Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción, (OCC), pondrá en perspectiva regional una coyuntura muy compleja de constantes amenazas, con liderazgos tóxicos que afectan los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables de la sociedad, y fomentan la impunidad en el continente americano, expresó Gina Romero, directora de la entidad, en una conferencia vía Zoom desde la república de Perú.
El OCC es una red de redes que surgió hace cinco años de organizaciones de la sociedad civil y de los Capítulos de Transparencia Internacional en 15 países del continente, por activistas anticorrupción, académicos, periodistas, intelectuales y grupos vulnerables de la sociedad, entre otros segmentos.
El lanzamiento cuenta con auspicio de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), el Foro Ciudadano de las Américas (FCA) y respaldo de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).
El OCC deriva también del mandato de la VIII Cumbre de Lima de informar, crear conciencia y verificar el cumplimiento de compromisos en materia anticorrupción, acceso a la información pública y Estado de Derecho suscritos por gobiernos en las cumbres presidenciales de la Organización de Estados Americanos, (OEA).
La fuerte caída de los últimos años en la imagen de la democracia como sistema que satisface a los pueblos del continente coincide con el aumento de la corrupción, exacerbada con la pandemia de Covid-19, y es una realidad que demanda acceso a la información pública, más participación, vigilancia, denuncia y seguimiento social.
Los panelistas Delia Ferreira, investigadora, abogada y escritora argentina; Evelyn Villareal, académica peruana y Natasha Mulabi, activista transgénero, dieron distintos enfoques de cómo la pandemia aceleró los abusos de las autoridades, la corrupción diferenciada (la de funcionarios de baja escala) y la necesidad de la denuncia, crítica y participación de la comunidad en veeduría social organizada.
“Existe una peligrosa combinación entre la emergencia y las necesidades del sistema de salud, con gobiernos que toman la narrativa anticorrupción pero no las acciones contra el flagelo; es un desafío cuando el 75% de la población están insatisfechos con la democracia, por eso es vital el acceso a información pública, concluye Delia Ferreira.
Para Villareal, “la corrupción golpea a todos y golpea a nadie porque resulta difícil ponerle precio al costo social de una mala obra o servicio, pero sí podemos trasladarlo a los cotidiano para ponerle costos y números”. Es una tarea difícil de hacer, pero con auxilio de las oenegés de la sociedad y de conocedores se puede establecer ese costo para hacer la denuncia.
Si las cosas están mal es necesario explotar todas las alianzas colaborativas de la sociedad, apuntó.
Mulabi, desde la perspectiva de la comunidad LGTBI, subrayó en el costo monetario que tiene la corrupción en el sector social que representa. “existen costos monetarios y costos en la pérdida de derechos, como la rendición de cuentas y el acceso a información pública”.
Recomendó al OCC llegar a los sectores de más bajos ingresos. “Los sectores LGTBI son los más afectados por el sistema, son los de más bajos ingresos que sufre una corrupción diferenciada, cuando se le paga a un policía por dejar trabajar, cuando somos víctimas de la violencia de la sociedad; somos grupos vulnerables a los que hay que acercarse de forma amigable y diferenciada”.
