Tomado de: ProHondurassNetwork
El pasado 4 de mayo, la defensa de Yani Rosenthal solicitó la liberación inmediata de su cliente argumentado que sus problemas de salud (sinusitis y dermatitis) lo colocaban en el grupo de riesgo ante la pandemia del coronavirus (COVID-19).
En respuesta los fiscales para el Distrito Sur que están a cargo del caso, respondieron a dicha petición con una nota dirigida al juez John G. Koeltl en la que se oponen a la liberación de Yani, argumentando que este sigue siendo un peligro para la sociedad hondureña y que fácilmente podría reanudar el lavado de dinero al ser liberado, contribuyendo de esta manera a destruir aún más a Honduras.
Además, los fiscales señalan el incremento de contagios por COVID-19 que se han presentado en los últimos días en Honduras y en la misma línea destacan la participación de Rosenthal en una conspiración de lavado de dinero junto a algunos de los narcotraficantes más grandes y violentos del mundo.
A continuación, algunos fragmentos de la carta de la fiscalía:
El Gobierno reconoce que la pandemia del coronavirus es una circunstancia inusual y difícil, el demandado no ha probado que existen circunstancias extraordinarias y convincentes en su caso particular. Además, el acusado sigue siendo un peligro para su comunidad, ya que fácilmente podría reanudar el lavado de dinero al ser liberado, y cada vez adicional que se le permita participar en tal comportamiento resultará en una mayor destrucción para Honduras.
El acusado hace afirmaciones generalizadas sobre su liberación a Honduras y el hecho de que sería menos probable que tuviera coronavirus allí. Esto está lejos de estar claro. Para empezar, el acusado tendría que viajar de Miami a Honduras, lo que requeriría la exposición a muchos miembros del público en ambos lugares. En segundo lugar, el demandado no explica que tipo de protección existe en Honduras para la propagación del coronavirus, o en el hogar en el que busca residir. En tercer lugar, si bien las estadísticas de Honduras son escasas, los informes de prensa del 7 de mayo de 2020 indicaron que existe un “aumento significativo” en los casos confirmados de Covid-19, ya que finalmente, se ha comenzado a aumentar el número de pruebas.
El Gobierno presenta esta carta en oposición a la moción del acusado (el “Def. Mot.”) en busca de la liberación compasiva de la custodia y su regreso inmediato a Honduras, el país desde el que anteriormente operó una conspiración de lavado de dinero junto a algunos de los narcotraficantes más grandes y violentos del mundo. En apoyo de su moción, el acusado formula alegaciones generalizadas sobre la propagación del coronavirus y los argumentos sobre sus condiciones médicas (una condición de la piel y la sinusitis crónica) y su edad.
El acusado se declaró culpable de participar en una sofisticada operación de lavado de dinero con los líderes de la organización de narcotráfico más grande y violenta de Honduras conocida como los “Cachiros”. A través de su conducta, que ocurrió durante un período de al menos cinco años, el acusado proporcionó a los Cachiros fuentes de financiación para su empresa criminal, un medio para blanquear sus ingresos por narcóticos y legitimidad pública, contribuyendo así a un entorno que permitió a los Cachiros prosperar en su país e importar más de 100 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
Además, el acusado y sus coconspiradores, incluido su padre (el ex vicepresidente de Honduras), Jaime Rosenthal utilizaron su poder político y sus posesiones comerciales de otras maneras con el fin de ayudar a los Cachiros a blanquear millones de dólares en ganancias de narcotráfico. Ayudaron a los Cachiros a blanquear los ingresos del narcotráfico y a obtener préstamos falsos en nombre de otros tres negocios con sede en Honduras. Estas transacciones financieras en Honduras suman más de $15 millones de dólares. El acusado también aceptó por separado cientos de miles de dólares en dinero de la droga, con el mismo estilo de supuestas “contribuciones de campaña”, de uno de los líderes de los Cachiros y otro gran narcotraficante hondureño.
En el fondo, el acusado aprovechó su vasto poder político y social para facilitar las actividades de los traficantes de drogas violentos en su país que ha sido devastado por el tráfico de estupefacientes. El acusado lo hizo a pesar de que era una de las personas más poderosas, y miembro de una de las familias más poderosas en Honduras, que no necesitaba aceptar ningún negocio de narcotraficantes para mantener su posición social o gran riqueza. Lamentablemente, el acusado, que tuvo muchas oportunidades en su país, optó por utilizar estas oportunidades de la peor manera posible. Él acusado ayudó a proliferar hasta el día de hoy, reflejado en los recientes procesos en este Distrito, el tráfico desenfrenado de cocaína y la corrupción continúa en Honduras, ayudado en gran parte por políticos y funcionarios del gobierno como el acusado, tal como Fabio Lobo, Fredy Nájera, Seis expolicías de la Policía Nacional de Honduras y Juan Antonio Hernández convicto de tráfico de drogas y que espera su sentencia mínima de 40 años.
El Tribunal condenó al acusado el 15 de diciembre de 2017. El Tribunal concluyó que el intervalo de directrices aplicables del demandado era de 51 a 63 meses de prisión. (Dkt. 266 a 39). A continuación, la Corte determinó que la conducta del acusado era “un paso importante y necesario” en el tráfico de drogas, de modo que “era necesaria una sentencia sustancial para reflejar la gravedad del delito y la necesidad de disuasión”. (Dkt. 266 a 40). En última instancia, el Tribunal condenó al demandado a 36 meses de prisión, seguido de un período de un año de libertad supervisada. (Dkt. 266 a 43). Los acusados están cumpliendo su sentencia en la FCI Miami, en Miami, Florida, y tiene una fecha de liberación proyectada del 8 de agosto de 2020.
Adicionalmente la naturaleza y las circunstancias de los crímenes son graves. La conducta del acusado fue un aspecto esencial de la distribución de cocaína por una de las bandas criminales más grandes y violentas de Honduras. El acusado abusó de su riqueza, prosperidad y oportunidad de contribuir a la violencia y la corrupción que azota a su país, el país al que ahora busca regresar. El acusado podría reanudar fácilmente esta conducta criminal una vez que esté de vuelta en Honduras, con su capacidad de blanquear dinero por desgracia, el acusado sin duda volverá a algunas de las conexiones y privilegios que tenía antes de ser encarcelado. Esto es particularmente cierto porque el tráfico desenfrenado de estupefacientes y la corrupción sigue plagando a Honduras, de tal manera que el acusado se enfrentará a oportunidades de volver a comprometerse en el lavado de dinero y otras conductas delictivas.
En segundo lugar, la historia y las características del demandado hablan de la necesidad de una detención continua. Una vez más, el acusado estuvo involucrado en una conspiración de lavado de dinero de varios años, y también aceptó sobornos de dos narcotraficantes a gran escala en Honduras. Esto no fue una aberración o un error único; fue un patrón serio de conducta criminal que duró años.
El acusado cometió sus crímenes a pesar de la riqueza, los privilegios y la educación. Fue ministro del presidente de Honduras entre 2006 y 2008, congresista hondureño entre 2010 y 2014, y candidato a presidente de Honduras en las elecciones de 2013. Su padre fue vicepresidente de Honduras entre 1986 y 1990. A pesar de la oportunidad y el estatus que le brindaba su privilegio, el acusado decidió convertirse en un CRIMINAL, y ayudó a algunos de los criminales más grandes y peligrosos de su país, ya que infectaron a los Estados Unidos con toneladas de cocaína. Al igual que lo hicieron en su sentencia, la historia y las características del acusado, y su demostrada falta de respeto a la ley y a la comunidad tanto en Honduras como en los Estados Unidos, hablan de la necesidad de un encarcelamiento continuo.
Por último, la liberación del acusado pondría en peligro a Honduras, los Estados Unidos y otros lugares. Como el Tribunal determinó al sentenciar al acusado, el demandado desempeñó “un paso importante y necesario” en el tráfico de cocaína en Honduras.
Honduras a su vez, es uno de los mayores puntos de transbordo de la cocaína con destino a Estados Unidos en el mundo y, como se ha discutido anteriormente y en relación con la sentencia del acusado, Honduras es uno de los países más violentos de la Tierra. Una vez que el acusado sea puesto en libertad, existe el riesgo de que reanude esta conducta y vuelva a su papel esencial en el comercio de cocaína. Si bien su fecha de liberación real está a sólo cuatro meses de distancia, En Honduras no ha habido ningún cambio sustancial en la necesidad de proteger al público de él.
No hay razón para proporcionar al acusado una reducción injustificada de la sentencia que puede permitirle reanudar su actividad criminal incluso unos días antes.
El acusado argumenta de manera concluyente que ya no es un riesgo para su comunidad, el acusado ignora completamente la realidad de sus crímenes y el riesgo de que vuelva a su vida criminal anterior. En cambio, el acusado promete que tiene “una profunda admiración de su comunidad “y que no presenta prácticamente ningún riesgo de reincidencia”. (Def. Mot. a los 17).
Por supuesto, esto glosa por completo el hecho de que el acusado tenía este mismo “APOYO DE SU COMUNIDAD” antes de ser encarcelado, hace menos de tres años, y todavía optó, una y otra vez, por participar en conductas delictivas.
De hecho, el acusado participó en esta conducta con algunas de las personas más cercanas a él, incluido su padre, y sus garantías vacías de poco consuelo. Como tal, por esta razón, también, ¡la moción del demandado debe ser DENEGADA!
4 respuestas
Yany jamás debe volver a participar en política. También los otros señalados y gobernados por narcos. El país no puede seguir en manos de criminales.
Si Yany Rosenthal cometió crímenes de lavado de activos y fue condenado a 36 meses y en el mes de Agosto del 2020 regresa a Honduras, no debería ser acusado por el M.P. en Honduras pues actuó criminalmente en perjuicio de nuestro país? El Lavado de activos es un delito transfronterizo.
Yany fue condenado a un crimen que se llama conspiración para cometer lavado de dinero que no existe en Honduras, solo en los Estados Unidos. Ese señor Casco Gomez debería corregir su error.
Hay que aclarar que el mayor lavador de dinero del narcotráfico es el actual presidente en funciones de la devastada Honduras. La saña contra la familia Rosenthal es puro antisemitismo.