Silencio administrativo de Serna e Inhgeomin ante solicitud deja las puertas abiertas para que la minera alegue la aplicación de la figura jurídica afirmativa ficta
La completa destrucción del cementerio maya-chortí ocurrió durante el primer año de gobierno de Xiomara Castro, pese a contar con dos sentencias judiciales que ordenaban la protección del camposanto.
Foto portada: Ramiro Lara
Tegucigalpa. – Cuarenta años de concesión minera y la destrucción del histórico cementerio maya-chortí de San Andrés no son suficientes y ahora la empresa Minerales de Occidente S.A. (Minosa) pretende extender dicho permiso por treinta años más.
Los datos se desprenden de informes de la empresa Aura Minerals, casa matriz de Minosa, e información obtenida a través del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) obtenidos por el Bufete Estudios para la Dignidad (BED), que representa a los pobladores de Azacualpa en La Unión, Copán, y comunidades aledañas que se han visto afectadas por las ambiciones expansivas de la empresa minera.
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Sumada a la solicitud de ampliación de la concesión minera por treinta años más, Minosa solicitó el otorgamiento de otras siete concesiones, además de la que ya venció, pormenorizo a Criterio.hn el abogado del BED, Pedro Mejía.
“La única concesión de explotación que tiene vigente, o con la que operaba más bien Minosa, era la concesión minera que le fue otorgada el 27 de enero de 1983, y esta concesión expiró el 27 de enero de este año”, compartió el profesional del derecho.
PREOCUPA SILENCIO ESTATAL ANTE SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CONCESIÓN MINERA
Agregó que, tras la expiración de la concesión, la minera debió proceder a la paralización total de las actividades y cierre de la mina que debe estar bajo la regularización del Estado para garantizar que la clausura se haga conforme a la ley y las normativas ambientales, para evitar graves perjuicios ambientales, sociales y culturales en la zona.
Sin embargo, destacó que es evidente que la intención de la empresa minera no es cerrar la operación, sino solicitar una prórroga de la concesión por 30 años más, acción que fue realizada en octubre de 2022. El abogado refirió que, de acuerdo a las reformas realizadas a la actual Ley General de Minería, 30 años es la prórroga máxima que se puede solicitar.
El silencio del Estado a través de Inhgeomin y otras entidades a tal solicitud es motivo de preocupación, afirmó Mejía, quien señaló que la misma genera dos consecuencias. La primera, que Minosa continúe funcionando de facto, y segundo, que ante la pasividad estatal se permita que en lo jurídico la empresa minera alegue la aplicación de la figura jurídica afirmativa ficta.
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“Esto significa que frente al silencio administrativo en una solicitud, esta debe entenderse declarada con lugar. En eso consiste la afirmativa ficta, que la empresa minera ya solicitada da por iniciado este proceso para que se declare con lugar la afirmativa ficta y para que en consecuencia sea declarado con lugar la prórroga por 30 años en la concesión minera para explotar”, explicó el profesional del derecho.
Además, declaró que “todo este proceso se está dando con la permisividad del Estado por su comportamiento pasivo y de doble discurso en el sentido de lo que proclama hacia fuera desde sus pronunciamientos públicos [declaratoria de Honduras libre de minería a cielo abierto], pero contrario a lo que hace en lo concreto institucional”.
Mejía apuntó que estas circunstancias ponen en grave peligro y graves violaciones a derechos humanos a la comunidad maya-chortí de Azacualpa, la que corre un grave riesgo de ser desplazada ante la ampliación de la concesión minera, así como las otras comunidades aledañas.
DESTRUCCIÓN TOTAL DE CEMENTERIO OCURRIÓ EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE XIOMARA CASTRO
Pese a su discurso a favor del medio ambiente y el anuncio en papel de declarar Honduras libre de minería a cielo abierto, los funcionarios de la presidenta Xiomara Castro parecen seguir directivas contrarias al plan de gobierno de la mandataria.
Es así como pese a dos fallos judiciales, uno de ellos de la Corte Suprema de Justicia, que habrían permitido poner un alto a la destrucción del histórico cementerio maya-chortí en la comunidad de Azacualpa en La Unión, Copán, sin incurrir más adelante en una demanda judicial, estos simplemente permitieron que la desmantelación y detonaciones en el camposanto continuaran.
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Mejía apuntó que las acciones de hacer cumplir las disposiciones judiciales correspondían a Inhgeomin, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), la Secretaría de Defensa, todas las cuales fueron notificadas, sin que ninguna tomara acción para hacer cumplir la disposición.
“Es importante para nosotros resaltar que el cementerio maya-chortí fue exterminado en el primer periodo de gobierno de Xiomara Castro y de la actual administración del ambiente pese a que fueron directamente notificados”, remarcó el abogado.
Resultó especialmente peligroso, tanto para la comunidad maya-chortí como para el equipo legal que les representa que posterior a la destrucción del cementerio y actos de violencia, la Serna emitió un comunicado “en donde se jactaba de haber paralizado la operación de la empresa minera Minosa, porque supuestamente estaban protegiendo los derechos de la comunidad maya-chortí”, detalló.
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Mejía lamentó que esto permitió que la empresa minera continuara con los mismos comportamientos violentos y corruptos de siempre, y que la comunidad maya-chortí en lo público fuese percibida como una comunidad que estaba siendo protegida directamente por el Estado de Honduras cuando no era así.
Para el abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, habiendo ya vencido la concesión minera en Azacualpa el pasado 27 de enero, lo que corresponde al Estado a través de Inhgeomin y Serna es verificar que Minosa no esté trabajando en la zona.
Sin embargo, estas dependencias no se han personado en la zona lo que permite que la minera continúe operando de facto y generando circunstancias jurídicas que favorecen la prórroga de la concesión.
