Portada: La representante de Oacnudh, Isabel Albaladejo, acompañó a las familias de los defensores de Guapinol Aly Domínguez y Jairo Bonilla en el proceso de exhumación de sus cuerpos
Tegucigalpa.- Ambientalistas del Parque Nacional Carlos Escaleras alertaron este lunes sobre las exhumaciones de los cuerpos de los defensores de Guapinol, Alí Domínguez y Jairo Bonilla, asesinados el 7 de enero, por parte de autoridades locales a las que califican como “tendenciosas”.
Desde Guapinol Resiste se señaló que la acción fue realizada este jueves, 2 de enero, por Medicina Forense de San Pedro Sula, con el acompañamiento de la Fiscalía de Tocoa, con orden judicial de la Jueza de Letras de esa misma ciudad en la costa norte de Honduras, Zoe Guifarro.
“No hay confianza ni en el Ministerio Público ni en la Policía de Tocoa para realizar una investigación independiente en este caso. Ya han demostrado su parcialidad y son los responsables de utilizar pruebas ilegales para criminalizar a las personas defensoras en la zona, incluyendo a Alí, y desalojar violentamente el Campamento Agua y Vida en Guapinol”, apuntaron a través de un comunicado.
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Criterio.hn contactó al abogado del Bufete Justicia para los Pueblos, Carlo Jiménez, quien expresó que existe preocupación por la forma en que está siendo manejado el caso y que sean las mismas autoridades que los persiguieron quienes ahora están encargadas de hacer justicia.
“Desde las comunidades, las familias, las organizaciones que han acompañado Guapinol, y nosotros como equipo de defensa, podemos decir que no hay ningún ápice de confianza en los funcionarios y las instituciones locales que fueron las que se encargaron en montar, crear, manufacturar incluso pruebas y procesos penales para meter a estas personas a prisión”, relató.
PETICIÓN A ÓSCAR CHINCHILLA SIGUE SIN RESPUESTA
Jiménez dijo que en enero acompañaron a los familiares de una de las víctimas de Guapinol, que también es líder y miembro del Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos a interponer la denuncia ante el Ministerio Público de Tegucigalpa, zona central de Honduras, donde presentaron una manifestación pidiendo al Fiscal General, Óscar Chinchilla, que la investigación por estos hechos fuese realizada por la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
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“La fiscalía regional está hoy realizando esta exhumación por orden del Juzgado de Tocoa, por orden de la misma juez que mantuvo ilegalmente a los defensores de Guapinol en prisión, manteniendo y ampliando, negando las revisiones de medidas que nosotros como defensa habíamos solicitado en diferentes ocasiones. No hay ninguna confiabilidad en estos funcionarios”, declaró Jimenez.
Agregó que la seguridad de las personas que deberán rendir sus declaraciones, ante estos entes, se verá expuesta, así como también lo estará el personal fiscal quien podría verse perjudicada y estar amarrada de manos.
Aclaró que la fiscal asignada al caso es una funcionaria nueva, quien no fue parte personalmente de los procesos de criminalización. Pero, reparó que no se puede desconocer el peso que tiene el hecho de estar insertada en una institución que ha tenido la línea de criminalizar a los defensores. Mencionó que anteriormente, era la directora, la jefa regional, quien llevó esos casos y no cualquier fiscal, quien se encargó de perseguir a los defensores. Por lo que si bien la nueva fiscal puede querer ser independiente, está jerárquicamente sometida a estas personas que ya tienen una línea clara y que lo han demostrado en el pasado y en sus actuaciones recientes.
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Jiménez apuntó que no se debe desconocer el riesgo al que estaría expuesta la nueva fiscal en caso de actuar con objetividad, al enfrentarse no solamente a las estructuras criminales responsables de las muertes y la persecución de los defensores, sino además enfrentándose contra los poderes dentro del Ministerio Público que ya están alineados contra los defensores de Guapinol.
“No podemos confiar y esperar justicia, cuando el proceso está manejado por quienes se han encargado, más bien por tratar de perjudicar a estas personas. Por ello, nos preocupa que el Fiscal General no haya dado respuesta a esa solicitud que le planteamos desde el 19 de enero”, señaló.
El abogado pormenorizo que en un proceso normal al haberse cometido el crimen en Tocoa, le corresponde por jurisdicción a la Fiscalía Regional del Bajo Aguán, sin embargo, con los antecedentes debidamente fundamentados, es necesaria una excepción en este caso y que se trasladen las investigaciones a la Fiscalía de Delitos contra la Vida.
La representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, Isabel Albaladejo, junto a su equipo acompañaron a las familias de los defensores Alí Domínguez y Jairo Bonilla durante el proceso de exhumación de los cuerpos. Desde redes sociales, OACNUDH señaló que “la investigación debe realizarse considerando la labor de defensa de la tierra que ejercían”.
