Tegucigalpa, Honduras.- Diputados, investigadores y expertos en persecución penal instaron este miércoles al Gobierno hondureño a apresurar la firma del memorando de entendimiento con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con miras a la eventual instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICI) en Honduras.
A través de un foro titulado La instalación de la CICIH: Una promesa de campaña inexcusable y celebrado el 30 de noviembre de 2022 en las instalaciones de la Universidad José Cecilio del Valle, en la capital Tegucigalpa, diputadas y diputados del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI externaron al Gobierno su postura sobre el letargo en la suscripción del memorando de entendimiento con las Naciones Unidas.
Un día atrás, una comitiva encabezada por los secretarios de Relaciones Exteriores y Transparencia, Enrique Reina y Edmundo Orellana, respectivamente, y la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, viajó hacia Nueva York, sede de la ONU, para reunirse con personeros del organismo internacional, mientras en Honduras la ciudadanía aclama que el memorando sea firmado antes de que concluya 2022.
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La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, declaró que dentro del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI tienen las esperanzas puestas en que la firma se de cuanto antes y que, además, el memorando de entendimiento no se aleje de la intención de la ciudadanía.
“Esperamos que realmente recoja el espíritu de la esperanza ciudadana, hoy la demanda de que tengamos una CICI, y que desarticule las redes y las estructuras de corrupción, está más latente que nunca”, declaró la legisladora del PSH.
Al mismo tiempo, señaló que el Gobierno debe evitar caer en un círculo vicioso de palabras bonitas y promesas incumplidas.
“Esperamos que como respuesta de esta misión nos digan cuándo se va a firmar este convenio, no podemos seguir con este círculo vicioso de palabras bonitas, con pausas y silencios inexplicable. Hoy debemos demandar la pronta firma del memorando, para que la idea de tener una CICI independiente sea una realidad en el país”, prosiguió.
Desde que Xiomara Castro asumió la presidencia el 27 de enero de 2022, su gobierno prometió abogar por la llegada de una CICI al país, después de que en 2020 no se renovó el convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih). Semanas después, Castro envió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, quien respondió satisfactoriamente y mandó una misión de diagnóstico a Honduras.
A partir de ese momento, los equipos técnicos de Naciones Unidas y del Gobierno han trabajado en la redacción del memorando de entendimiento. La última actualización que se hizo pública se efectuó a finales de agosto de 2022, sin embargo, las negociaciones se mantienen en vilo y todavía no se definen cuáles serán los criterios de funcionamiento de la CICI.
SIMILITUD CON GUATEMALA
Dentro del foro participó la exfiscal general guatemalteca, Thelma Aldana, quien trabajó en conjunto con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), desmantelando distintas redes de corrupción, entre ellas el Caso La Línea, que provocó la salida del expresidente, Otto Pérez Molina, y su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, por verse involucrados en actos de corrupción.
Dentro de su exposición, Aldana, que en este momento se encuentra exiliada en Estados Unidos, manifestó que la corrupción en los países de la región alcanza niveles altos y que uno de los principales problemas está relacionado con los débiles mecanismos de justicia.
“En países como Honduras y Guatemala, lamentablemente el Poder Judicial no llega a ser eso, un poder del Estado, porque en realidad solo es un sistema judicial que favorece a corruptos y profundiza la impunidad”, declaró.
Por lo anterior, la exfiscal guatemalteca aseguró que será trascendental fortalecer, en primera instancia, los mecanismos de investigación y judicialización, porque solo así se tendrá “una CICI con diente”.
“Debe trabajarse el fortalecimiento del sistema de justicia, alejando a los políticos de los nombramientos del fiscal general, de la Corte Suprema de Justicia o de las Cortes de Apelaciones. La política corrupta partidista debe alejarse de estos procesos”, agregó.
En 2023, el Congreso de la República escogerá a los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que ejercerán funciones entre 2023 y 2030, y al fiscal general que hará lo propio de 2023 a 2028. Estos procesos históricamente se han visto politizados, porque el partido en poder coloca a la mayoría simple en la Corte y a una persona leal a sus intereses políticos-partidarios en la fiscalía general.
MUCHO POR HACER…
Por su lado, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Yahvé Sabillón, declaró que todavía les queda camino por recorrer en el Congreso de la República, pero que en la actual legislatura han dado algunos pasos, como la derogación de la Ley de Secretos y el dictamen de la Ley de Colaboración Eficaz, pero que todavía quedan cuentas pendientes como la derogación del decreto 116-2019 y las reformas al Código Penal en los decretos que fomentan la impunidad.
Sobre la derogatoria del decreto 166-2019, Criterio.hn le consultó cuáles son los factores que impiden que dentro del Legislativo se derogue esa nociva ley, y respondió que el problema es una cuestión de votos.
“Necesitamos 86 votos y no los tenemos, porque si bien es cierto, no todos tienen cuestiones pendientes con la justicia, sí hay influencias muy fuertes en algunas bancadas, algo que nos ha afectado. La derogación deberá pasar a la siguiente legislatura y definitivamente hemos perdido una oportunidad de oro en este año”, respondió a este medio digital.
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El decreto 116-2019 impide que el Ministerio Público actúe con independencia cuando persigue a diputados corruptos, porque debe esperar a que el Tribunal Superior de Cuentas realice auditorías y establezca si existen indicios de responsabilidad penal, constituyendo un pacto de impunidad que ha dejado libres a varios diputados señalados en casos de corrupción como Pandora y, recientemente, Arca Abierta.
Otro de los ponentes fue el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Joaquín Mejía Rivera, quien mencionó que la CICI que llegará al país se enfrentará a una transición democrática inconclusa.
“Honduras ha vivido tres crisis políticas serias desde la inconclusa transición democrática. Las desapariciones de la década de 1980, el golpe de Estado de 2009 y la crisis poselectoral de 2017. El país que se va a encontrar la CICI es un país que no ha tenido una verdadera transición democrática, sin justicia para las víctimas de los crímenes ya dichos, donde se han mantenido las estructuras fácticas de las Fuerzas Armadas, con un alto nivel de impunidad y una justicia selectiva, algo que será un grave problema para la CICI, con niveles de impunidad que rondan el 95%”, señaló.
