Tegucigalpa.- El ex vocero de la desaparecida Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), Juan Jiménez Mayor, calificó como «preocupante» el panorama político electoral que vive Honduras actualmente, sobre todo cuando entre los candidatos presidenciales «sobresale alguien con una condena por lavado de activos proveniente del narcotráfico», entre otros personajes.
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A su juicio, uno de los principales temas a demandar por parte de la ciudadanía a los aspirantes a cargos de elección popular es interrogarlos sobre ¿Qué harán para enfrentar la corrupción y la impunidad en el país? Así como, si están dispuestos a respetar la independencia de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y no olvidar que el gobierno que entré será el encargado de nombrar a la nueva Corte Suprema de Justicia y al fiscal general del Ministerio Público.
El abogado y político peruano participó junto al exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez; la directora ejecutiva de Fundación Myrna Mack, Lissette Vásquez; y el jefe de la Unidad de Investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Odir Fernández; en el tercer bloque del foro titulado «El legado de las misiones en la lucha contra la corrupción en la región; los retos y obstáculos que catapultaron su salida», celebrado en Washington D.C., Estados Unidos.
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Jiménez Mayor ejemplificó la problemática causada por la ausencia de independencia judicial con la politización existente en la Corte Suprema de Justicia donde el Partido Nacional tiene ocho magistrados y el Partido Liberal tiene siete, «entonces el bipartidismo en este punto está blindado». Lo mismo ocurre en el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, «es decir todos los órganos superiores de control están copados por los partidos políticos y este es el pecado original de la corrupción y la impunidad en el país».
El ex vocero de la MACCIH rememoró lo que ocurrió con el caso de la «Red de Diputados», el cual provocó que desde el Congreso Nacional se aprobará una ley que violentaba la Constitución de la República otorgando atribuciones que corresponden únicamente al Ministerio Público al Tribunal Superior de Cuentas, con el objetivo de detener la investigación.
Sumado a esto, en la sesión legislativa no se leyó lo que se publicó en el diario oficial La Gaceta, contraviniendo el reglamento del Congreso Nacional. La Misión denunció la interferencia refiriendo tanto lo expuesto por la Constitución y la discordancia entre lo leído y lo publicado, lo que «causó mucho enojo a las autoridades de Honduras y eso fue lo que provocó mi salida. Mi salida de la Misión fue parte de esta investigación y parte de la reacción del gobierno».
Durante su participación, Jiménez Mayor contó que la Misión enfrentó una serie de murallas que buscaban detener la lucha anticorrupción, que a la vez contaban con muchos aliados. Uno de estos aliados estaba al interior de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la figura del secretario general de dicha organización: Luis Almagro, quien no defendió a la MACCIH ni a sus funcionarios.
LA CORRUPCIÓN ES EL SÍNTOMA, LA ENFERMEDAD ES EL DETERIORO DE LA DEMOCRACIA
Por su parte, el exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, parafraseo a uno de los invitados previos señalando que «la corrupción es un síntoma de una enfermedad que es la pérdida o inexistencia o el deterioro gigantesco de la democracia».
Señaló que además de Honduras y Guatemala, se ha visto a nivel latinoamericano que después de grandes procesos de lucha contra la corrupción se ve un fortalecimiento antidemocrático, como ocurrió en Brasil con Jair Bolsonaro.
Esto a su criterio, ocurre debido a que no se aprovecha la «efervescencia democrática» para impulsar una «transformación institucional», que sirva de garantía de no repetición planteando un cambio en los mecanismos «que han posibilitado ese ejercicio de la corrupción como los hemos visto en la región centroamericana y latinoamericana».
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Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Myrna Mack, Lissette Vásquez, manifestó que «no hay formas de lograr cambios cuando existe un Estado, la justicia y partidos políticos capturados, la comunidad internacional debe ver regresar su mirada a nuestros países».
