Por: Redacción CRITERIO.HN
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Arizona, Atlántida. -Una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) visitó el municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida, zona norte de Honduras, y llegó además hasta el río Jilamito en donde la empresa Ingelsa pretende construir una hidroeléctrica a la que se opone la comunidad.
La gira de tres días de la oficina del Alto Comisionado se desarrolló el 17, 18 y 19 de diciembre, con el objetivo de conocer de primera mano lo que piensan los habitantes de las comunidades cercanas al proyecto hidroeléctrico Jilamito que, según los pobladores, obstruiría el acceso al agua para consumo humano.
La delegación estuvo encabezada por el salvadoreño William Bolainez y el ecuatoriano Santiago Toledo, ambos se presentaron como delegados de derechos humanos y, entre otros lugares, visitaron la comunidad de El Retiro y la alcaldía municipal de Arizona, que preside Arnaldo Chacón, una de las personas criminalizadas por estar en contra del proyecto hidroeléctrico, quien ha sido citado a comparecer ante los tribunales de justicia, junto a otros cuatro líderes comunitarios, el 8 de enero, día en que se desarrollará el juicio oral y público.
Martín Fernández, coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en el departamento de Atlántida, manifestó que ellos han venido trabajando con la autodeterminación de los pueblos y procesos de resistencia en los territorios en donde se ha pretendido instalar proyectos mineros e hidroeléctricos.
“El tema del agua para consumo humano es fundamental acá. Acá en este municipio ya existen tres proyectos hidroeléctricos y hay un serio cuestionamiento por lo que implican los proyectos y los impactos que han tenido. Hoy entendemos que hay dos hidroeléctricas que no están funcionando debido a que están prácticamente soterradas y no tenemos ningún control como comunidad de ir a visitar. Ni siquiera la propia municipalidad puede entrar a inspeccionar proyectos que están dentro de su propio territorio”, dijo Fernández, al referirse a que se pierde la autonomía una vez que estos proyectos entran a una comunidad.
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El salvadoreño William Bolainez agradeció que le hayan recibido durante la visita de tres días y manifestó que la oficina del Alto Comisionado tiene un mandato de asistencia técnica sobre derechos humanos y mantienen conversaciones de alto nivel con el Estado de Honduras para tratar de dar recomendaciones. Pero, además, manifestó que cuentan con asistencia técnica a organizaciones de sociedad civil y sobre los estándares internacionales que se deben garantizar en la instalación de proyectos en materia de empresas y derechos humanos sobre consulta.
“La segunda parte de nuestro mandato es la observación, y nos hemos desplazado hacia el terreno para escuchar de primera mano en el área que será principalmente afectada por el proyecto hidroeléctrico Jilamito y conocer cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen con relación al proyecto y cuáles son las afectaciones que tendrán en lo referente a sus derechos económicos, sociales y culturales”, dijo Bolainez, dirigiéndose a los pobladores de Jilamito.
La misión de la OACNUDH se reunió también con los pobladores de las comunidades de Mezapita, El Retiro y Jilamo para recibir información sobre los impactos del proyecto Jilamito en sus zonas. Además, se reunió con liderazgos del MADJ, también criminalizados por defender el río Jilamito de la amenaza de la empresa Ingelsa que pretende construir su proyecto hidroeléctrico que estaría poniendo en riesgo el acceso a agua a 16 comunidades que se abastecen de este río.
A finales de octubre, el MADJ, el alcalde de Arizona Naldo Chacón y defensores de derechos humanos, denunciaron ante el Ministerio Público (MP), a 12 empresas que, confabuladas con funcionarios del Gobierno, habrían negociado de manera irregular contratos para generación de energía eléctrica, aprovechando el río Jilamito.
La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), por los abogados Martín Fernández y Víctor Fernández, quienes actuaron en representación de 16 comunidades a través del MADJ. Los profesionales del derecho han venido denunciando desde el 2008 las intenciones de varios empresarios de la costa norte de apoderarse de los recursos naturales en los municipios del departamento de Atlántida.
En su lucha los habitantes han evidenciado hechos que podrían configurar actos de corrupción en la contratación del Estado de 12 empresas, las que han sido acusadas de conformar “una red” en perjuicio de los recursos naturales y las poblaciones.
Los habitantes identifican como ideólogo y propietario del proyecto hidroeléctrico a la empresa Ingelsa del empresario Emin Abufele Marcos y como financista a la banca multilateral a través del BID y el Banco Canadiense BGC, pese a que el proyecto no habría cumplido con lo establecido en procesos de licitación pública, consulta previa informada, entre otros vicios.
