Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) reaccionó este lunes ante la muerte en una celda de la Policía Nacional, en el municipio occidental de La Esperanza, de la estudiante del último año de enfermería Keyla Martínez.
“Toda muerte en custodia debe ser investigada como potencialmente ilícita y deberán analizarse posibles signos de tortura, lesiones y/o violencia sexual”, se lee en la cuenta oficial de Twitter de esa organización.
Así mismo, instó a las autoridades hondureñas a investigar este hecho “con prontitud y de manera exhaustiva, independiente, imparcial y transparente”.
Para la OACNUDH, “los resultados de la autopsia son claves para el esclarecimiento de los hechos”.
También la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se sumó a las manifestaciones nacionales e internacionales que ha generado este suceso.
En un comunicado, la máxima casa de estudios exigió a las autoridades una investigación inmediata, exhaustiva, con independencia, imparcialidad y responsabilidad que dilucide los motivos de la muerte de la universitaria y que “de encontrarse mano criminal, se aplique todo el peso de la ley” tanto a los responsables materiales como intelectuales.
“El femicidio de Keyla Martínez se suma al historial de abusos de poder y ejercicio desmedido de la fuerza, que con o sin toque de queda han ejercido funcionarios públicos, sobre todo policía y militares, en contra de la población, particularmente contra jóvenes, defensoras y defensores de territorio”, señaló por su parte el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Los argumentos de la Policía Nacional, de que la joven estaba bajo los efectos del alcohol, “son los que sostiene el patriarcado para responsabilizar a las mujeres de las violencias que sufrimos” y encubrir a los involucrados para dejar el caso en la impunidad.
El CDM exigió una investigación expedita que incluya la autopsia de la joven, y que se identifique públicamente, suspendan de su cargo y detengan a los policías que participaron en la detención, ocurrida la noche del sábado pasado.
La desconfianza que generan los entes de seguridad por sus múltiples casos de corrupción, violaciones a los derechos humanos, agresiones y abuso de poder, “nos hace valorar lo ocurrido como un crimen de Estado”, dijo por su parte la Red de Hondureñas Migradas (Rehmi), con sede en España.
“Hacemos un llamado al pueblo hondureño, a los movimientos sociales, a la solidaridad feminista internacionalista y a la comunidad internacional en general a manifestarse contra la situación de violencia, odio e impunidad” que viven las niñas y mujeres en Honduras, “forzadas a migrar en busca de libertad y una vida digna”.
Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó que el asesinato “ocurriera en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales” que “con el pretexto de frenar el incremento de casos de COVID-19 en Honduras, le ha otorgado a las fuerzas represoras del Estado la potestad de decidir sobre nuestras vidas entre las 9:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, con absoluta impunidad”.
También manifestaron su indignación “ante el esfuerzo de la Policía Nacional por justificar la detención y asesinato de Keyla Martínez bajo el argumento de que ella se encontraba en estado de ebriedad, con el descaro de reconocer que ni siquiera se le hizo una prueba de alcoholemia”.
El movimiento Yo No Quiero Ser Violada consideró que el comunicado oficial de la Policía Nacional emitido en torno a este caso encubre el asesinato mientras los medios de comunicación divulgan información falsa sobre los responsables del femicidio, en lo que denomina “complicidad institucional”.
Aunque en la Constitución está la figura del femicidio, “los esfuerzos por garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas son escasos”, dice el pronunciamiento. “Paralelamente, no puede prevalecer la impunidad de los crímenes realizados desde las instituciones responsables de proteger”.
El colectivo nacional Somos Muchas exigió a la Secretaría de Seguridad que brinde un informe cada doce horas de los avances en la investigación, así como un alto a la violencia contra las mujeres “que se manifiesta a través de femicidios como este perpetuados por el Estado y promovidos desde discursos de odio contra nuestros cuerpos”, prueba de ello es la reforma del artículo 67 constitucional “donde además de usurpar la voluntad popular, desprecian la vida de las mujeres y de las niñas”.
El Movimiento Estudiantil Participativo en la carrera de Derecho en Valle de Sula expresó su “consternación e indignación” por la muerte de Keyla Martínez y demandó justicia inmediata para ella y todas aquellas vidas arrebatadas a causa de la violencia patriarcal.
Mientras que el Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR) condenó a las instituciones públicas que se han quedado en silencio y a aquellas que con “comunicados tibios hacen creer que esto no fue un asesinato”.
