Por: Redaccion CRITERIO.HN
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Tegucigalpa.- El Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares de Honduras (COPINH) a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales ha reaccionado a la decisión tomada por el poder judicial de elevar a juicio oral y público, la causa instruida contra Roberto David Castillo, presunto responsable del delito de asesinato contra Berta Cáceres, líder lenca, que dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y de los territorios indígenas.
Hasta hoy, Roberto David Castillo es el único autor intelectual del crimen de Berta Cáceres, que sido acusado por el Ministerio Público, pese a según el COPINH existen pruebas suficientes para inculpar a otros empresarios interesados en asesinarla. “David Castillo cumplió el rol de enlace entre el grupo sicarial y los autores intelectuales, la familia Atala Zablah, responsables determinadores del crimen contra Berta, de los ataques al COPINH y a la comunidad de Río Blanco”, dice el manifiesto de la organización indígena.
Según el COPINH, es necesario que se juzgue y se castigue a Roberto David Castillo, como co autor del crimen y que inmediatamente avancen en el juzgamiento de todos los autores intelectuales, de los que el Ministerio Público ya tiene toda la prueba.
Para el COPINH, la apertura de juicio oral y público contra Castillo es un paso en la búsqueda de la justicia y de la verdad, que los grandes poderes económicos y políticos buscan mantener en silencio.
Berta Cáceres fue asesinada en La esperanza Intibucá, el 2 de marzo del 2016, por liderar la lucha de oposición contra la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en las aguas del Río Gualcarque, un recurso natural muy importantes en la sobrevivencia de múltiples comunidades lencas situadas en los departamentos de Intibucá y Santa Bárbara.
Agua Zarca es propiedad de la empresa Desarrollo Energéticos SA, (DESA) de la que Roberto David Castillo era gerente y presidente. El Ministerio Público lo acusa de ser el responsable de planificar el crimen contra Berta Cáceres y fue capturado el 2 de marzo del 2018, dos años después de la muerte violenta de la ambientalista y defensora de los derechos humanos.
Castillo es ex oficial de inteligencia militar y según las investigaciones del Ministerio Público es el responsable de haber contratado a los sicarios. Su arresto se produjo en el aeropuerto Internacional de San Pedro Sula cuando intentaba huir del país.
La justicia hondureña ha condenado a 50 y 34 años a siete autores materiales, Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Oscar Torres, fueron sentenciados cada uno a 34 años de prisión por ser autores materiales del asesinato de Cáceres. Mientras que el mayor del ejército, Mariano Díaz, gerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez y el jefe de seguridad, Douglas Bustillo, cumplirán penas de 30 años de cárcel.
Sin embargo, el COPINH sigue clamando enjuiciamiento y sentencias condenatorias para el resto de autores intelectuales.
