Especialista en derechos humanos, Joaquín Mejía recomienda que Honduras implemente una carrera penitenciaria que capacite personal en materia penal, derechos humanos y dirección de cárceles
La comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, dice que, en este momento, la Policía Nacional y los militares están «»luchando por un botín», que representa el presupuesto que se le asigna a las distintas penitenciarías del país.
Tegucigalpa. – Ni policías ni militares. La estrategia es que un ente capacitado tome el control del Instituto Nacional Penitenciario (INP) para erradicar la anarquía de las maras y pandillas en las cárceles y, de paso, lograr la capacitación y reinserción de los privados de libertad en la sociedad, sugieren fuentes consultadas por Criterio.hn.
Aunque esta opción presentada por los analistas se ve viable, podría ser compleja de aplicar, en función de que el pasado 9 de abril la presidenta hondureña Xiomara Castro anunció la intervención con “mano dura” en los centros penitenciarios, tras cuatro amotinamientos simultáneos que dejaron una persona muerta y seis heridas.
Castro prometió que intervendrá las cárceles hasta convertirlas en centros de rehabilitación «para que, de una vez por todas, dejen de ser escuelas del crimen».
No obstante, los entrevistados analizan que se está haciendo uso de viejas prácticas que no han dado resultado en la lucha contra la sodomía en las cárceles.
Otra medida de la mandataria es la construcción de dos cárceles de máxima seguridad para unos 1,500 privados de libertad.
Además, desde el 6 de diciembre de 2022, la presidenta implementó un estado de excepción parcial que se ha ido extendido mediante la emisión de decretos del Poder Ejecutivo. Esta medida continuará hasta el 21 de mayo de este año en 123 de los 298 municipios hondureños.
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LA SENTENCIA DE LA Corte-IDH
El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, considea que intervenir los centros penales es una buena medida para luchar contra la corrupción y asesinatos que se registran. Pero no es con militares ni policías, ya que no son instituciones capacitadas, ni competentes para convertir las cárceles en centros de rehabilitación e inserción social.
“Los militares y policías no pueden estar en la dirección de las cárceles. De hecho, el Estado debe cumplir con las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el que ordena adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales con el fin de evitar situaciones como las que se están viviendo (amotinamientos y reyertas)”, detalló.
En la sentencia del caso “Pacheco Teurel y otros vs. Honduras”, celebrado en 2012 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se lee que la nación centroamericana debe prevenir situaciones que pongan en riesgos a los privados de libertad, como ser incendios y también cumplir con sus necesidades básicas.
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CARRERA PENITENCIARIA
Seguidamente, Mejía planteó, como una medida a largo plazo, que Honduras implemente una carrera penitenciaria que capacite personal en materia penal, derechos humanos y dirección de cárceles.
“Con una carrera penitenciaria se podría contrarrestar el problema de los privados de libertad. Recordemos que en Honduras han estado los militares y ahora policías, pero nunca han mantenido el control. Esas estrategias han fallado a lo largo de la historia”, planteó.
Denunció que a lo largo de la historia los problemas de las penitenciarías están identificados: trasiego de armas, droga y hasta celulares, porque “las autoridades no tienen preparación (penitenciaria) y caen en sobornos”.
“(Al no tener una carrera penitenciaria que capacite personas) provoca una bomba que explota cada cierto tiempo, con reyertas y amotinamientos que terminan en muertos y heridos, o peor, en incendios que terminan con la vida de veintenas de privados de libertad”, analizó.
El 14 de febrero de 2012 en una granja penal de Comayagua, en el centro de Honduras, se registró un incendió en el que murieron entre la desesperación y las llamas unos 361 privados de libertad, en donde se violentaron sus derechos humanos, recordó Mejía.
POLICÍA Y FF AA PELEAN UN BOTÍN
A criterio de la comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, en este momento, tanto la Policía Nacional como la Militar están luchando por un botín, que es el presupuesto que se le asigna a las distintas penitenciarías del país, por lo que no están en la disposición de convertir las cárceles en centro de rehabilitación.
“No se han preocupado por hacer cumplir la ley de rehabilitación del privado de libertad, por mantener a la gente ocupada dentro de los centros penales, ya sea con estudio o trabajo”, reprochó.
Además, para la también experta en seguridad, el salario de los policías penitenciarios es bajo, por lo que se convierten en blanco fácil que los obliga a recibir sobornos a cambio de facilitar el ingreso de droga, armas y celulares.
En marzo de 2022, la sociedad civil pidió que los militares y policías dejen las cárceles y que sea el Ministerio Público (MP) quien intervenga para hacer la labor con responsabilidad.
Uno de los principales motivos que orilló a las organizaciones de sociedad civil a pedirle a la presidenta retirar a los policías y militares de las cárceles es que la dirección del Instituto Nacional Penitenciario recaiga sobre una persona civil, como lo manda el artículo 15 de la Ley del Sistema Penitenciario.
El artículo mencionado ordena que la “Dirección Nacional es la más alta autoridad técnica y administrativa del Instituto. Corresponde a la Dirección Nacional la formulación, aprobación y ejecución de la política penitenciaria y de las decisiones emanadas del Consejo Directivo, así como la dirección superior del régimen penitenciario nacional, de conformidad con esta Ley y sus reglamentos”.
En la administración del entonces presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), hoy privado de su libertad en Estados Unidos por señalamientos relacionados al tráfico de drogas y portación ilegal de armas, varias organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron por corrupción y violación de los derechos fundamentales a las Fuerzas Armadas que estaban a cargo de las cárceles.
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Entre tanto, Xiomara Castro, en su primer año de administración ordenó sacar a los militares de las cárceles, pero los mantiene en operativos en las calles, lo que ha sido criticado por varios sectores que le recuerdan que ha incumplido con su promesa de desmilitarizar la seguridad ciudadana.
No obstante, el artículo 272 de la Constitución de la República manda a que los militares cooperaran con la Policía para conservar el orden público.
Lo cierto es que mientras las autoridades continúan implementado estrategias para luchar contra el crimen organizado dentro y fuera de las cárceles, al día en Honduras están muriendo violentamente 11 personas, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
