrupción, además de defraudar la esperanza de millones de hondureños que aspiramos a que en Honduras se arranque de raíz esa red de corrupción que sigue desangrando al Estado”.
Con un análisis similar al de Blen se expresa Jimena García Merino, quien refiere que hay personas con mucho poder que van a hacer todo lo posible para que no se instale el mecanismo contra la corrupción en Honduras.
No obstante, declaró que desde sociedad civil tienen el compromiso de hacer el contrapeso en este caso, “de luchar para que si se instale y sí se dé los espacios para la llegada de la CICIH”.
En el marco del Twitter Spaces del pasado 11 de mayo, el ministro de Transparencia y Anticorrupción, Edmundo Orellana, aseveró que la reforma constitucional está contemplada en el memorandùm de entendimiento suscrito en diciembre de año pasado entre el Gobierno de Honduras y la ONU y quien diga lo contrario está faltando a la verdad.
