Juan Orlando Hernández pagó a pandilleros para incitar y cometer actos de violencia en las movilizaciones contra el fraude electoral de 2017, y de esta forma justificar el uso de la fuerza contra los manifestantes, expone la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Fiscalía sostiene que, para noviembre de 2017, JOH y el Partido Nacional ya habían cooptado todos los poderes del Estado e instituciones, incluidas el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, los operadores de justicia, las Fuerzas Armadas, el entonces Tribunal Supremo Electoral y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico.
Tegucigalpa.- La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó la moción In limine del gobierno estadounidense en el caso contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, acusados por tráfico de drogas.
La moción preliminar que tiene como propósito mostrar la admisibilidad de las pruebas presentadas en una audiencia previo al juicio, respaldó las denuncias de irregularidades en los comicios electorales de 2013 y 2017, y hasta el pago de pandilleros para agitar las movilizaciones y justificar el uso de la fuerza.
El documento abre señalando que al menos desde el año 2000, tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional, “han apoyado y facilitado el narcotráfico generalizado a cambio de sobornos masivos para apoyar sus campañas y enriquecerse”.
GANANCIAS DEL NARCOTRÁFICO FUERON USADAS PARA SOBORNAR EMPLEADOS ELECTORALES ENTRE 2012-2013
Para la campaña electoral de 2013, el cártel de Sinaloa habría proporcionado un estimado mínimo de US $2,300,000.00. Mientras que también habría recibido a través de Yankel Rosenthal unos US $250,000 procedente de Carlos Lobo, otro traficante de drogas que trabajaba para el cártel de Sinaloa, para un total de US $2,550,000, según revela el documento.
Estas no habrían sido las únicas fuentes de financiamiento proveniente del narcotráfico a las que habría accedido Hernández. En estas se incluyen también fondos proporcionados por Leonel y Javier Rivera, líderes de la banda de Los Cachiros, quienes discutieron apoyar la candidatura del entonces presidente del Congreso Nacional durante una fiesta de cumpleaños de quien en ese momento era el presidente de Honduras, Porfirio ‘Pepe’ Lobo.
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“Los Rivera discutieron el apoyo a la campaña de Juan Orlando mediante el uso del dinero de las drogas para pagar sobornos en los lugares de votación en el departamento de Colón”, detalla el documento In limine de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Posterior a esta reunión, Los Cachiros, según la fiscalía estadounidense, habrían proporcionado un estimado de 300 mil lempiras al diputado Óscar Najera, los cuales serían destinados a “apoyar la campaña de Juan Orlando sobornando a trabajadores electorales en Colón”, departamento que servía de base a Los Cachiros y que era representado por Nájera ante el Congreso Nacional.
De acuerdo a lo referido por Los Cachiros, Hernández prometió a Nájera la presidencia del Congreso Nacional si este era electo presidente de Honduras.
Pero, Colón no fue el único departamento en el que se pagó sobornos para cometer fraude electoral. El documento especifica que CW-1 viajó con los hermanos de Hernández, Amílcar y Marcos, a pueblos de Copán donde Hernández no era apoyado.
Sumado a esto, “CW-1 también conoció a un ingeniero que se encargó de cerrar los servidores para el tribunal electoral, conocido como Tribunal Supremo Electoral, que se encargaba de certificar los resultados de las elecciones para que el conteo de votos pudiera ser manipulado a favor de Juan Orlando”.
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El documento señala que si bien Ricardo Álvarez, otro precandidato presidencial del Partido Nacional, apeló los resultados de las elecciones primarias de 2012, acusando a Hernández de fraude y pidiendo un reconteo. En ese momento, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ya estaba repleta de jueces leales a Hernández, quienes rechazaron la apelación de Álvarez.
JUAN ORLANDO CONTINÚA ACEPTANDO SOBORNOS Y PROTEGIENDO NARCOTRAFICANTES COMO PRESIDENTE
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York especificó que una vez en la presidencia de la República, Juan Orlando Hernández continuó abusando del poder, aceptando sobornos provenientes del narcotráfico y consolidando su poder a cambio de permitir que los traficantes de drogas operaran con impunidad en Honduras, pese a una representación pública de lo contrario.
Destacan que contrario a la imagen de lucha contra el narcotráfico cultivada por Hernández, los únicos traficantes alineados a él que fueron extraditados a Estados Unidos durante su gobierno fueron los hermanos Miguel Arnulfo Valle y Luis Antonio Valle Valle. No obstante, el exmandatario habría expresado a testigos cooperantes que estas extradiciones habrían ocurrido porque ellos le amenazaron de muerte.
Es así como entre 2013 y 2014, Juan Orlando Hernández, habría aceptado decenas de miles de dólares de Geovanny Fuentes Ramírez. “Juan Orlando prometió proteger a Fuentes Ramírez del arresto y la extradición, y señaló que el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y el fiscal general de Honduras, Óscar Chinchilla, protegerían a Juan Orlando y Fuentes Ramírez y los harían ‘intocables”, continúa el documento.
La Fiscalía también hace alusión a la controversial cita que es adjudicada a Juan Orlando Hernández durante una conversación con Fuentes Ramírez en la que habría afirmado que “meterían la droga hasta las narices de los gringos” y que Fuentes Ramírez se coordinara con su hermano Juan Antonio Hernández con respecto a los cargamentos de drogas.
De igual forma, en 2014 Leonel Rivera, quien estaba cooperando con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), grabó varias reuniones en las que discutió junto a otros coconspiradores sobre los sobornos que estaban pagando a JOH, como era popularmente conocido Hernández, y las protecciones que los narcotraficantes recibían.
Ejemplifican este extremo, con una conversación que sostuvieron Leonel Rivera y Arnaldo Urbina Soto en marzo de 2014, la cual fue grabada, en la que Rivera se queja con Urbina Soto sobre las operaciones realizadas por operadores de justicia de Honduras las cuales fueron dirigidas a propiedades de Los Cachiros.
Arnaldo Urbina Soto, extraditado a Estados Unidos en enero de este año, habría respondido que había discutido la situación con Hernández y que este habría dicho: “alcalde, no debe preocuparse por nada mientras los muchachos sean discretos. No habrá ningún problema. Los problemas surgirán cuando las personas no ejerzan discreción”.
A inicios de 2016, cuando las acusaciones por narcotráfico contra Juan Antonio “Tony” Hernández se volvieron más prominentes en los medios hondureños. En respuesta y con el objetivo de asegurar las elecciones presidenciales de 2017, JOH se distanció de su hermano, incrementó su contacto con oficiales gubernamentales de Estados Unidos, dando la apariencia de estar trabajando de cerca con ellos en el combate al tráfico de drogas.
JOH COOPTÓ EL PODER Y NUEVAMENTE SOBORNÓ PARA REELEGIRSE
La moción In limine continúa exponiendo que, para noviembre de 2017, Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional ya habían cooptado todos los poderes e instituciones del Estado hondureño, incluyendo el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, los operadores de justicia, las Fuerzas Armadas, el entonces llamado Tribunal Supremo Electoral y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).
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“Juan Orlando y sus aliados utilizaron esas organizaciones para facilitar corruptamente su reelección y eliminar la disidencia sobre los resultados fraudulentos”, dice la moción In limine, dejando claro que previo a las elecciones de 2017 ningún presidente se había presentado a una reelección en Honduras, dado que la Constitución limitaba el término presidencial que podía servir un individuo.
Con esto abren la explicación sobre cómo en 2015, pese a la fuerte oposición de la ciudadanía, desde la Corte Suprema de Justicia, ya controlada por Hernández, se emitió un falló que declaró inaplicable las prohibiciones constitucionales relacionadas a la reelección.
De acuerdo al documento de la Fiscalía, Juan Orlando Hernández, aliados y conspiradores arreglaron nuevamente las elecciones presidenciales de 2017, utilizando nuevamente millonarias ganancias en dólares provenientes de las drogas. El objetivo era asegurar que Hernández permaneciera en el poder y su masiva operación de cocaína permaneciera protegida.
“Al igual que en 2013, Juan Orlando usó ese dinero de las drogas para sobornar a funcionarios electorales y manipular el conteo de votos para ganar las elecciones de manera fraudulenta, incluso cerrando el sistema informático de la agencia responsable del conteo de votos”, especifica el documento.
Es así como los hondureños fueron a votar el 26 de noviembre, un día después uno de los funcionarios del Tribunal Supremo Electoral reportaba que el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, llevaba una ventaja dominante del 57 por ciento de los votos contados.
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Posterior a esto, el TSE dejó de reportar resultados por un día y medio, hasta que el presidente de la institución electoral anunció que aproximadamente un millón de votos de los centros de votación rural estaban siendo contados manualmente en la sede del Tribunal Supremo Electoral. Mientras esto ocurría, el centro de datos fue cerrado, lo que resultó en una interrupción de horas del ingreso de datos.
“Si bien el TSE afirmó públicamente que el cierre se debió a dificultades técnicas, se le dijo a CW-1 que un ingeniero hizo que el sistema informático del TSE fallara a propósito para ayudar a Juan Orlando. Al reanudarse el conteo, el TSE informó que Juan Orlando había ganado por poco más de un punto porcentual”, lee la moción.
Agregando: “Para el 1 de diciembre de 2017, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles para protestar por los resultados de las elecciones. Juan Orlando pagó a un funcionario del Partido Nacional para que pagara a pandilleros para incitar y cometer actos de violencia en las protestas, lo que a su vez justificaría la acción policial, la imposición de un toque de queda y el uso de la fuerza contra los manifestantes. Como resultado, hubo numerosos enfrentamientos violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que resultó en un alto número de muertos, principalmente entre los manifestantes”.
Tras la reelección de Juan Orlando Hernández, su involucramiento en operaciones del tráfico de narcóticos continuó, especifica el documento. Citando incluso la recuperación de múltiples armas, dos granadas, casi US $200,000 y once libros contables de operaciones ligadas al narcotráfico durante la captura del traficante hondureño Nery López Sanabria, quien viajaba como pasajero, el 6 de junio de 2018.
La moción In limine, especifica que en los libros se incluían las iniciales de Juan Orlando Hernández, el nombre de “Tony” Hernández, y el detalle de varias transacciones de cocaína a gran escala. Entre estas, hay una entrada que data del 27 de febrero de 2018, etiquetada como “trabajo duro”, en el que refleja un cargamento de 650 kilogramos de cocaína que involucró a Tony Hernández.
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