La situación alarmante de los niños y niñas en Honduras refleja un panorama oscuro marcado por la desprotección, la migración forzada y la violencia estructural, mientras la sociedad civil y académicos instan implementar respuestas urgentes
Tegucigalpa, Honduras. – El Estado de Honduras fue uno de los primeros 20 países en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de Naciones Unidas, hace 35 años.
En ese sentido, cada cinco años se hace una revisión sobre los avances en la implementación de la Convención de derechos del Niño y sus dos Protocolos Facultativos.
Sin embargo, la realidad que vive la niñez hondureña producto de problemas estructurales que los diferentes gobiernos no han podido resolver, es de la no garantía de los derechos de esta población que representa el 30%. En consecuencia, en el país centroamericano la niñez y adolescencia esta en una situación de vulnerabilidad con datos alarmantes de deserción escolar, migración, trabajo infantil, niñez en situación de calle, pornografía infantil y la violencia generalizada.
Para Ligia Mencía, presidenta del comité directivo de la a Red de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) el reto por la defensa de los derechos de la niñez continúa debido a que la realidad que enfrentan miles de niños y niñas en el país es de desprotección y abandono estatal.
Señaló, que el país presenta avances en materia legislativa, pero consideró que se requiere mejorar la atención e incrementar la inversión en la niñez. “se requiere articular esfuerzos entre los tres poderes del Estado
PANORAMA DESALENTADOR
Actualmente, de acuerdo con los diferentes observatorios de las organizaciones de sociedad civil, más de 500,000 niños y niñas se encuentran realizando trabajo infantil; entre 18,000 a 20,000 están en condición de abandono.
Además, en 2023, según el monitoreo en medios de comunicación que realiza Coiproden, al menos 713 niñas, niños adolescentes y jóvenes (NNAJ) perdieron la vida de manera violenta en Honduras; con relación a la migración infantil, desde el 2014 hasta el 2023, al menos 117,515 NNAJ fueron retornados al país.
Por otro lado, la inexistencia de datos sistemáticos sobre la pornografía y el comercio sexual infantil, debilitan la prevención y la protección, especialmente para niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad.
“Las condiciones y el contexto actual son muy adversas, seguimos observando como los niños y niñas están tomando la ruta migratoria, cómo miles están siendo víctimas de desplazamiento forzado por violencia”, refirió Ligia Mencía.
Además, los problemas estructurales que vive el país centroamericano, vinculados a pobreza, impunidad y corrupción siguen marcando la vida de las niñas y de los niños.
VOLUNTAD POLÍTICA EN LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ HONDUREÑA
Las políticas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas hondureños deben trascender los límites temporales de los gobiernos de turno y consolidarse como políticas de Estado sólidamente establecidas. Ello implica un compromiso a largo plazo por parte de todas las fuerzas políticas, independientemente de su afiliación partidaria.
Para Wilmer Vásquez director ejecutivo del Coiproden, unos de los problemas para garantizar la protección y el bienestar de la niñez, que ha afectado por años radica en que “los políticos, los candidatos a la presidencia y los que asumen puestos en instituciones del Estado, lo hacen nada más porque son activistas y no tienen el compromiso social”.
Por ello, el defensor de derechos humanos de la niñez, recalcó que la administración del Estado no depende de las políticas de gobiernos. “lamentablemente todos en la práctica todos han venido a implementar sus políticas y por eso se inventan sus propios programas”.
En consecuencia, de acuerdo con Vásquez, no se avanza en el cumplimiento de la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño.
TRABAJO LOCAL
Las organizaciones de sociedad civil señalan que en el país existen avances legislativos, sin embargo, siguieren que estas políticas públicas deben tener las asignaciones presupuestarias correctas, además recalcan que requieren voluntad política para que el Estado de Honduras asuma la responsabilidad de ser garante de derechos principalmente con los más vulnerables.
Analistas son del criterio que la recién creada Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), tiene retos para mejorar la situación de la niñez hondureña en condiciones vulnerables, sin embargo, se enfrenta a una baja asignación presupuestaria para desarrollar y ejecutar una estrategia de atención a nivel municipal.
Marjorie Echenique, jefa del departamento de Ciencias Políticas y Derechos Humanos de la Universidad Nacional autónoma de Honduras (UNAH) es de la opinión que las políticas públicas vigentes deben ser ejecutadas a nivel local, para ello sugiere el fortalecimiento de los diferentes gobiernos locales para “que puedan ser ese brazo operativo y que la SENAF tenga un fortalecimiento real y concreto”.
Dicho fortalecimiento, de acuerdo con la catedrática universitaria, se logrará a través del blindaje y capacitación del personal que atenderá a las poblaciones vulnerabilizadas, así como de la dotación de financiamiento tanto a nivel central como local.
En nueve de febrero, la Red de Instituciones Privadas pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos y el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación, de Víctimas de la Tortura en Honduras (CPTRT) comparecieron ante el Pleno del Comité de Derechos del Niño donde expusieron la situación de los derechos de la niñez en los últimos 8 años (2016-2023) por medio del VI y VII Informe Alternativo a las observaciones finales al Estado de Honduras en relación al cumplimiento de la Convención sobre los Derechos Del Niño.
