Gobierno y Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) en pugna por falta de voluntad para resolver crisis en el Ministerio Público.
Por: Katerin Galo
Tegucigalpa. -La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) abogó este viernes por un diálogo entre el Gobierno de Honduras y los empleados del Ministerio Público para solventar la crisis en esa institución.
La crisis en el ente acusador obedece a un paro de labores que inició hace siete semanas por parte de los empleados de esta institución que exigen mejoras salariales. Con esta acción se ha limitado el acceso a la justicia ya que los procesos de investigación y denuncias se encuentran en suspenso.
Mediante un comunicado, la OACNUDH expuso su preocupación por “el impacto del conflicto en el Ministerio Público sobre la disponibilidad de los servicios de justicia para la población” y manifestó que el conflicto ha generado graves limitaciones para el acceso de las víctimas de delitos a una investigación y persecución penal pronta y efectiva, afectando el goce de los derechos a la justicia, verdad, y reparación, en particular para las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.
El organismo de las Naciones Unidas también recuerda al Estado de Honduras que debe establecer condiciones razonables de servicio, incluyendo una remuneración adecuada, seguridad y recursos técnicos y materiales suficientes.
La petición de la OACNUDH llegó después de la emisión de un pronunciamiento del Gobierno mediante el cual se acusó a los fiscales, empleados del Ministerio Público y personal del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que se mantienen en el paro de labores, de ejercer una actitud indolente, insensible, irracional y de grave perjuicio
En el comunicado de prensa, el Gobierno anunció el aseguramiento de las instalaciones del Ministerio Público, si los fiscales y demás huelguistas insisten con el paro de labores.
“En un claro enfrentamiento han paralizado sus funciones legales argumentando bajos salarios, cuando más de 702 personas de su nómina de empleados ganan salarios superiores a 33 mil lempiras y más de 471 funcionarios ganan arriba de 53 mil hasta los 240 mil lempiras”, reza el comunicado gubernamental.
Además, el Gobierno de Honduras emplaza a quienes han abandonado sus labores para que normalicen la atención a los ciudadanos. A su vez, instaron a los fiscales y empleados del Ministerio Público a iniciar por medio del fiscal general, Óscar Chinchilla un diálogo y la deducción de responsabilidades a los funcionarios que han abandonado sus funciones.
Entre tanto la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) considera que el pronunciamiento del Gobierno busca “amedrentar” y “menoscabar” su derecho a la protesta.
Ante la petición de diálogo hecha por el Ejecutivo le recordaron que estas instancias han sido agotadas, pues han buscado respuesta con el fiscal general, Óscar Chinchilla y al no obtener ninguna solución se abocaron a la Presidencia de la República, pero los resultados fueron los mismos.
Asimismo, repudiaron los calificativos utilizados en el comunicado de Casa Presidencial en el cual son tildados de insensibles e irracionales. A la vez lamentan que el Gobierno se haya mostrado desinteresado en resolver la problemática.
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¿INTERVENCIÓN A LA VISTA?
Para la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH) Ligia Ramos existe una intención de intervenir el Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo, lo que calificó como un “acto inconstitucional”.
Desde su cuenta de Twitter la legisladora señaló que el oficialismo prefiere la ruta inconstitucional de intervención de la Fiscalía en vez de esperar la elección de las autoridades del Ministerio Público. Las actuales autoridades del Ministerio Público vacan de sus funciones el 31 de agosto.
En la misma línea de pensamiento, la vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada del PSH, Fátima Mena, declaró que los politiqueros, se quieren aprovechar de la crisis para intervenir el Ministerio Público y “así poder repartirse el poder”.
Durante una entrevista con medios de comunicación, el pasado 18 de marzo, Mena señaló que se debe fortalecer al Ministerio Público, y una propuesta para mejor las investigaciones puede ser la creación del Instituto de Medicina Legal y de Ciencia Forense.
De igual manera, comentó que se escuchan rumores en los pasillos del Legislativo que la intención de intervenir el Ministerio Público coincide con el acuerdo firmado antes de la elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre el Partido Nacional, el Partido Liberal y el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
El acuerdo, al que hizo alusión Mena, establece, entre otras cosas, reformas a la Ley Orgánica del Ministerio Público y el reparto de cuotas de poder por parte de los tres partidos mayoritarios en aquellas instituciones donde se requiere elección de segundo grado donde se incluye a la Fiscalía.
Por su parte el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) Luis Javier Santos, no descarta que “dentro del movimiento que hay en el Ministerio Público pueda haber intereses políticos o que los políticos estén utilizando el movimiento”, porque “de otra manera esta situación ya se hubiera solucionado”.
En una entrevista con Criterio.hn, Santos no vaciló en sus cuestionamientos contra los políticos, de hecho, expuso que “el Ministerio Público es como un pastel de chocolate” que se les ha entregado a los políticos para que se lo repartan.
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SIETE SEMANAS EN PROTESTA
La protesta de empleados en el Ministerio Público que mantiene en suspenso los procesos de investigación y denuncias en Honduras ha llegado a su séptima semana y la misma parece que continuará en los próximos días. Desde el lunes 13 de marzo la suspensión de labores se extendió al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que implica una interrupción en los levantamientos cadavéricos que se deben practicar en este país centroamericano, uno de los más violentos del continente.
Los empleados solicitan dos ajustes salariales que, de acuerdo, a la Ley Orgánica del Ministerio Público se deben registrar una vez al año, uno por costo de la vida y otro por aumento salarial.
