Por: Redacción CRITERIO
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Tegucigalpa. Dos exasesores de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Honduras (CVR), hacen una fuerte crítica al Poder Judicial por haber habilitado la reelección presidencial, abriendo las puertas al autoritarismo.
Los especialistas Brian Sheppard y David Landau, dos docentes de derechos en varias universidades de EEUU, cuestionan en una carta reproducida por el diario norteamericano The New York Times que el Tribunal Constitucional haya cedido a la presión del gobernante Partido Nacional, en el afán que se abriera las puertas al continuismo.
Asimismo, cuestiona la amoralidad de la clase política tradicional, olvidarse de temas torales, para prestarse a avalar la reelección.
CRITERIO hace una traducción libre del escrito hecho por ambos investigadores y otrora asesores de la Comisión que indagó las causas por las que se provocó el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 que derrocó al expresidente Manuel Zelaya:
En abril, la Corte Suprema de Honduras invalidó el límite de mandato presidencial rígido del país y drásticamente socava su Constitución.
La Constitución de Honduras – que limitaba a los presidentes a un solo mandato de cuatro años – incluye una dotación extraordinaria que hace que el límite de término irreformables por cualquier procedimiento y ordenó duras penas para cualquier político que intentara cambiarlo.
Los redactores de la Constitución escribieron específicamente el texto para salvaguardar al país de los dictadores militares o caudillos que se negaron a dejar el poder, de los cuales hay una sórdida historia en Honduras y en toda América Latina.
Pero lo que ha ocurrido, es precisamente lo que temían los redactores de la Carta Magna. Una porción aparentemente inexpugnable del documento, destinado a evitar la manipulación política, ha sido subvertido por los jueces, bajo la orden de los políticos.
Ahora, los políticos del conservador Partido Nacional que presentaron el caso – y cualquier futuro líder político – están en una posición ideal para mantenerse en el poder indefinidamente.
Mientras que un Poder Judicial independiente y capaz puede ser un gran apoyo a la democracia liberal, los tribunales, sin estas características, puede representar una amenaza seria, particularmente en países con democracias frágiles y grupos de la sociedad civil ineficaces, como Honduras.
En 2009, el presidente izquierdista, Manuel Zelaya, al parecer trató de eludir estas protecciones al intentar iniciar un referéndum sobre si la Constitución debía ser reescrito. El Ejército depuso a Zelaya en un golpe de Estado y le obligó a irse a Costa Rica en avión. El Congreso apoyó la destitución de Zelaya y nombró a un sucesor, citando la ley como límite de plazo. Y a pesar de la abrumadora condena del golpe de Estado de la comunidad internacional, la Corte Suprema bendijo las acciones de los militares.
No sólo la reciente decisión de la Corte contradice el razonamiento del Congreso a raíz de la destitución de Zelaya, también es ilógico. Jueces constitucionales de todo el mundo reconocen que una propuesta de enmienda puede ser inconstitucional si choca con los valores básicos del texto original. Pero la sentencia del tribunal hondureño destruyó una parte de la Constitución de 1982.
Razonamiento cuestionable de la decisión también parece ser el resultado de una estrategia por parte del Partido Nacional, que se opuso al señor Zelaya. Después de tomar el control de las cámaras ejecutivas y legislativas, el partido botó bruscamente cuatro jueces de la Corte Suprema en 2012 y los reemplazó con jueces que respalden su agenda.
La decisión envía un mensaje de que los políticos pueden tomar ventaja de perfil relativamente bajo del sistema judicial, para hacer el trabajo sucio en los tribunales. Esto es exactamente lo que hicieron los líderes del Partido Nacional. Mientras tanto las acciones del señor Zelaya y los que lo sacaron del poder, provocaron la condena de la comunidad internacional, la reciente decisión del tribunal de la abolición de los límites del mandato presidencial ha caído en gran parte bajo el radar, nacional e internacional.
El relativo silencio de la comunidad internacional en esta ocasión puede ser sorprendente, pero es desalentador. Aunque los grupos de oposición han estado protestando por la decisión, sus esfuerzos son en gran medida ineficaz sin el apoyo de las Naciones Unidas y otros países.
El constitucionalismo hondureño se enfrenta a una serie de deficiencias importantes. El episodio de Zelaya demuestra que la Constitución no puede tratar adecuadamente las crisis institucionales o violaciones de derechos humanos. Por otra parte, el texto actual ha demostrado ser incapaz de paliar la desigualdad económica severa del país o su concentración de poder político.
Un esfuerzo político transparente para cambiar prestación plazo límite de Honduras podría haber comenzado una discusión más amplia de otras reformas constitucionales necesarias. Pero cualquier posibilidad de cambio constitucional legítima se ha despilfarrado por el poder judicial, lo que dio a los líderes políticos exactamente lo que buscaban sin ninguna deliberación pública.
El gobierno de Obama está tratando de aprobar un paquete de ayuda para Centroamérica. Parte de este dinero está destinado a mejorar la gobernanza, incluyendo el desempeño judicial. Honduras necesita este dinero mal. Durante varios años se ha soportado la tasa de homicidios más alta del mundo; la violencia en el país era un importante contribuyente a la crisis migratoria en el niño del año pasado en la frontera con Estados Unidos.
Pero el gobierno debe supervisar cómo se asigna el dinero. Se debe destinar fondos para que se gastan en las medidas que podrían impedir una mayoría en el Congreso de Honduras de apilar la cancha con sus propios miembros de nuevo. Y debe impulsar la promulgación de un límite razonable período presidencial – que será resistente a la manipulación política – para llenar el vacío dejado por el tribunal. En ausencia de cualquier límite de plazo, la democracia hondureña se encuentra vulnerable a la amenaza planteada por los aspirantes a los autoritarios.
Brian Sheppard , un profesor asociado de Derecho en la Universidad de Seton Hall yDavid Landau , profesor adjunto de derecho en la Universidad Estatal de Florida, sirvieron como asesores en la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Honduras.
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