Javier Reyes, funcionario de la PGR, precisó que se han presentado tres denuncias ante la Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción (Uferco), lo anterior para evitar que se siga extrayendo dinero por procesos marcados por vicios de nulidad
Tegucigalpa, Honduras. –La Procuraduría General de la República (PGR) informó que han presentado al menos tres denuncias ante el Ministerio Público contra jueces y magistrados por suponerlos responsables del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia al considerar que fallaron dolosamente en contra del Estado de Honduras en una millonaria demanda que afectará las arcas del Estado.
La PGR espera que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), que es el brazo el brazo de investigación de la fiscalía, pueda hacer las averiguaciones e investigaciones correspondientes para efecto de que presente lo que corresponde en este caso, específicamente contra Conan Argueta Bourdeth e Ingrid Evelinda Monzón López, ambos magistrados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán.
Al respecto, Javier Reyes, funcionario de la PGR, detalló a Criterio.hn que son cuatro los servidores judiciales que figuran en la denuncia. Los señalados son Irisabel Lucía Miranda Hernández y Reymundo Esaú Grádiz Vilorio, los jueces del Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán, y los magistrados de la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, Conan Argueta Bourdeth e Ingrid Evelinda Monzón López.
Es importante mencionar que hasta el momento han sido admitidos los antejuicios contra Miranda Hernández y Grádiz Vilorio, mientras que Conan Argueta e Ingrid Monzón, están pendientes y se espera que la Uferco promueva acciones contra ellos.
Este hecho está relacionados a la resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), una parte notificada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares, equivalente a más de mil millones de lempiras.
Además, existe otra parte resuelta el 30 de septiembre del 2022, en la cual se ordenó el embargo a la cuenta del Banco Central de Honduras (BCH) con afectación a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) por más de 106 millones de lempiras ($. 106,155.242.86), es decir, casi tres mil millones de lempiras.
Hasta el momento se han sido admitidos los antejuicios contra Miranda Hernández y Grádiz Vilorio, quedando pendientes los magistrados de Corte de Apelaciones, Conan Argueta e Ingrid Monzón
A la sentencia emanada del Centro de Conciliación y Arbitraje del CAH que originó la interposición de las dos demandas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013, considerando que eran contrarias al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
En conversación con este medio digital, el abogado Reyes, precisó que la PGR ha promovido diversas acciones contra las irregulares acciones de los jueces y magistrados involucrados en este caso.
“Desde el momento que no reprograma la audiencia se presentaron más de 45 escritos, dentro de ellos se presentaron denuncias ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y ante el Ministerio Público. Del mismo modo, se presentaron recusaciones de nulidad, escritos de prejudicialidad penal, se presentaron amparos, que aún se encuentran ventilando en el juzgado”, detalló el funcionario.
Además, informó que hay dos recursos de amparos admitidos con suspensión del acto reclamado, con lo que se ha evitado que los más de 106 millones de dólares puedan ser extraídos “de un proceso contaminado, hablando metafóricamente, en el sentido de que tiene vicios de nulidad porque no se ha respetado la tutela judicial efectiva”.
Explicó que, dentro de la tutela judicial efectiva de un Estado de Derecho, son las garantías procesales mínimas que se deben garantizar. “El juez como garantista del proceso debió haber respetado el debido proceso, el principio de legalidad y el derecho de defensa dentro de la garantía básica en cualquier proceso judicial”, puntualizó.
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ANTEJUICIOS ADMITIDOS
El pasado 3 de noviembre La Corte Segunda de Apelaciones de lo Civil admitió un antejuicio contra el juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Reymundo Esaú Grádiz Vilorio, por suponerlo responsable del delito de prevaricato judicial en perjuicio de la administración de justicia.
Anteriormente, la jueza de lo civil, Irisabel Lucía Miranda Hernández, fue antejuiciada por el delito de prevaricato judicial continuado, ambos casos relacionados a la resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), una parte notificada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares equivalente a más de mil millones de lempiras.
