La acción legal fue interpuesta en California y acusa a Trump de violar la Ley de Procedimiento Administrativo y la Quinta Enmienda, al actuar con prejuicios raciales sin considera las condiciones en los países de origen
Mientras el gobienro de Xiomara Castro presume una buena relación con EE. UU., y la oposición culpa a su gestión, ambos omiten debatir el verdadero impacto de la medida
Tegucigalpa, Honduras. – La Alianza Nacional TPS (NTPSA), junto a otras siete personas afectadas, interpusieron una demanda contra la administración de Donald Trump por la terminación, dos días después de la expiración de la última prorróga, del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal
La acción legal argumenta que las terminaciones no se basaron en una revisión objetiva de las condiciones de país; que se violentó la Ley de Procedimiento Administrativo al otorgarse únicamente un preaviso de 60 días; y además, se habría violentado la Quinta Enmienda al tomar la decisión basados, al menos en parte, en prejuicios raciales y de origen nacional, al hacer uso de lenguaje racista para referirse a inmigrantes provenientes de países no blancos y no europeos.
La demanda fue interpuesta el 7 de julio –mismo día del anuncio del fin del TPS para Honduras y Nicaragua y dos días después que venciera el TPS– ante el Distrito Norte de California, en San Francisco, California. Son representados legalmente por la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON), las Fundaciones de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) del Norte y Sur de California, el Centro de Derecho y Política Migratoria (CILP) de la facultad de Derecho de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Alianza Haitiana Bridge.
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José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS, señaló –a través de un comunicado publicado por la ACLU– que la organización que representa y sus 320 mil miembros continuarán protegiendo el TPS a través de canales legales, a la vez que impulsan el camino hacia una residencia permanente.
DESMANTELAMIENTO DEL TPS
Desde la ACLU se planteó que las rescisiones del TPS, además de violar la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al ignorar las condiciones del país, buscaría desmantelar el programa TPS. Además de Honduras, Nicaragua y Nepal, también se han rescindido el TPS a Venezuela, Haití, Afganistán y Camerún.
En el caso de Haití y Venezuela, la terminación del TPS fue realizada meses antes que expiraran los programas de protección temporal y que habían sido extendidos por la administración del expresidente Joe Biden. En ambos casos se presentaron demandas que continúan.
Para los haitianos amparados en el TPS, el 1 de julio un Juez bloqueó temporalmente la orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que rescindía su estatus de protección y daba como plazo para su salida el 2 de septiembre de 2025. La orden del Juez restableció el plazo de vencimiento fijado por la administración Biden, que había extendido el TPS de los haitianos hasta el 3 de febrero de 2026. Sin embargo, se espera que la administración apele la decisión.
En el caso de los venezolanos, la Corte Suprema de Justicia anunció el 19 de mayo que permitirá al Gobierno de Trump revocar el TPS que amparaba a los venezolanos, mientras continúa el litigio en los tribunales inferiores, luego que un juez bloqueó la revocación del programa de TPS para los venezolanos.
Es importante señalar que existen dos grupos de venezolanos amparados bajo el TPS. El primero, integrado por 250 mil personas, fue designado en 2021 y el segundo, constituido por 350 mil, recibieron el estatus el 2023 con la administración Biden. Fue a este segundo grupo a quienes se les canceló su estatus de protección.
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Sobre la demanda que involucra a hondureños, nicaragüenses y nepalís, la abogada Jessica Bansal de la Red Nacional de la Organizaciona de Jornaleros declaró a ACLU, calificó como cruel e ilegal la decisión de privar de su estatus legal a personas que han residido en Estados Unidos durante al menos 10 y 25 años. “La administración [Trump] no puede fabricar un resultado predeterminado sin tener en cuenta sus obligaciones legales”, declaró.
Emi MacLean, abogada senior de la Fundación ACLU del Norte de California, advirtió que la administración Trump declaró la guerra al TPS, lo que se evidencia en las acciones de la secretaria Kristi Noem que busca desmatelar un estatus que ha proporcionado ayuda humanitaria a cientos de miles de personas que no pueden retornar de forma segura a sus países de origen.
ENFRENTAMIENTOS SIN VALORACIONES SOBRE EL IMPACTO QUE TENDRÁ EL FIN DEL TPS
La cancelación del TPS ha sido abordada desde un punto de vista político partidario en Honduras. Por un lado se ataca con aseveraciones engañosas a la gestión de la presidenta Xiomara Castro, mientras sus asesores recurren a la misma dinámica para defender irónicamente las buenas relaciones que mantienen actualmente con el gobierno de los Estados Unidos.
Mientras la administración Castro está enfocado en presumir los supuestos logros y avances expuestos por la secretaria Kristi Noem para justificar la cancelación del TPS a los hondureños, la oposición culpa al gobierno de turno por una decisión que corresponde al gobierno de los Estados Unidos.
El abogado en temas migratorios, Fernando Dubove, exteriorizó a CNN en español que la decisión tomada por el gobierno era más política, que un cambio real en las condiciones de Honduras y Nicaragua. «Las personas en Honduras pueden decir recibimos con brazos abiertos, pero no están listos para recibir una cantidad tan grande y al mismo tiempo perder el dinero [remesas] que estaban mandando los hondureños a su país para apoyar a su familia», ahondó.
El Banco Central de Honduras calcula que el 25% del Producto Interno Bruto en el país proviene de las remesas enviadas por hondureños en el extranjero, superando otros ingresos de exportación, como el café. El 80% de las remesas provienen de Estados Unidos, seguido por España, Canadá y Costa Rica, entre otros. Algo que no ha sido valorado por el oficialismo y la oposicisión.
