Por: Andrés Molina*
Tegucigalpa.- Dicen en el pueblo que así como es la víspera será el día y la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia es un caso que se retrata de manera perfecta en esta frase que encarna la sabiduría popular del pueblo hondureño.
Desde antes que la Junta Nominadora iniciara el montaje teatral, transmitido en directo por el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, se sabía que Rolando Argueta Pérez sería el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Para los defensores y las organizaciones que defendemos los derechos humanos, el derecho a la justicia y el debido proceso, ya sabían sabia ese resultado, porque prevalecieron los intereses del partido en el poder, desde antes incluso de a las iglesias evangélicas como representantes de la sociedad civil, irrespetando lo que dice la constitución, que Honduras es un Estado laico.
Se trató entonces de un proceso controlado totalmente por el Poder Ejecutivo, a través de diferentes mecanismos que incluyó la participación de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, subordinada al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, Consejo que es presidido por el ciudadano Presidente de La República, restándole independencia, credibilidad y transparencia al proceso, en una clara injerencia e intromisión de un poder del Estado, sobre otro que se debería independiente. Los militares también tuvieron información de primera mano sobre los futuros juzgadores.
La elección de esta corte es por mucho la más cuestionada de la historia del país o cuando menos la más evidenciada, que fue electa a través de actos de corrupción, mediante la compra de conciencias de diputados y diputadas, por el Partido Nacional.
La pregunta es, ¿podrá esta nueva Corte combatir la corrupción, el flagelo que más daño le ha hecho a la sociedad hondureña, si fue electa mediante actos de corrupción? ¿Investigará la nueva Corte a como se cotizaba cada voto para lograr su elección? La respuesta es no.
Esta nueva Corte, lejos de la transparencia que debería caracterizarla, forma parte de un profundo proceso de corrupción que envuelve a Honduras, que tiene secuestrado todos los poderes públicos, que responden a los intereses de grupos de poder, que nunca les ha interesado ni el país, ni el Estado de derecho.
El nuevo presidente de la Suprema Corte fue impuesto en el cargo porqué demostró lealtad al partido de la estrella solitaria, por ejemplo como Coordinador de Fiscales acusó a la vicepresidenta del Congreso Lena Gutiérrez de varios delitos, sin embargo aunque se configuraba casi de forma perfecta el delito de lavado de activos, por este no fue acusada, porque ese delito no es fiable.
Es evidente que el proceso que concluyó ayer, se trató de un proceso viciado, manipulado por el Partido Nacional en alianza con el Partido Liberal, con claras injerencias de grupos de poder y personajes oscuros ligados a la cúpula de la iglesia evangélica hondureña.
El resultado es que con este proceso de elección, perdió el pueblo, perdió la institucionalidad pública y ganaron los corruptos que se han impuesto, con magistrados y magistradas, que responden a los intereses del actual Presidente Juan Hernández. Lo que no espera son siete años más de impunidad.
*Periodista y defensor de Derechos Humanos
