Supuestas negociaciones de impunidad entre los partidos Libre y Nacional han generado resquemores dentro de sus liderazgos internos. David Chávez y Jorge Cálix, dos claros ejemplos
Tegucigalpa, Honduras.- El pasado 28 de febrero, el Congreso Nacional, mediante una distribución de cuotas entre los partidos Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal, eligió a los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y del Tribunal de Justicia Electoral, así como a los comisionados de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Aunque diputados oficialistas aseguraron que no se negoció impunidad durante esta elección en segundo grado, ese día, el legislador de Libertad y Refundación (Libre), Jorge Cálix, increpó al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y lo señaló de haberse reunido con el precandidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura.
Cálix señaló que existía un «conflicto de interés» al tratarse Nasry Asfura de una persona que ha sido investigada por el Ministerio Público, específicamente por la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco), y también señaló que el acuerdo de impunidad beneficiaría al empresario Johnny Kafati.
«Díganme si ese caso de 50 millones del socio de don Tito Asfura, Johnny Kafati, está metido dentro de esta negociación», reprochó Cálix, quien agregó que Nasry Asfura tiene procesos judiciales pendientes e intervino en la elección de Johel Zelaya como fiscal general, al negociar, según él, con Libre.
Nasry Asfura y Johnny Kafati han sido socios. La empresa Cosemsa, con la que Asfura fue favorecido con contratos de recolección de basura en Tegucigalpa años atrás, ha sido dirigida por la compañía Alvehsa, propiedad de Kafati.
OPOSICIÓN NIEGA PACTOS DE IMPUNIDAD
Tras los señalamientos hechos por Jorge Cálix, el diputado del Partido Nacional, Marco Midence, quien puede considerarse un «delfín político de Nasry Asfura, desmintió que con la elección de altos cargos, específicamente el del fiscal general, se estuviera negociando impunidad y que Nasry Asfura tenga carácter de imputado.
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«Puedo garantizar que desde la bancada del Partido Nacional no se negoció impunidad, no hubo negociaciones oscuras o bajo la mesa. Nosotros conocemos bien a Nasry Asfura y sabemos que está en esta lucha por Honduras», declaró Midence.
Por su parte, el propio Nasry Asfura, a través de la red social X, expresó que nunca ha buscado arreglos políticos para resolver asuntos personales.
«No necesito negociar impunidad porque siempre he confiado en el imperio de la ley», declaró.
Johel Zelaya fue elegido fiscal general del Ministerio Público para los próximos cinco años, también el 28 de febrero, tras un interinato que duró cerca de cuatro meses. Aunque inicialmente el Partido Nacional bloqueó su elección, finalmente cedió y accedió a nombrar a un director general de la Fiscalía afín a sus filas partidarias.
En 2020, la Uferco presentó ante el Poder Judicial una solicitud de antejuicio contra Nasry Asfura, al considerar que, durante 2017 y 2018, cuando fungía como alcalde del Distrito Central, manejó con fines ilícitos cerca de un millón de dólares del dinero de la municipalidad a través de sus cuentas bancarias personales.
Uferco planteó en aquel momento: «Desvió los fondos de recaudación de impuestos, tasas, multas, transferencias del gobierno, que están siendo administrados por un fideicomiso firmado entre la alcaldía y un banco privado.
Sin embargo, el 1 de junio de 2021, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar el antejuicio solicitado por la Fiscalía, y lo mandó a archivar por considerar dicho tribunal que primero debía existir una auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas.
Dicha resolución fue ratificada por una acción de amparo emitida el 27 de diciembre de 2022 por la Sala de lo Constitucional, que dejó al Ministerio Público sin la posibilidad de ejercer acción penal contra Nasry Asfura.
Durante los últimos meses, como una posible moneda de canje, el Partido Nacional también ha suavizado su discurso hacia el literal del artículo del decreto 4-2022, conocido como «amnistía política», bajo el cual han sido liberados exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya que fueron sentenciados o procesados por delitos como malversación de caudales públicos y fraude, entre ellos Enrique Flores Lanza, Marcelo Chimirri y, más recientemente, Rafael Barahona.
DAVID CHÁVEZ Y JORGE CÁLIX, DESTERRADOS
El martes 19 de marzo, el presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, quien se encuentra prófugo de la justicia, anunció que se desligaba de Nasry Asfura.
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«Sé de las acciones que llevaron a cabo algunas personas de la cúpula de mi partido, aprovechándose de mi ausencia, a negociar con el gobierno de turno para sacrificar a varios, entre ellos su servidor, para salvarse ellos, anteponiendo sus intereses personales a los del país y del partido».
Chávez fue candidato a alcalde del Distrito Central por la corriente de Nasry Asfura en las elecciones generales de 2021, pero perdió frente al entonces candidato de Libertad y Refundación (Libre), el actual edil Jorge Aldana.
David Chávez se encuentra prófugo desde el 28 de noviembre de 2023, cuando se presentó en su contra un requerimiento de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) debido a supuestas irregularidades durante su mandato como director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Estas irregularidades, relacionadas con sobrevaloración de contratos, fueron denunciadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) desde 2015.
Por otro lado, Jorge Cálix, quien denunció acuerdos de impunidad entre el oficialismo y la oposición, lanzó el martes 19 de marzo su precandidatura presidencial por el Partido Libre, donde buscará hacerle la competencia a Rixi Moncada, la candidata ungida por el oficialismo.
Cálix, dentro del Partido Libre, ha sido calificado de «traidor» debido a que, antes de que iniciara el período legislativo 2022-2026, negoció con el Partido Nacional y una facción conservadora del Partido Liberal ser el presidente del Congreso Nacional, desconociendo un acuerdo entre su partido y el Partido Salvador de Honduras (PSH), que ungió a Luis Redondo como titular del Legislativo.
FALTA DE REGLAS
A consideración del analista e investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera, la falta de reglas claras es uno de los aspectos que propicia que exista discrecionalidad en este tipo de elecciones.
«No tengo pruebas acerca de cuáles fueron las bases de esos acuerdos, pero hay que destacar que existe un problema serio. La discrecionalidad para negociar la da la misma Constitución, porque no hay una legislación que regule los procesos de elección en segundo grado», dijo Mejía Rivera a Criterio.hn.
Agregó que será difícil que «la clase política que tenemos vaya a renunciar, por el momento, a procedimientos hechos a su medida para escoger a este tipo de autoridades».
En el Congreso Nacional se han presentado anteproyectos de ley encaminados a regular las elecciones en segundo grado de altos funcionarios, pero todas han sido engavetadas desde la presidencia de Juan Orlando Hernández hasta la actual de Luis Redondo.
