Tegucigalpa, Honduras- La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo un llamado a las y los diputados del Congreso Nacional para que busquen los consensos para asegurar la independencia del Ministerio Público y el acceso a la justicia.
El llamado llega a pocos días para que el actual fiscal general, Óscar Chinchilla y el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, finalicen su gestión al frente del ente acusador del Estado. Mediante un comunicado, la OACNUDH expuso que la independencia y autonomía de la fiscalía es la “mejor garantía de un trato equitativo y objetivo para las y los ciudadanos, victimas y personas investigadas, incluyendo políticos”.
Por otro lado, el Alto Comisionado reconoció la labor del Congreso Nacional al conformar la comisión multipartidaria, que se encargó de realizar las audiencias públicas adicionales a los cinco candidatos que aprobaron cada una de las etapas del proceso de selección que realizó la Junta Proponente.
No obstante, pidió a las y los congresistas tomar en cuenta algunas recomendaciones entre ellas: que la elección esté basada en criterios de idoneidad, capacidad, merito e integridad.
Además, solicitan realizar que los votos se realicen de manera pública, nominal y razonada; que se cumpla los instrumentos internacionales que consagran la no discriminación de las mujeres y su derecho a participar en la vida pública.
A esta petición de Naciones Unidas, se unión el Frente Nacional para Elecciones Limpias (Frenael), quienes abogan para que las y los legisladores procedan a elegir al nuevo fiscal general y adjunto, de acuerdo con la Ley vigente, escogiéndolos dentro de la nómina de los cinco seleccionados por la Junta Proponente.
Frenael considera que este proceso de elección de segundo grado debe hacerse sin coacciones y acorde a los más altos intereses del país, porque Honduras es primero.
Sin embargo, han notado que hay “alertas rojas importantes” y varias situaciones que “ponen en riesgo” la elección de las autoridades de la fiscalía como: la insurrección legislativa que interrumpe las sesiones, rumores que se elegirá a un fiscal adicional, que los fiscales se elegirán fuera de la lista y que los fiscales no se elegirán en el tiempo establecido por la Ley y que, por tanto, el fiscal actual continuaría en su cargo.
“El Congreso Nacional no puede permitir que se siga debilitando la frágil institucionalidad que tenemos. Los diputados del congreso son responsables ante la Ley y la historia, si sus actos rompen el proceso de la justicia”, cita el boletín.
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NACIONES UNIDAS PIDE QUE DIPUTADOS CON PROCESOS PENALES PENDIENTES SE ABSTENGAN DE VOTAR
En el comunicado la OACNUDH recomienda a las y los congresistas que tengan procesos penales pendientes se abstengan de participar en la elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público, para evitar conflicto de intereses.
La elección de las nuevas autoridades del ente acusador del Estado, pasará por las manos de diputados que han sido señalados por la justicia de haber cometido actos de corrupción u otros delitos.
Son varios los ejemplos dentro de la bancada del Partido Nacional entre ellos: el congresista del departamento de Cortés, Alberto Chedrani, quien fue acusado por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) al formar parte de una red de corrupción para malversar más de 18 millones de lempiras del Congreso Nacional, de igual manera su compañera de bancada.
En el oficialista Partido Liberta y Refundación (Libre) está el diputado por el departamento de Yoro, Bartolo Fuentes, a quien el Poder Judicial le dictó auto de formal procesamiento por el delito de violencia contra la mujer agravada en perjuicio de su compañera de bancada, Melbi Ortiz.
Por el Partido Liberal, el congresista José Alfredo Saavedra, quien respaldó el golpe de Estado de 2009 contra el exmandatario, José Manuel Zelaya. En 2018 apoyó la reelección ilegal del fiscal, Óscar Fernando Chinchilla.
Para el abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía, el planteamiento de Naciones Unidas tiene que ver con una cuestión ética, y se debe tener en cuenta que cuando se trata de cuestiones que impliquen un conflicto de intereses, las y los diputadas deberían de abstenerse de participar en ese tipo de decisiones.
El analista dijo a Criterio.hn que la abstención de diputados que tienen procesos penales abiertos sería lo ideal, ya que las nuevas autoridades del Ministerio Público son las que se encargarán de investigar actos de corrupción.
Agregó que con ello se daría un mensaje de transparencia y que este proceso de elección de segundo grado se escogerá a personas integras e idóneas, y “no para que vaya a proteger los intereses de aquellos que están siendo señalados de corrupción”.
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ENTRAMPADA ELECCIÓN
La elección del fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público se ha visto entrampada ante la crisis e ingobernabilidad que existe entre el oficialismo y la oposición. Las tres fuerzas políticas con mayor número de diputados y diputadas no han podido llegar a un acuerdo para escoger a las autoridades de la fiscalía, pese a que existe un pacto entre el Partido Libertad y Refundación (Libre), Partido Liberal y Partido Nacional.
Este acuerdo se firmó en el marco de la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), gracias a ello se logró un acuerdo entre los tres partidos políticos, quienes obtuvieron su cuota de poder en el máximo tribunal de justicia.
Dicho pacto contempla una reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público para elevar a elección de segundo grado el director de fiscales, y así poder asegurar que el tripartidismo tenga su representación en la fiscalía, tal y como sucedió con el Poder Judicial.
