Empresarios del transporte aseguran que en las últimas horas al menos tres rutas de autobuses en la capital han suspendido sus servicios ante la extorsión
Por: Daniel Girón
Tegucigalpa. – Ni el estado de excepción en el que vive Honduras desde hace un poco más de cinco meses ha sido suficiente para que el sector transporte deje de cerrar operaciones en algunas de sus líneas de autobuses por la extorsión, un delito que la justicia castiga con hasta 15 años de prisión.
“Desde que comenzó el estado de excepción no se ha visto ningún cambio para combatir este flagelo. Quizás se refleje en el pequeño comerciante, pero en nuestro rubro, no. Sólo aquí en la capital tenemos tres líneas de autobuses paradas por el cobro de extorsión”, dijo a Criterio.hn el empresario del transporte, Jorge Lanza.
Se trata, según Lanza, de las rutas Cerro Grande, La Peña y Calpules, de la capital, las que han dejado de funcionar en las últimas horas debido, entre otras cosas, al incremento cuantioso del pago de extorsión, fondos con los que el crimen organizado financia sus fechorías.
“En la colonia Cerro Grande cada bus paga doce mil lempiras de manera semanal; lo mismo pasa con las otras líneas de buses que se mantienen paradas, que en total vienen siendo como 80 unidades. Es una barbaridad de dinero que no sabemos de dónde sacar”, detalló.
De acuerdo con cálculos del rubro, mensualmente se pagan en el territorio nacional al menos 250 millones de lempiras en concepto de extorsión, una cifra que amenaza la operatividad del sistema, advierten empresarios del transporte.
El otro problema que genera la extorsión es que los transportistas siguen muriendo violentamente. Por ejemplo, en lo que va de 2023 ya son 24.
Y desde 2013, último año del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, se han registrado 2,210, que significan unos 200 asesinatos por año, cuantifican los empresarios del transporte.
“Este mal es histórico. Ningún gobierno se ha interesado o podido combatirlo. Las autoridades de Seguridad nos dicen que no realizan investigaciones porque no tienen fondos, ni para la gasolina dicen que tienen, entonces, ¿cómo esperan que funcione un estado de excepción si no le inyectan capital para que funcione y ejecuten una estrategia?”, preguntó.
Para Lanza, las estrategias del gobierno han fracasado: sólo cambiaron de nombre una institución, porque los resultados de la lucha contra el crimen organizado son nulos.
“Es más, desde el año pasado la extorsión se expandió a otros sectores del país, como Choluteca, La Ceiba, Danlí y Ocotepeque”, argumentó.
En julio de 2022, las autoridades de la Policía Nacional decidieron eliminar la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) porque, supuestamente, sus integrantes estaban involucrados en varios delitos entre los cuales se expuso, abuso de autoridad, suplantación de pruebas y violación de derechos humanos.
En reemplazo de la FNAMP se creó la Dirección Policial Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), siempre en 2022, en el primer año de mandato de Xiomara Castro.
Además, el presupuesto que se le asignó para este 2023 a la secretaría de Seguridad, que rectora Ramón Sabillón, es de un poco más de 9,000 millones de lempiras, 17% más que en 2022.
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UNA BOMBA DE TIEMPO
Jonny Ortiz, un dirigente del transporte en la zona norte de Honduras, consideró que durante el periodo que Castro ha ostentado la presidencia no ha habido cambios positivos en la lucha contra la extorsión.
“A año y medio de gobierno seguimos preocupados nosotros, como dirigentes transportistas, en el tema de seguridad, pero lo que nos mantiene más alertados es que vaya a explotar esta bomba de tiempo y ahí si las autoridades comenzarán a reaccionar”, expresó.
Añadió que “si las autoridades tienen estrategias, por favor, impleméntenlas. La problemática de la extorsión no se ha controlado, ni está cerca de controlarse, es un mal que con cada pago que se le hace se fortalece”.
Además, el dirigente lamentó que nuevas maras y pandillas están extorsionando a los transportistas y al pequeño comerciante. “El nuevo modus operandi es que comienzan a extorsionar como nuevas bandas, no se autonombran y ese es el peor problema, piensan que pueden extorsionar a sus anchas”.
Y es que, para intentar erradicar la criminalidad en el país, el gobierno implementó desde el 6 de diciembre de 2022 un estado de excepción que estará vigente hasta el 21 de mayo, en 123 de los 298 municipios de la nación.
Esta medida, para los dirigentes del transporte, representó inicialmente un cambio positivo, pero después de casi cinco meses aún siguen esperando los resultados, ya que se siguen cerrando líneas y registrando asesinatos producto de la extorsión.
De acuerdo con cifras de la secretaría de Seguridad, desde que se implementó el estado de excepción, hasta febrero, arrestaron más de 3,000 personas. Y el 60% de esas capturas, 1,800, se ejecutaron en los municipios intervenidos.
Para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) esta medida, junto a otras que está ejecutando el gobierno de Castro, sólo reflejan que se está recurriendo a estrategias que no han funcionado años atrás.
Expertos en defensa de derechos humanos han sugerido que se implemente una política integral de seguridad ciudadana con enfoque en la prevención e investigación que aborde los pilares que originan la delincuencia y el crimen organizado.
Lo cierto es que, pese al estado de excepción, intervención penitenciaria, el anuncio de la construcción de dos cárceles y restauración de un centro penal, entre otras medidas en materia de seguridad implementadas por Xiomara Castro, para combatir el crimen organizado y narcotráfico, en promedio a diario están muriendo de forma violenta alrededor de 11 personas, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
