Tegucigalpa.- Los aires de cambio en favor de la defensa de los bienes comunes en las tribus tolupanes de Yoro, en el norte de Honduras, han tenido como consecuencia un incremento en el riesgo a las vidas de las personas defensoras que los impulsan.
En los últimos meses, las tribus de San Francisco de Locomapa, Las Vegas de Tepemechín y Mina Honda, eligieron nuevos consejos directivos con claros liderazgos que buscan la liberación del territorio tolupán, la defensa de los bienes comunes y la reivindicación de sus derechos. No obstante, estas transiciones han encrespado a los empresarios madereros, mineros y terratenientes, acostumbrados por años al despojo y a imponer su voluntad.
Criterio.hn conversó con la abogada del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Estefany Contreras, sobre el impacto del cambio de direcciones que están tomando las tribus a través de sus Consejos Directivos y cómo están reaccionando los grupos de poder.
“Estos nuevos liderazgos que han surgido, obviamente no caen nada bien a los empresarios que han operado por años en el departamento de Yoro, y utilizan esta modalidad de violencia, de amenazas, de persecución contra estas personas” para amedrentar la lucha por la defensa de sus bosques y fuentes de agua, apuntó la profesional del derecho.
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De hecho, en San Francisco de Locomapa fue asesinado con saña, el 9 de mayo, el defensor indígena tolupán Amilcar Vieda, en compañía de Naún Ismael Chacón. También existen amenazas a muerte contra el recién electo presidente del Consejo Directivo, Ramón Santiago Matute, y el líder José María (Chema) Pineda, junto a sus hijas.
AMENAZAS Y VIOLENCIA LLUEVEN CONTRA LIDERAZGOS TOLUPANES
QUE SE OPONEN AL DESPOJO AMBIENTAL
La abogada del MADJ estimó que esta situación es similar en casi todas las tribus de Yoro. Por ejemplo, en Las Vegas de Tepemechín, relató que algunos de sus liderazgos tuvieron que salir de la tribu “debido a las amenazas que han realizado [en su contra] y también, por denuncias que [como integrantes de la tribu] han interpuesto por la tala ilegal del bosque [que se realiza] en Las Vegas”.
De igual forma, ocurre en la tribu de Mina Honda donde el también recién electo presidente del Consejo Directivo, Santos Lucas, reportó desavenencias por la negativa a que se continúe la extracción de mineral en la zona, tala de árboles y la contaminación de las fuentes de agua.
Contreras indicó que la situación de San Francisco de Locomapa se repite en Mina Honda puesto que el hecho de ostentar un cargo dentro de las mismas tribus y oponerse al patrón de despojo de los bienes naturales, incrementan las amenazas en contra de quienes dirigen los Consejos Directivos.
Algo similar ya se vivió en Las Vegas de Tepemechín, que al igual que las otras dos tribus recién eligió un nuevo Consejo Directivo. El anterior presidente del Consejo Directivo, Reynaldo Barahona estuvo al frente de las labores de defensa del territorio y ambiente, a consecuencia de esto sufrió varios ataques contra su integridad física y su vida, por lo que entregó el cargo y se realizaron nuevas elecciones, contó Contreras.
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La abogada señaló que un consejo paralelo en Las Vegas de Tepemechín ha otorgado los permisos de tala ilegal incluso de árboles en peligro de extinción, pese a que esta es unas de las tribus en las que el Instituto de Conservación Forestal (ICF) no ha otorgado ningún permiso.
“Obviamente, pues el trabajo que realizan estos nuevos liderazgos en las tribus, pues no les gusta o no, no les agrada mucho a estos grupos de poder y más que todo, pues de madereros y mineros que andan operando y que andan saqueando ahí dentro de estas tribus”, apuntó.
Tras el doble asesinato del defensor indígena tolupán Amilcar Vieda, cuando este retornaba de dar mantenimiento a sus cultivos, en compañía de Naún Ismael Chacón, la Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, urgió al Estado el resguardo de las y los liderazgos e integrantes de la tribu. Así como incluir entre las líneas de investigación la labor de defensa de Vieda.
Mientras que la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), en su pronunciamiento DGSP-002-2023 a través de la Dirección General del Sistema de Violencia (DGSP) realizó un llamado de acción a la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público, Fiscalía del Ambiente y Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna).
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Un día después del pronunciamiento, desde las redes de la SEDH se publicaron una serie de imágenes de una reunión sostenida entre la titular de esta entidad, Natalie Roque, y el secretario de la Serna, Lucky Medina, señalando que el objetivo de la misma era “abordar las responsabilidades empresariales en materia de derechos humanos; y la situación de amenazas que viven las comunidades defensoras de DDHH”.
