Por: Alex Navas Álvarez
- Ex funcionario de la MACCIH
- Profesor Universitario (UNAH) de Ciencias Políticas y DDHH
La extensión del memorándum de entendimiento suscrito entre la Secretaría General de las Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras para la instalación de una Comisión contra la Corrupción en Honduras (denominada CICIH), tuvo como resultado la llegada de una misión de expertos con el objetivo de recabar de primera mano la información necesaria para concretar el convenio que le de vida a la CICIH. Dicha misión estuvo integrada por Ana Gabriela Contreras (GUA), Pedro Biscay (ARG) y Amerigo Incalcaterra (ITA), profesionales de alto nivel técnico, con amplia experiencia, específicamente en los procesos realizados por la CICIG en Guatemala.
En el ínterin, el Congreso Nacional mostrando músculo político, derogó el Decreto 57-2020 que reformaba la Ley de Lavado de Activos, la cual en su momento fue una salvaguarda para los procesados por este ilícito penal, al invertir la carga de la prueba, permitiendo que los tribunales de justicia emitieran los bochornosos sobreseimientos definitivos a los encausados por este delito.
Además, fue derogado el Decreto 93-2021, que impedía al Ministerio Público el secuestro de información sin previa una orden judicial, tan importante en sus investigaciones. Esto, representa un avance en el desmontaje de los escudos que blindan las redes de corrupción. Sin embargo, queda mucho trecho por recorrer para cumplir todos los requerimientos establecidos en el referido memorándum de entendimiento y mostrar una voluntad evidente en la lucha contra la corrupción. Nos referimos, específicamente, a la reforma al Código Penal (Delitos contra la Administración Pública), la necesidad de derogación del Decreto 116-2019, la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la elección transparente del nuevo fiscal general de la República.
La elección del fiscal general es vital para conformar una estrategia efectiva en el combate a la corrupción. Muy seguramente, esto lo habrá valorado significativamente la misión de exploración. El Ministerio Público, es el órgano constitucional encargado de investigar y judicializar las tipologías delictivas contra la administración pública y el crimen organizado, por tanto, es el aliado natural de la futura comisión contra la corrupción en el país, como en su tiempo lo fue de la MACCIH.
Actualmente, la dirección del Ministerio Público se ha caracterizado por una incapacidad manifiesta y una vinculación aquiescente con diversos sectores de poder, que aún mantienen control sobre las investigaciones que puede procesar el ente fiscal. Para el Estado de Honduras es crucial elegir un fiscal general independiente, separado de los “enroques” partidarios y del poder que cierra filas para pretender seguir manejando a toda costa los tinglados de dicho órgano. Todo esto, bajo mecanismos clientelares que se resisten a los cambios positivos en las instituciones del Estado.
Si bien es cierto, no se pueden adelantar criterios sobre el fondo del convenio de la CICIH, de forma genérica, este deberá contener la necesidad del apoyo al Ministerio Público para fortalecer la primera línea contra la corrupción, que es la investigación, como en su momento fue la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), ahora Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (UFERCO), convertida en el martillo de la MACCIH para golpear las estructuras piramidales de la corrupción.
Es preciso señalar que, si bien la misión exploratoria salió del país de forma silenciosa, esto no es un mal presagio y mucho menos la marcha fúnebre de la CICIH. Las reuniones con los titulares de los 3 poderes del Estado, el sector privado, academia, sociedad civil y cooperantes, les brinda un espectro de información sumamente amplio, donde se pueden generar propuestas a corto y mediano plazo para ir afinando las condiciones preliminares del convenio. En este sentido, la MACCIH dejo el listón muy alto, con 14 líneas judicializadas que cambiaron el paradigma de la persecución penal en el país, creando una simbiosis de confianza entre la misión y la sociedad hondureña en la lucha frontal contra la corrupción.
En sus valoraciones, la misión de exploración seguramente tomara como punto de partida el trabajo de la MACCIH, fortaleciendo algunos aspectos, en los cuales obtuvo resultados efectivos y poniendo mucha atención en los factores endógenos y exógenos que implosionaron su mandato y provocaron la salida intempestiva de esta. No es un hecho desconocido que, la Secretaria General de la OEA incidió negativamente en el accionar de dicha misión, al crear mecanismos paralelos de administración, así como establecer políticas internas manejadas desde Washington D.C, las cuales no respondían a las necesidades que la propia misión demandaba en el terreno.
En este contexto, no podemos desconocer dos hechos que han dejado claroscuros en la viabilidad de este nuevo convenio que daría nacimiento a la CICIH. Nos referimos, por una parte, a la insatisfacción que causó en algún sector de la sociedad civil y que se hizo patente en los medios de comunicación, de la inclusión de dos ex funcionarios de la MACCIH- de dudosa actuación cuando se desempeñaron en esta- como “asesores” técnicos del Gobierno para la construcción del Convenio CICIH. Esta situación creó serias dudas, al negarse la presencia de dichos ex funcionarios por parte del Gobierno, mientras que miembros de la misión internacional confirmaban la misma.
Por otra parte, la participación de Alice Shackelford, representante residente de Naciones Unidas, en una conferencia de prensa convocada por Gabriela Castellanos, directora del CNA, organismo que se ha convertido en un férreo opositor a la administración Castro Sarmiento. Causó un fuerte rechazo del sector oficialista, el cual catalogó la participación de la funcionaria internacional como intromisión e injerencia en los asuntos internos del Estado. De hecho, la embajadora Shackelford fue convocada a la sede de Naciones Unidas para brindar explicaciones sobre la asistencia a dicha conferencia de prensa.
Hechos como estos, deben ser tratados con mucha cautela, debiéndose tomar para las próximas reuniones las previsiones del caso, de manera que pueda transitarse hacia condiciones idóneas para que el convenio pueda ser firmado y lograr así instalar la Comisión contra la Corrupción en el menor tiempo posible. Es posible que, para algunos, estas dos circunstancias que he mencionado pudieran dejar más dudas que aciertos en la materialización del acuerdo. No obstante, también es cierto que el Gobierno de Honduras y la Secretaría General de Naciones Unidas, han mostrado voluntad a fin de cristalizar esta iniciativa que servirá para fortalecer eficazmente el Estado de Derecho y la institucionalidad hondureña.
Resta un trabajo tesonero por parte de la sociedad civil organizada, para seguir incidiendo en los liderazgos políticos del país e impulsar así los cambios normativos necesarios para la instalación de la comisión. Para ello, sus propuestas siempre serán bienvenidas, por cuanto que es la sociedad la mayor víctima de la corrupción. Como lo indica Thomas Piketty, en su obra “Una breve historia de la Igualdad”: “El progreso humano nunca es una evolución (natural), es parte de procesos históricos y luchas sociales concretas”.
