Oacnudh llama al Congreso Nacional a elegir a personas idóneas, capaces e íntegras en la nueva Corte Suprema

Tegucigalpa.-  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), mediante un comunicado hace un llamado al Congreso nacional para que elija 15 magistrados y magistradas idóneas, capaces e íntegras. 

OACNUDH hace un llamado para que las y los diputados realicen una valoración de las personas candidatas bajo los principios de legalidad, igualdad y no discriminación, equidad de género, publicidad, transparencia y rendición de cuentas, objetividad, ética, responsabilidad y debida diligencia, previstos en la Ley Especial de Organización y Funcionamiento de la Junta Nominadora para la Proposición de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

La oficina del comisionado de derechos humanos del ONU  señala que la elaboración y aprobación del nuevo marco legal aprobado en julio 2022, trajo consigo importantes novedades como la integración de criterios de selección objetivos establecidos por los estándares internacionales de derechos humanos y la incorporación de mecanismos de transparencia y participación de sectores representativos de la sociedad.

Agrega que, desde el mes de septiembre de 2022, la Junta Nominadora abrió el camino en la implementación del proceso de selección bajo la nueva Ley.  

OACNUDH saluda los esfuerzos de la Junta Nominadora por fomentar un proceso abierto al escrutinio de los diferentes sectores sociales y felicita a la sociedad civil y ciudadanía en general por su permanente veeduría y participación en el proceso.

La OACNUDH considera que este proceso manejado por la Junta Nominadora ha dejado importantes lecciones aprendidas para seguir mejorando y fortaleciendo los procesos de selección de magistrado/as de la más Alta Corte del país.  

Después de la entrega de la nómina al Congreso, OACNUDH exhorta a las y los diputados a continuar con el mismo compromiso y elegir a las personas más capaces, idóneas e íntegras, con base en criterios objetivos y transparentes. De esta manera se logrará contribuir con el impulso de cambio hacia el fortalecimiento de la independencia judicial como base del Estado de Derecho.  

Isabel Albaladejo, representante de la Oacnudh para Honduras

“El Poder Legislativo tiene la oportunidad de sentar las bases para avanzar en un cambio significativo en la historia del país a través de la incorporación durante el proceso de elección de mínimos éticos que permitan una elección objetiva y transparente. Confiamos en que las y los diputados asuman esa responsabilidad y oportunidad única y que puedan contribuir a la construcción de un mejor futuro de país”, afirmó Isabel Albadalejo, Representante de País de la OACNUDH en Honduras. 

A criterio de la Oacnudh los diputados deben considerar únicamente a las y los candidatos incluidos en la lista presentada por la Junta Nominadora y en ninguna circunstancia, violentar la Ley para incluir personas que no hayan aprobado todo el proceso seguido por este órgano ad hoc.

Además, deben respetar escrupulosamente la cuota de género establecida por ley, eligiendo al menos a 7 mujeres como magistradas de la nueva Corte Suprema de Justicia.

También deben garantizar que no votarán los miembros de las bancadas que tengan conflicto de interés en esta elección, particularmente aquellos diputado/as que tengan procesos penales pendientes bajo el procedimiento especial de enjuiciamiento para altos funcionarios del Estado, según lo establecido por el artículo 50, numeral 1 de la Ley Organiza del Poder Legislativo.

Piden además cumplir el artículo 311 constitucional, renunciando al voto secreto, haciéndolo de manera nominal, pública, razonada, expresa y con consignación de nombres, fomentando la confianza y credibilidad del proceso. 

“El Poder Judicial se encuentra en la obligación estatal de garantizar el acceso efectivo a la justicia. Por ello, la independencia e imparcialidad de quienes ejercen la más alta magistratura de un país, se torna requisito para que un Estado pueda reconocerse como un Estado de Derecho que tutela efectivamente los derechos de toda su población, en particular de las poblaciones históricamente discriminadas.”, puntualizó Isabel Albaladejo.  

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