Tegucigalpa.- Si realmente hay un compromiso de cambiar las cosas, el nuevo Congreso Nacional debería llamar a un juicio político contra el presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, y el fiscal general del Ministerio Público, Óscar Chinchilla, por violar todas las garantías del debido proceso en el juicio contra los ocho defensores de Guapinol.
La afirmación fue realizada por el investigador de derechos humanos e integrante del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Joaquín Mejía, quien señaló a Criterio.hn que tanto el Ministerio Público como el Tribunal de Sentencia de Tocoa están involucrados en una «grave violación» y se les debe aplicar el juicio político, recalcó.
Esto debido a que los fiscales Karen Edith Guardado y Humberto José Gonzáles Ferrera «han inventado una nueva acusación contra los defensores de Guapinol cuando han pasado tres años desde los hechos», lo que «coloca en situación de indefensión» a los acusados «porque la defensa de los compañeros no está preparada para un nuevo cargo».
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Sumado a esto, «el Tribunal de Trujillo formado por los jueces Ricardo Geovanny Rodríguez, Franklin Marvin Arau Santos y Henry Geovanny Duarte Zaldivar han aceptado lo que ha señalado el Ministerio Público, lo cual evidencia gravemente la falta de imparcialidad e independencia de este Tribunal».
De igual forma, el investigador de derechos humanos apuntó que queda claro que hay decisiones tomadas desde la cúpula de ambas instituciones para criminalizar a los ocho defensores y en las que estarían involucrados tanto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta como el fiscal general del Ministerio Público, Óscar Chinchilla, al permitir que sus fiscales cometan acciones ilegales.
Este día durante el juicio a los defensores de Guapinol, los defensores de los ambientalistas recusaron al tribunal, alegando su falta de independencia y denunciando fallos que no se basan en la ley y que ponen en riesgo el juicio de los defensores, informó Mario Rojas del equipo defensor.
Mejía explicó que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Especial del Juicio Político las causas para iniciarlo son: la existencia de una denuncia grave en el desempeño del cargo, la realización de actuaciones contrarias a la constitución o el interés nacionales y la manifiesta negligencia en capacidad o incompetencia para el desempeño del cargo.
Asimismo, manifestó que «está claro que Rolando Argueta y sus jueces, no solamente están actuando de manera parcial, sino que también lo están haciendo a sabiendas que este juicio y que este proceso es ilegal porque hay una resolución de un órgano de Naciones Unidas que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial han querido implementar».
Se refiere a la resolución del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Ilegal, que concluyó que el apresamiento de los ocho defensores de Guapinol es arbitrario y que debían ser liberados a la brevedad. Asimismo, instaron a una investigación exhaustiva e independiente de los jueces y fiscales que promovieron el juicio.
