La modernización del transporte urbano en Honduras no se limita únicamente a la renovación de unidades con mejores mecanismos de seguridad y sistemas de pago electrónicos. Representa una transformación más profunda que abarca la depuración del personal que actualmente opera el rubro.
No obstante, esta transformación sigue siendo una utopía, atrapada por diversos factores. Desde la histórica falta de voluntad política de los gobernantes, hasta los desacuerdos entre los empresarios, el sector sigue estancado.
Tegucigalpa, Honduras.- El proceso de modernización del transporte urbano en Honduras sigue siendo una utopía, marcado por la falta de acuerdos entre los gobernantes y la dirigencia del rubro. A pesar de algunos avances limitados, como la incorporación de dos unidades modernas en Tegucigalpa durante 2024 para un proyecto piloto que no prosperó, las iniciativas en este campo continúan siendo insuficientes y fragmentadas.
Gerardo Torres, dirigente de transporte urbano en Distrito Central, señala que la flota en la capital incluye vehículos fabricados entre 2011 y 2017, es decir, no tan antiguos, pero insiste en que la renovación de unidades debe ir acompañada de cambios estructurales que estén acompañados de una estrategia integral que involucre a todos los implicados en el sector; tanto instituciones estatales como los representantes de concesiones.
Según Torres, propietario de unidades que transitan por la colonia Nueva Suyapa de la capital, uno de los pilares fundamentales de la modernización es la implementación de un sistema de cobro electrónico que elimine el manejo de efectivo, disminuyendo los riesgos asociados a la extorsión. “El cobro en efectivo es un ancla que nos mantiene en el atraso. Sin un sistema electrónico, no podemos hablar de modernización real”, mencionó en conversaciones con Criterio.hn.
Por su parte, Rafael Barahona, comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), ha reiterado en diversas ocasiones que la modernización es una condición indispensable para el otorgamiento de subsidios –bono compensatorio- al sector, el cual en los últimos días se ha mantenido en crispaciones porque no han recibido ese pago.
“No podemos continuar destinando recursos públicos a un sistema obsoleto. Si no hay compromiso por parte de los transportistas para modernizar sus unidades y mejorar el servicio, no se les otorgarán subsidios”, afirmó Barahona en una entrevista en medios de comunicación.
Barahona también ha destacado que el proceso de modernización debe incluir garantías de seguridad para los transportistas y usuarios, así como la implementación de tecnologías que permitan un servicio más eficiente. Sin embargo, el comisionado reconoció que la inseguridad, los conflictos internos en el sector y la falta de coordinación entre las instituciones públicas han retrasado los avances.
En 2024, la llegada de dos unidades modernas, a cargo del dirigente Wilmer Cálix, a Tegucigalpa representó una alternativa para evaluar un modelo de transporte eficiente y sostenible. No obstante, el proyecto piloto no tuvo continuidad debido a la falta a diversos factores que van desde la falta de pago del bono compensatorio, hasta la falta de consenso entre los actores involucrados y la ausencia de un plan integral que garantizara su viabilidad. Esto poso en evidencia las limitaciones del sistema actual y la incapacidad de las autoridades para implementar soluciones a largo plazo.
La experiencia de países vecinos como Nicaragua y El Salvador evidencia que Honduras ha quedado rezagada en la modernización del transporte urbano. Mientras estas naciones han adoptado sistemas de cobro electrónico y han renovado sus flotas, Honduras sigue operando con métodos tradicionales que dificultan el progreso.
Uno de los principales obstáculos es la inseguridad que afecta a todo el sector. Según el dirigente Torres, las empresas internacionales interesadas en participar en proyectos de modernización han desistido debido a los altos niveles de extorsión y violencia. “Sin un plan que involucre a las fuerzas de seguridad, las alcaldías y el Instituto de Transporte, no podremos avanzar. La inseguridad ahuyenta las inversiones y perpetúa el atraso”, afirma.
A esto se suma la falta de voluntad política para abordar los problemas estructurales del transporte urbano. La ausencia de una hoja de ruta clara y la incapacidad de las autoridades para coordinar esfuerzos con los transportistas han llevado a un estancamiento del proceso. Los subsidios, que deberían ser un incentivo para la modernización, han sido utilizados más como paliativos que como herramientas de transformación.
El estancamiento en la modernización del transporte urbano en Honduras responde a una combinación de factores: inseguridad, falta de coordinación institucional, ausencia de un plan integral y conflictos entre los actores del sector.
Puede leer: Policías y militares enfrentan procesos legales por diversas arbitrariedades y delitos
SIN AVANCES
En palabras sencillas, mientras no se adopten medidas concretas y coordinadas, el país seguirá rezagado en comparación con sus vecinos. La modernización no es solo una cuestión técnica; requiere voluntad política, compromiso del sector y una visión de largo plazo que priorice la seguridad, eficiencia y calidad del servicio para los ciudadanos.
Entonces, cuando se enfatiza la necesidad de voluntad política, se hace referencia a que el Congreso Nacional, como Poder del Estado encargado de aprobar el pago de subsidios a los transportistas, se demora en hacerlo porque no está entre las prioridades de los congresistas. De igual forma, las reformas a la Ley de Tránsito, que permitirían sanciones más severas para los conductores de estas unidades en caso de imprudencias, permanecen estancadas. Estas imprudencias, muchas veces normalizadas, en ocasiones resultan en la pérdida de vidas humanas.
Por otro lado, en cuanto a la falta de compromiso del sector, el director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Javier Acevedo, explicó que esta situación se debe a que, al formalizar contratos para conductores y ayudantes, los empresarios tendrían que asumir costos adicionales, como el pago de salarios fijos y la oferta de beneficios laborales, lo cual consideran una pérdida económica.
Un comentario
Ciertamente, junto con lo mencionado, avanzar hacia y propiciar iniciativas piloto exploratorias en cuanto al pago y uso de la moneda electrónica en la nación, debe ser un proyecto con elevada priorización del sector gubernamental y entes pertinentes al asunto. Considerando los procesos para su integración al sistema nacional, realmente la moneda electrónica se presenta como una solución viable a las temáticas en cuestión del sector transporte y crecimiento y desarrollo económico en general.